Adriana Ochoa
El ejercicio del poder despojado de grandeza suele degenerar en cacería. En San Luis Potosí, el gobierno transita por esa linde oscura donde el derecho se vuelve simulación.
Sin contrapesos, con una oposición disminuida y acobardada, no fue difícil hacer de la justicia local un garrote faccioso. El 26 de septiembre de 2021, en su toma de posesión, Gallardo denunció con solemnidad un desfalco de 1,700 millones de pesos. El escenario elegido fueron los Servicios de Salud estatales. Las cuentas se cobrarían, advirtió.
Aquella promesa de purgar las instituciones se transformó en un burdo ajuste de cuentas. Una puesta en escena sombría y vertical. La retórica del castigo jusiciero cimentó la fábula de la “herencia maldita”, una narrativa redentora para la tribuna. Una cantaleta para distraer el foco de un ejercicio soportado en el miedo.
A casi cinco años de distancia, a la farsa oficial de la justicia se le ha desportillado el baño de esmalte dorado. De los miles de millones aireados como supuesto desvío, la prometida recuperación efectiva es ridícula, sin contar que no se ha comprobado con trazo transparente a dónde fue ese dinero “rescatado” para el pueblo.
El doctor Miguel Ángel Lützow Steiner padeció esa urgencia punitiva. El ex secretario de Salud de San Luis Potosí y epidemiólogo ampliamente conocido en el estado por su labor durante la pandemia de COVID-19, fue convertido en el trofeo de una farsa judicial. Su encarcelamiento prolongado sirvió para sostener un relato oficial hoy exhibido en tribunales federales.
El proceso penal de Lützow desnudó una preocupante degradación institucional. La Fiscalía General del Estado actuó con evidente mala fe. Utilizó testigos falsarios que se contradijeron públicamente en las audiencias. Inventaron un relato penalmente insostenible y vergonzoso.
El mito del desfalco atribuido a Lützow se cayó desde la primera instancia, pero no buscaban la verdad financiera, buscaban culpables a perpetuidad. Les enojó más que el médico no se declarara culpable, para poder fincarle a él y a la empresa proveedora involucrada una “devolución” millonaria del recurso público. Querían repetir lo que sí lograron con la antecesora del galeno en Salud y ex candidata a gobernadora de Morena, Mónica Rangel.
El gobierno declaró haber “recuperado” 22 millones de pesos de Mónica; bajo tratamiento de cáncer, la ex adversaria de Gallardo se declaró culpable, se fincó sanción económica y salió de prisión. De la empresa proveedora, una firma con sede en Monterrey, se obtuvo otra cantidad mayor. Con Lützow no se pudo: el médico se negó a declararse culpable de algo que no hizo.
La infamia con epidemiólogo alcanzó su cénit con la retención indebida. El aparato local prolongó su cautiverio de forma ilegal. Desoyeron las directrices de la justicia federal. Este viernes, la arquitectura del engaño colapsó definitivamente. Un tribunal ordenó la absolución inmediata de Lützow. La sentencia determina una inocencia incuestionable, no un indulto político. Es el fracaso jurídico de Gallardo Cardona.
Para operar este nivel de arbitrariedad se requiere sumisión absoluta. Con la “democratización” de los poderes judiciales que impuso la 4T, el gobernador agarró al vuelo la oportunidad de hacerse con una judicatura local a modo.
El régimen descabezó por completo al Supremo Tribunal de Justicia. Mediante una purga institucional, barrió con la antigüedad judicial. En su lugar, impuso una hornada de magistrados afines. La justicia potosina quedó reducida a una ventanilla de trámite del Ejecutivo local. Es el perfeccionamiento del lawfare como método de control social.
Sin jueces independientes, el ciudadano queda a la intemperie absoluta. El diseño institucional no busca esclarecer delitos, sino silenciar disidencias. La maquinaria estatal tritura biografías al menor chasquido del poder político. Los regímenes de corte autoritario necesitan imponer silencios muy amplios. Esperable que el gallardismo girara la mirada hacia el periodismo, los portaleros no afines y los activistas mediáticos de causas ajenas a la suya.
La última frontera de esta deriva es la controvertida “Ley Serrano”. Se trata de una reforma diseñada con astucia liberticida. El pretexto fue la regulación tecnológica de la inteligencia artificial en medios. Artículo 19 advirtió sobre los retrocesos y riesgos que la reforma representaba, pero 18 diputados del Verde, Morena, y PT la votaron candongamente a favor. Se opusieron los legisladores panistas Rubén Guajardo, Marcelino Rivera y Mireya Vancini; Marco Antonio Gama, de MC, y Rubén Guajardo Barrera, y Jessica Gabriela López Torres, de Morena. Cuatro diputadas más se pusieron de perfil para no comprometerse y se abstuvieron.
Muy pronto esa reforma dejó ver su verdadero propósito: criminalizar la labor de comunicadores, profesionales o no. Se evidenció como un traje a la medida para perseguir y encarcelar voces disidentes, del tipo que sea su motivación.
La detención de tres comunicadores acusados de crear imágenes de la senadora Ruth González junto a Rubén Rocha Moya, fue el detonante de un debate que por fortuna trascendió los límites estatales. Mientras la localidad se extraviaba en una discusión ruidosa sobre la calidad profesional, la militancia y la catadura moral de los detenidos, la televisión de alcance nacional, portales como La Silla Rota y cabeceras como El País y Proceso, encendieron las alarmas.
Sí, la Segob intervino en el mismo sentido que Artículo 19. Dos comunicadoras salieron libres bajo un supuesto acuerdo de “reparación del daño” todavía poco claro. Las agrupaciones de periodistas exigen la derogación de esta infamia legislativa.
Pero la embestida contra la expresión pública no queda ahí. Excarceladas las comunicadoras, un periodista, Juan Pablo Moreno, se presentó con su abogada a atender una notificación de la Fiscalía: el diputado Héctor Serrano Cortés promovió la criminalización de un reportaje publicado por la revista de Moreno, “La Noticia”, sobre el gasto oficial, con recursos de los parques estatales Tangamanga, en un medio propiedad del diputado. Entrevistado, Serrano anunció que igual procederá contra todo aquel que, a su juicio, cometa “un acto delictivo” en su contra.
Por si a alguien le quedaba duda: quienes prometieron desterrar la corrupción del pasado la han sofisticado. Han corrompido el espíritu mismo de la legalidad. Convirtieron las instituciones públicas en propiedades de quien gobierna y la justicia en venganza facciosa. El uso perverso del derecho penal para sembrar miedo.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
