Por Victoriano Martínez
No se habían cumplido dos meses de su sexenio, cuando el gobernador Ricardo Gallardo Cardona mostró su vocación represora: la madrugada del 22 de noviembre de 2021 policías estatales y municipales desalojaron el plantón permanente que por meses Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE) en la avenida Carranza, frente a la Casa de la Cultura.
Once días antes instaló el Consejo Ciudadano por la Seguridad, integrado por el gabinete de seguridad y representantes empresariales, quienes le dieron su respaldo a las acciones necesarias para remover bloqueos de vialidades que pudieran ser provocadas por manifestaciones.
No es el único antecedente que explica la forma violenta como Gallardo Cardona, a través de las guardias civiles estatal y municipal de Soledad de Graciano Sánchez, reprimieron la protesta en las inmediaciones del Lienzo Charro Hermoso Cariño por la falta de agua en ese sector.
El 15 de octubre de 2021, a 19 días de iniciado su gobierno, Gallardo Cardona emitió un decreto administrativo para habilitar que la Estructura Orgánica de la Unidad Administrativa de la Secretaría Particular pudiera operar como un cuerpo de seguridad para “proteger y salvaguardar la integridad física y moral” de él, su familia y allegados.
“La Ayudantía del Ciudadano Gobernador del Estado ha sido creada para proteger de forma directa y permanente la personalidad del C. Gobernador y de su familia, sus instalaciones, oficinas, domicilios, y demás lugares que así lo amerite según las necesidades”, dice la exposición de motivos de aquel decreto.
Sin duda, el Lienzo Charro Hermoso Cariño es uno de esos lugares que ameritan la acción de la Ayudantía del gobernador y que activan la coordinación con cuerpos de seguridad para proteger “la personalidad del C. Gobernador” que, en el caso de la protesta reprimida este viernes, amenazaba con lesiona la personalidad charra del mandatario.
Si a la vocación represiva, intensificada en las últimas semanas con el uso de Código Penal como garrote para inhibir la libertad de expresión –con la Ley Serrano como punta de lanza– se combinó con la protección directa y permanente de la personalidad de Gallardo Cardona, se puede decir a los manifestantes detenidos y luego liberados –incluida la regidora soledense Dulce Galván– les pudo ir mucho peor.
Lo preocupante es que cualquier retiro de una manifestación operado por la autoridad sin que haya dado respuesta a las demandas que dieron origen a la protesta es mala noticia para todos porque exhibe la falta de respeto a los derechos humanos y configura un gobierno autoritario.
En el caso de las colonias de San Felipe, San José primera y segunda sección, Bellavista, Santo Tomás, Ecuestre, y aledañas, la protesta no es sólo por la falta de un servicio público como es el abasto de agua potable, sino también por una alteración provocada por Gallardo Cardona desde su lienzo charro.
“La manifestación es la falta de agua, el ruido a altas horas de la noche 4 o 5 am. Afectan la vialidad de un carril completo para una empresa privada. Llenan las calles de sus caballos y no limpian. Llevamos 3 meses sin agua”, fue la descripsión que circuló en redes sobre los motivos de la protesta.
Se da la paradoja de que desde el lienzo charro propiedad de Gallardo Cardona se altera el orden público con el uso de las calles como caballerizas, la apropiación de un carril completo y fuerte ruido por la madrugada que es contra lo que se protesta, y los policías reprimen la manifestación y detienen a algunos participantes por ¡alterar el orden público!
Paradojas que sólo pueden surgir cuando se desvirtúa el uso del poder público y se utiliza para fines particulares con una actitud autoritaria y antidemocrática de tipo fascistoide con la que los servidores públicos traicionan esa condición y dejan a la población no sólo en estado de indefensión sino bajo la amenaza de la represión si se atreven a protestar.
