Fernanda Durán
La difusión de un posicionamiento por parte de la colectiva universitaria Halcones Morados reavivó este fin de semana las exigencias de estudiantes para que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) emita una resolución en un caso de presunta violencia sexual atribuido a un alumno de la Facultad de Medicina identificado como Gustavo N., mientras que la Oficina de la Abogacía General respondió que el procedimiento institucional continúa en curso y que incluso ya existe un informe de presunta responsabilidad.
A través de una publicación difundida el 12 de junio en redes sociales, la colectiva acusó que la universidad ha mantenido durante años una respuesta insuficiente frente a denuncias y señalamientos contra el estudiante.
“La UASLP va a dejar graduarse a un alumno con múltiples denuncias por violencia sexual”, señalaron.
Las denunciantes explicaron que decidieron hacer público el caso debido a que las víctimas no han querido o no han podido hablar públicamente.
“Si las víctimas no quieren o no pueden hablar públicamente, nosotras lo hacemos. Porque es increíble que después de todo lo ocurrido, este alumno esté a punto de graduarse y convertirse en médico, teniendo acceso a pacientes en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo mujeres y niñas”.
En su pronunciamiento, Halcones Morados sostuvo que en 2023 se presentó una denuncia por presunta violación contra Gustavo N. ante la Defensoría de los Derechos Universitarios. Según su versión, después de la intervención de abogados del estudiante, el procedimiento fue cerrado sin que se notificara a la Fiscalía de la Mujer ni a otras autoridades competentes.
“En 2023 se presentó una denuncia por presunta violación contra el alumno Gustavo N. ante Defensoría. Después de la intervención de sus abogados, el caso fue cerrado. No se notificó a la Fiscalía de la Mujer ni a otras autoridades competentes a pesar de la gravedad de los hechos denunciados”, expuso la colectiva.
Asimismo, señalaron que posteriormente se presentaron otros reportes y quejas por acoso contra el mismo alumno y que en 2025 se interpuso una segunda denuncia por hechos del mismo tipo. De acuerdo con su postura, pese a la existencia de dos denuncias por presunta violación y múltiples señalamientos de acoso, el estudiante continuó compartiendo espacios académicos con otras alumnas.
“A pesar de existir dos denuncias por presunta violación y múltiples señalamientos de acoso, no se tomaron medidas precautorias oportunas, no hubo suspensión y el alumno continuó compartiendo aulas, espacios y actividades con otras estudiantes”, afirmaron.
La colectiva también acusó a la universidad de justificar la falta de acciones bajo el argumento de que no existían protocolos o lineamientos internos suficientes para atender este tipo de casos. Sin embargo, reconoció el acompañamiento brindado por la Facultad de Medicina.
“Queremos reconocer que la Facultad de Medicina, su director y la representación de la Unidad de Género han acompañado y apoyado a las víctimas dentro de sus posibilidades”, señalaron.
Las estudiantes sostuvieron además que fue necesaria la intervención del director de la Facultad para solicitar apoyo de instancias superiores de la universidad e incluso después de meses de entrevistas, testimonios e investigaciones internas realizadas por la Abogacía General, el caso continúa sin una resolución definitiva.
“Las medidas precautorias ni siquiera fueron implementadas desde el inicio. Fue necesario que el director de la facultad solicitara directamente la intervención del rector, quien ni siquiera estaba enterado del caso hasta ese momento”.
En su comunicado expresaron: “Si desde la primera denuncia se hubieran tomado medidas oportunas, tal vez hoy no habría más denunciantes”.
Horas después de la publicación, la Oficina de la Abogacía General emitió el comunicado OAG-002/2026 para responder a las manifestaciones difundidas en redes sociales, en el que aseguró que el caso sí ha tenido seguimiento institucional, ya que el asunto llegó formalmente a esa instancia en octubre de 2025, después de que previamente había sido conocido por la Defensoría de los Derechos Universitarios.
Según la universidad, en esa etapa inicial la queja fue registrada únicamente como un antecedente o “conocimiento de hechos”, por lo que el procedimiento abierto por la Defensoría fue cerrado.
La autoridad universitaria informó que en noviembre de 2025 abrió una investigación administrativa propia para reunir pruebas, entrevistar a las personas involucradas y determinar si existían elementos para iniciar un procedimiento disciplinario contra el estudiante.
La dependencia precisó que su intervención se limita a determinar posibles responsabilidades administrativas o estatutarias dentro de la universidad. Las investigaciones sobre posibles violaciones a derechos humanos corresponden a la Defensoría, mientras que la eventual comisión de delitos debe ser determinada por la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con la Abogacía General, la etapa de investigación concluyó en marzo de 2026. Como resultado, se elaboró un informe en el que se consideró que existían “elementos suficientes que hacen presumible la responsabilidad del estudiante señalado”, por lo que el expediente avanzó a una nueva fase del procedimiento.
La oficina encabezada por la abogada Urenda Queletzú Navarro detalló que durante abril fueron notificadas y citadas las personas involucradas para audiencias iniciales, mismas que se desarrollaron de forma individualizada durante mayo debido a la naturaleza de los hechos denunciados. En esas comparecencias, las partes presentaron argumentos y ofrecieron pruebas.
Asimismo, informó que durante junio se solicitó el consentimiento expreso de las personas que aportaron pruebas con datos sensibles para integrarlas al expediente y dar vista a las partes involucradas. También se atendieron diversos incidentes promovidos por la defensa del estudiante.
Actualmente, según la versión oficial, el procedimiento se encuentra en la etapa de valoración y admisión de pruebas y alegatos, previo a la emisión de una resolución que posteriormente será remitida a la autoridad competente para determinar las sanciones correspondientes.
La Oficina de la Abogacía General sostuvo que “la información vertida en redes sociales no corresponde al seguimiento que la institución ha dado” y que las partes involucradas han sido informadas sobre el estado procesal del expediente.
Finalmente, la dependencia subrayó que será la Fiscalía General del Estado quien determine lo conducente respecto a la posible acreditación de delitos, mientras que la colectiva universitaria reiteró su exigencia de que la universidad concluya el procedimiento interno y emita una resolución definitiva.
