Fernanda Durán
El caso de los laudos laborales incumplidos por el Ayuntamiento de Tampacán escaló este martes 16 de junio en el Congreso del Estado, luego de que diputados sesionaran en comisiones por el acumulado de expedientes de tres trabajadores que demandaron desde 2012, cuyas sentencias siguen sin cumplirse y han derivado en requerimientos directos al Poder Legislativo por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
Durante una reunión de las comisiones unidas de Gobernación y Primera de Justicia se analizó uno de los tres recursos pendientes, correspondiente al expediente laboral 455/2012/2 del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, identificado con el turno 3484 heredado de la LXIII Legislatura.
De acuerdo con la información recabada por legisladores, la responsabilidad de cubrir los pagos recae actualmente en el Ayuntamiento de Tampacán. Sin embargo, ante el incumplimiento prolongado de las sentencias, el tribunal ha requerido la intervención del Congreso para que se garantice su ejecución y, en su caso, determine responsabilidades por los incumplimientos acumulados durante distintas administraciones municipales.
El expediente corresponde a una cadena de posibles responsabilidades aparecen administraciones encabezadas por Christian Joaquín Sánchez Sánchez, ahora titular de Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (Cefim); Nicasio Martiniano Dolores, Filemón Hilario Flores, la diputada del PVEM, Brisseire Sánchez López, y la gestión actual de Santiago Rodríguez Posadas de Morena.
El incumplimiento no sólo podría derivar en procedimientos contra autoridades municipales de distintas épocas, sino que también existe el riesgo de que el propio Congreso incurra en desacato si omite atender los requerimientos judiciales.
Al término de la reunión, el diputado Rubén Guajardo Barrera evitó profundizar sobre los detalles del expediente, aunque el caso se encuentra en la etapa en que el tribunal solicita la intervención legislativa tras agotarse las instancias procesales ordinarias.
“Este es el Tribunal de Justicia Administrativa, cuando vence la parte procedimental se le solicita al Congreso que en este caso pueda atender, y pues lo que estamos buscando es el diálogo con el Ayuntamiento para que de la mejor forma se pueda cumplir con la sentencia del tribunal”.
El legislador señaló que la prioridad de las comisiones no es iniciar procedimientos sancionatorios, sino encontrar una vía que permita el pago a los trabajadores que obtuvieron resoluciones favorables.
“Primero, buscar el diálogo, que no sea una parte política y que no sea iniciar juicios políticos, porque al final creo que lo que buscamos no es enjuiciar a un ayuntamiento, sino que se le pague a quien está demandando en este laudo laboral”.
Durante la entrevista se le planteó que una de las versiones expuestas previamente señalaba que el pago había sido realizado, aunque posteriormente el recurso habría sido retirado por una institución bancaria. Sin embargo, Guajardo Barrera evitó pronunciarse sobre ese aspecto y afirmó que la función del Congreso se limita a atender la solicitud emitida por el tribunal.
“Ya que nos toca a nosotros, nosotros no nos toca hacer esa parte, nosotros ya nada más acatar lo que el tribunal en este momento está solicitando al Congreso del Estado que es, al no cumplir una sentencia, iniciar la siguiente etapa”.
Añadió que la práctica habitual del Poder Legislativo en este tipo de asuntos es buscar acuerdos con los ayuntamientos antes de avanzar hacia procedimientos de responsabilidad.
“Desde el Congreso del Estado siempre, no es la primera vez ni será la última, se busca el diálogo con el Ayuntamiento para que pueda firmar un convenio y que se pueda solucionar este problema”.
Respecto a los plazos para resolver el caso, el diputado señaló que, aunque existe un requerimiento judicial vigente, las comisiones están concentradas en construir una salida negociada.
“No hay como un límite de tiempo, nosotros en este momento lo que estamos buscando es que se pueda resolver por la parte del diálogo”.
La revisión de este expediente representa una nueva etapa en un conflicto laboral que se remonta a más de una década y que ha atravesado múltiples administraciones municipales.
Aunque este martes sólo se abordó uno de los tres casos pendientes, los requerimientos del tribunal mantienen abierta la posibilidad de que el Congreso tenga que pronunciarse sobre el incumplimiento reiterado de sentencias que continúan sin ejecutarse.
El primer caso conocido fue el expediente 440/2012/2, promovido por el ex policía municipal Vicente Correa Andablo, quien reclama el pago de un laudo por alrededor de 250 mil pesos. Aunque la sentencia definitiva fue emitida en 2013, el asunto continuó sin resolverse y derivó en la intervención del Congreso ante el incumplimiento señalado por el TEJA.
