María Ruiz
La tarde del domingo 14 de junio, un video comenzó a circular entre colectivos de derechos humanos, activistas, organizaciones civiles y ciudadanos de San Luis Potosí. Las imágenes mostraban una escena que, para muchos, sintetizaba preocupaciones que desde hace años han sido denunciadas por diversos sectores de la sociedad: una defensora de derechos humanos siendo sometida por elementos policiales municipales después de intervenir para exigir explicaciones sobre la detención, al parecer arbitraria, de un joven.
La mujer detenidas, era Celia García Valdivieso, abogada, defensora de derechos humanos, feminista y directora del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz. Horas después, organizaciones de la sociedad civil lanzaron una alerta urgente denunciando que había sido detenida arbitrariamente por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital potosina.
Defensoras, activistas, abogados, académicos y ciudadanos comenzaron a concentrarse en torno al caso. La indignación creció conforme se difundieron testimonios que señalaban que la abogada había sido privada de su libertad después de intentar auxiliar a un joven que estaba siendo detenido a las afueras de un retiro religioso.
Mientras la exigencia pública de esclarecimiento se multiplicaba en redes sociales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos activó sus protocolos de actuación y envió personal para verificar las condiciones de la detención.
Horas después de recuperar su libertad, Celia García relató públicamente cómo ocurrieron los hechos. Según explicó durante una transmisión en vivo, todo comenzó cuando recibió una llamada mientras participaba en un retiro religioso.
“A mí me hablan, yo estaba todavía dentro del retiro y me dicen que venga a ayudar porque se quiere llevar la policía a uno de los jóvenes del retiro”, narró.
La situación ocurría en las inmediaciones del lugar donde se desarrollaba el encuentro religioso. Cuando salió para intervenir, dijo, encontró un escenario que le pareció preocupante.
“Cuando salí, ya estaban ahí dos patrullas que estaban deteniendo al muchacho. Yo salgo y les pregunto por qué se lo quieren llevar”.
La respuesta que recibió de los agentes fue, según su testimonio, que el joven portaba una mochila.
“Les dije: ‘¿Pero por qué? ¿Tienen un motivo para que se lo lleven? Revísenlo. Si tiene algo, pues se lo llevan’”.
De acuerdo con García Valdivieso, el joven se encontraba visiblemente alterado.
“Lo tenían sujetado. Lo estaban lastimando de la muñeca y el muchacho estaba muy asustado”.
La escena, asegura, llamó aún más su atención cuando algunas personas presentes comenzaron a pedir a los policías que dejaran de jalar al joven.
Lo que comenzó como una intervención legal para solicitar explicaciones terminó escalando en cuestión de minutos. Mientras intentaba documentar lo ocurrido y dialogar con los agentes, explicó que comenzaron a llegar más unidades policiales.
“Sigo documentando todo porque un ratito llegan más policías, más patrullas, me jalan del cuello y me meten a la patrulla junto con el muchacho”.
La defensora asegura que nunca fue informada de una conducta ilícita atribuida a ella ni de una causa legal específica para su aseguramiento. Por el contrario, relata que ya dentro de la unidad policial fue cuando se le informó que se encontraba detenida.
“Estando dentro de la patrulla me dicen que me llevan en calidad de detenida […] Yo les expliqué que me estaban deteniendo, que estaba inconforme, y de todas maneras me meten a la patrulla”.
La situación se agravó cuando los elementos policiales le retiraron su teléfono celular.
“Me quitan el teléfono porque yo no se los quería dar”.
Una mochila, una Biblia y un rosario
Mientras ambos permanecían bajo custodia policial, García Valdivieso observó cómo los agentes revisaban las pertenencias del joven. Según su versión, el contenido de la mochila contrastaba con cualquier sospecha de actividad ilícita.
“Le sacan todas sus cosas de la mochila. Traía una Biblia, un rosario”.
Pero uno de los episodios que más indignación provocó fue la acusación de que un policía realizó comentarios ofensivos durante la revisión.
“La policía empieza a decir: ‘Sí, los padres son pederastas y abusan de los niños’”.
Cuando se le preguntó si efectivamente esa expresión provenía de un elemento policial, respondió sin titubeos:
“Lo dijo el policía cuando estábamos ahí. Se lo dijo al muchacho”.
Una denuncia que va más allá de su caso
A lo largo de su relato, Celia García insistió en que el problema de fondo no era únicamente su propia detención. Para ella, el episodio es una muestra de una problemática más amplia relacionada con la forma en que jóvenes son interceptados y detenidos por corporaciones de seguridad.
“Yo lo que quiero denunciar es que sigue habiendo criminalización contra los jóvenes por su sola apariencia”.
La defensora afirmó que ha documentado testimonios similares durante los últimos años.
“Cada vez más los detiene la policía y después desaparecen o les ponen drogas”.
Durante la transmisión, otras abogadas presentes señalaron que numerosos jóvenes carecen de las herramientas jurídicas, sociales o mediáticas para hacer visible una detención que consideran injustificada.
