Nuevo Protocolo PASE de la UASLP reducirá plazos de investigación

Fernanda Durán

La reducción de los tiempos de investigación de hasta un año y medio a un máximo de seis meses, la delimitación de los derechos, la precisión en el ámbito de competencia y un procedimiento más claro para la imposición de sanciones son los principales cambios que incorpora el nuevo Protocolo para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género (PASE), aprobado por el Consejo Directivo Universitario (CDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

La encargada de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Olivia Salazar Flores, explicó que la reforma es resultado de un proceso de consulta que comenzó tras la crisis universitaria de finales de 2025, cuando las movilizaciones estudiantiles derivadas del caso de agresión sexual contra una alumna de la Facultad de Derecho colocaron entre las principales exigencias la revisión del protocolo y la agilización de los procedimientos del organismo.

Para elaborar la nueva versión se realizaron cerca de 30 foros de consulta entre noviembre y febrero en distintas entidades académicas, con participación de estudiantes, docentes y personal administrativo. Posteriormente, entre marzo y junio, el documento fue revisado con representantes de la Unión de Asociaciones del Personal Académico (UAPA), el Sindicato Administrativo, la Federación Universitaria Potosina y diversas dependencias universitarias.

Salazar Flores señaló uno de lo principales objetivos:

“Lo que teníamos que obtener era un protocolo que nos diera seguridad y certeza a todos los integrantes de la comunidad al momento de entablar un procedimiento, ya sea como probable víctima o incluso como probable señalado”.

Además de reducir los tiempos de investigación, el nuevo protocolo incorpora de manera expresa los derechos procesales de ambas partes, una de las inquietudes que surgió de manera recurrente durante los foros universitarios.

Otra de las modificaciones consiste en definir con mayor precisión las conductas que podrán ser investigadas por la Defensoría al establecer el alcance del ámbito universitario, un concepto que en el protocolo anterior generaba dudas sobre la competencia institucional.

La nueva definición incluye aulas, laboratorios, órganos colegiados y espacios virtuales institucionales. También contempla situaciones relacionadas con el uso de herramientas tecnológicas universitarias, aunque aclara que ello no implica asumir competencias sobre redes sociales, donde la universidad continuará apoyándose en instancias externas como la Policía Cibernética de ser necesario.

La titular de la Defensoría explicó que también se clarificó el procedimiento para la imposición de sanciones. Una vez concluida la investigación y, en su caso, emitida una recomendación de procedencia, el expediente será turnado a la Comisión Institucional de Justicia Universitaria (CIJU), encargada de integrar el procedimiento, elaborar un dictamen y remitirlo al Consejo Directivo.

Con la reforma se establece expresamente que el CDU podrá aprobar el dictamen, devolverlo para realizar modificaciones o solicitar un nuevo análisis antes de emitir una resolución definitiva. Posteriormente, corresponderá a la autoridad competente (como las direcciones de las facultades cuando se trate de personal académico, administrativo o estudiantes) ejecutar la sanción prevista en el Estatuto Orgánico.

Salazar Flores precisó que el protocolo no crea nuevas facultades sancionadoras, sino que organiza y hace más claro el procedimiento ya previsto en la normativa universitaria. No obstante, consideró que el siguiente paso deberá ser una reforma al Estatuto Orgánico para concentrar en un solo ordenamiento las atribuciones de las distintas autoridades y valorar la creación de un órgano técnico permanente especializado en justicia universitaria.

Durante la sesión del CDU, el documento fue respaldado por las y los consejeros, quienes reconocieron el proceso de consulta realizado con la comunidad y coincidieron en que el protocolo deberá mantenerse sujeto a revisiones y actualizaciones conforme evolucionen las necesidades de la universidad.