Fernanda Durán
Seis meses después de haber aprobado la reforma judicial que transformó la integración del Poder Judicial en San Luis Potosí, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Segunda de Justicia, avalaron un nuevo paquete de modificaciones para cambiar nuevamente las reglas para suplir vacantes, modificar la forma en que será designada la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y regresar a los jueces auxiliares. La propuesta fue votada el mismo día en el Pleno del Congreso.
La iniciativa fue recibida apenas hace 13 días, este lunes fue avalada en comisiones y aprobada en el pleno con 20 votos a favor y cuatro en contra por parte de Morena.
Durante la explicación del proyecto, el área técnica reconoció que la iniciativa busca corregir aspectos que quedaron pendientes tras la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2024 y la expedición de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.
“La intención principal de esta iniciativa era volver a dar cierto orden a lo que pudo haber quedado pendiente en la reforma judicial del año pasado, en donde evidentemente se advirtieron que faltaban algunas cuestiones por incorporar”, se explicó durante la sesión.
Uno de los cambios de mayor alcance modifica el mecanismo para cubrir las ausencias definitivas de magistrados y jueces. La reforma vigente establece que, cuando exista una vacante, el cargo debe ser ocupado por la persona candidata que obtuvo la siguiente mayor votación en la elección judicial, respetando la paridad de género.
El nuevo dictamen elimina ese mecanismo y propone que sea el propio Poder Judicial quien designe provisionalmente a una persona secretaria de acuerdos hasta que el cargo vuelva a someterse a elección en el siguiente proceso electoral.
La iniciativa también cambia nuevamente las reglas para la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia. La reforma judicial de 2024 estableció que la presidencia sería rotativa cada dos años y recaería, por orden de prelación, en quienes obtuvieran la mayor votación ciudadana durante la elección judicial.
Ahora, las comisiones aprobaron modificar ese esquema para que la presidencia dure tres años y sea elegida por votación interna entre las magistraturas que integran el Pleno del Supremo Tribunal, atendiendo al principio de paridad de género. Aunque la propuesta original planteaba ampliar el periodo a cuatro años, el dictamen redujo finalmente la duración a tres.
Otro de los ajustes incorpora nuevamente la figura de las personas juzgadoras auxiliares, eliminada en la reforma anterior. De acuerdo con la explicación técnica, durante los primeros meses de operación del nuevo modelo judicial se identificó que su ausencia complicó diversos trámites en municipios donde estos funcionarios servían como primer contacto entre la población y el sistema de justicia.
También se crea formalmente una Junta de Coordinación integrada por las presidencias del Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, con el propósito de coordinar el funcionamiento de los tres órganos que ahora integran el Poder Judicial.
La reforma además reorganiza los sistemas de gestión judicial por materias, recupera diversas áreas administrativas que habían desaparecido con la nueva Ley Orgánica, reincorpora expresamente el Área de Comunicación Social como órgano de apoyo de la Presidencia del Supremo Tribunal y devuelve atribuciones como el registro de títulos y cédulas profesionales de abogados.
Incorpora un régimen específico para licencias médicas prolongadas, así como licencias por maternidad y paternidad para magistraturas y personas juzgadoras, al considerar que la legislación vigente dejó vacíos sobre estos supuestos.
Entre las nuevas disposiciones también se incorpora un artículo para obligar al Órgano de Administración Judicial y al Tribunal de Disciplina Judicial a emitir acuerdos y medidas institucionales destinadas a prevenir conflictos de interés, combatir la discriminación e impedir la conformación de redes de nepotismo y clientelismo dentro del Poder Judicial.
En comisiones señalan que reforma revierte el modelo aprobado
La única legisladora que votó en contra del dictamen —promovido por la diputada María Leticia Vázquez Hernández del PVEM-PT— fue la diputada Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, quien sostuvo que varias de las modificaciones representan un retroceso respecto del modelo de elección judicial aprobado el año pasado.
La legisladora cuestionó particularmente que la presidencia del Supremo Tribunal deje de recaer en la magistratura con mayor respaldo ciudadano para volver a ser elegida por el propio Pleno.
“¿A quién va a beneficiar esto? No a la ciudadanía que eligió. No a quien dio el voto por jueces, juezas, magistrados y magistradas. Va a beneficiar al propio Poder Judicial que va a seguir teniendo la decisión entre ellos”.
También criticó que las vacantes ya no sean cubiertas por quienes obtuvieron la siguiente mayor votación durante la elección judicial y cuestionó el procedimiento seguido para elaborar el dictamen.
“Qué lamentable que el dictamen tenga que venir por parte de Servicios Parlamentarios y no de las propias comisiones”.
Finalmente, destacó que le resultaba contradictorio que la propuesta proviniera de una legisladora de los partidos aliados al gobierno federal.
“A todas vistas, esto es un retroceso al Poder Judicial quedando como estaba anteriormente y qué sorprendente que la propuesta venga de una aliada de la presidenta de la República, cuando lo que se ha ponderado en todos los espacios por el propio Gobernador del Estado es esa buena comunicación y alianza con la presidenta de la República”.