“Ahorita tuvimos la fortuna de que eres tú, una abogada con mucho prestigio, muy conocida, y estamos haciendo visible esto”, le comentaron durante el diálogo.
La segunda preocupación expuesta por la defensora fue la situación que enfrentan quienes acompañan casos de presuntas violaciones a derechos humanos.
García sostuvo que existe un patrón preocupante que ya no afecta solamente a periodistas, “sino también contra defensoras y defensores”, y lanzó una advertencia que resonó entre las organizaciones presentes.
“No podemos defender porque ahora nos van a criminalizar o subir a una patrulla”.
Para la abogada, la actuación observada el domingo obliga a revisar procedimientos, capacitar a los cuerpos de seguridad y sancionar posibles irregularidades.
“Quiero llamar la atención de las autoridades para que corrijan y reaccionen ante los servidores públicos que están cometiendo estos errores”.
Mientras Celia permanecía retenida en la Comandancia Horizontes, organizaciones de derechos humanos comenzaron a difundir una alerta urgente, en la que denunciaban que la defensora había sido detenida arbitrariamente y exigían su liberación inmediata.
El pronunciamiento también demandaba garantías para el ejercicio libre de la defensa de derechos humanos y advertía sobre el riesgo que representa criminalizar a quienes acompañan víctimas de abusos de autoridad.
La presión pública aumentó conforme más personas acudieron a las instalaciones donde se encontraba retenida. Diversas defensoras permanecieron durante horas en el lugar exigiendo información sobre su situación jurídica.
La dimensión pública que adquirió el caso obligó también a una reacción institucional: la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió un comunicado en el que informó haber activado inmediatamente sus protocolos de actuación.
“Personal de este organismo acudió al lugar de los hechos para verificar las condiciones de la detención, brindar acompañamiento directo a la persona afectada y exigir a las autoridades competentes el respeto irrestricto a sus garantías individuales”, se lee en el documento.
La Comisión fijó además una postura contundente respecto a la labor de las personas defensoras.
“Esta Comisión rechaza categóricamente cualquier intento de criminalización, estigmatización o descalificación hacia quienes ejercen legítimamente la defensa de los derechos humanos”.
Asimismo, recordó que ninguna autoridad puede realizar revisiones o detenciones sin sustento jurídico.
“Ninguna persona puede ser objeto de revisiones, detenciones o actos de molestia sin una justificación jurídica debidamente fundamentada”.
La respuesta del Ayuntamiento y de la Secretaría de Seguridad
Minutos después, en otra transmisión en vivo realizada desde el Juzgado Cívico de la Comandancia Horizontes, apareció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio Villa Gutiérrez. A su lado se encontraba la propia Celia García Valdivieso.
El funcionario informó que la actuación de los policías involucrados sería revisada, y que diversas áreas municipales participarían en la investigación
“Se está llevando a cabo una revisión a la actuación de los elementos de la Policía Municipal”, dijo. “Hay que reconocer cuando las actuaciones se hacen de manera incorrecta y también salir a defender cuando las actuaciones se hacen de manera correcta”.
Villa aseguró que la instrucción de la administración municipal era actuar con transparencia.
“La instrucción del presidente ha sido muy clara: ser transparentes ante este tipo de situaciones”.
Asimismo, anunció medidas de revisión y capacitación.
“Vamos a iniciar de manera coordinada acciones que beneficien a la institución en la actuación de las y los elementos”, indicó. “Entrar a un proceso coordinado para la capacitación en temas de derechos humanos”.
Al tomar la palabra, Celia García reafirmó públicamente su versión de los hechos.
“En la mañana hubo una detención de un joven por su apariencia y ese fue el motivo de mi intervención como defensora de derechos humanos”. Posteriormente reiteró: “Al intervenir también fui detenida”.
Frente al secretario de Seguridad insistió en los cuatro puntos que considera fundamentales: la criminalización de jóvenes, las detenciones ilegales, la criminalización de personas defensoras y la necesidad de capacitar a los cuerpos policiales.
También confirmó que se presentarían recursos institucionales para esclarecer lo ocurrido.
“Se iniciarán las quejas”.
Entre las instancias mencionadas se encuentran la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Contraloría Municipal, Asuntos Internos y los mecanismos municipales de protección de derechos humanos.
Al caer la tarde, la abogada recuperó su libertad. Sin embargo, las preguntas abiertas por el caso permanecen. La controversia ya no gira únicamente en torno a la detención de una reconocida defensora.
También coloca bajo escrutinio la forma en que jóvenes son interceptados por corporaciones de seguridad, la actuación policial frente a observadores y defensores de derechos humanos y los mecanismos de rendición de cuentas dentro de las instituciones.
La propia Celia García resumió el fondo de la discusión al concluir su intervención.
“Nuestro interés consiste en que no se repitan las detenciones ilegales a los jóvenes y que no se repita la criminalización de ningún defensor y defensora”.
