Fernanda Durán
Apenas unos meses después de la primera elección judicial en San Luis Potosí, el Congreso del Estado recibió una iniciativa para modificar reglas centrales del nuevo modelo: ampliar de dos a cuatro años la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, devolver a las magistraturas la facultad de elegir a su titular y sustituir el mecanismo que permite cubrir vacantes con la siguiente persona más votada en las urnas, además de reconocer formalmente al Área de Comunicación Social como órgano de apoyo.
La propuesta, presentada por la diputada María Leticia Vázquez Hernández, plantea reformas a la Constitución local y a la Ley Orgánica del Poder Judicial con el argumento de perfeccionar el nuevo modelo institucional surgido tras la reforma judicial de 2024.
Uno de los cambios más relevantes consiste en modificar la forma de elegir a la persona titular de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia. Actualmente, la presidencia se renueva cada dos años y se asigna de manera rotatoria según el número de votos obtenidos por cada magistratura en la elección judicial.
La iniciativa propone que el cargo dure cuatro años y que sea el propio Pleno del Supremo Tribunal quien elija a su presidenta o presidente de entre sus integrantes, atendiendo al principio de paridad de género tal como se realizaba antes del nuevo modelo judicial.
La exposición de motivos sostiene que la modificación permitiría dar continuidad a proyectos institucionales y evitar cambios frecuentes en la conducción del Poder Judicial. Además, argumenta que las magistraturas cuentan con mejores elementos para evaluar la capacidad jurídica, ética y administrativa de quienes aspiren a encabezar el tribunal.
Otro de los cambios que propone es el mecanismo para cubrir vacantes. La legislación vigente establece que, cuando una magistratura o juzgador deja el cargo, la vacante debe ser ocupada por la persona que obtuvo la siguiente mayor votación en la elección correspondiente.
La iniciativa elimina ese esquema y propone que, en casos de ausencia superior a un mes sin licencia, renuncia, destitución o fallecimiento, el cargo sea declarado vacante y ocupado temporalmente por una persona secretaria de acuerdos designada por el propio órgano judicial hasta la siguiente elección.
De aprobarse, el cambio significaría que las vacantes ya no serían cubiertas automáticamente por quienes participaron en las urnas y quedaron en segundo lugar, sino por designaciones internas realizadas por el Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial o el Órgano de Administración Judicial, según corresponda.
La propuesta también incorpora nuevas disposiciones para prevenir conflictos de interés, discriminación y la formación de redes de nepotismo y clientelismo dentro del Poder Judicial, facultando al Órgano de Administración Judicial y al Tribunal de Disciplina para emitir acuerdos y medidas institucionales en esa materia.
Asimismo, plantea reconocer formalmente al Área de Comunicación Social como órgano de apoyo de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, así como regular diversas áreas administrativas y de gestión judicial que actualmente no cuentan con una referencia expresa en la ley.
Entre las modificaciones también se contempla crear un régimen específico de licencias médicas prolongadas y de maternidad o paternidad para magistraturas y personas juzgadoras, permitiendo que puedan ausentarse por causas de salud o familiares sin perder el cargo ni la percepción de su salario mientras se mantienen los mecanismos de suplencia.
La iniciativa apenas fue turnada para su análisis en comisiones de Puntos Constitucionales y Segunda de Justicia presididas por los diputados de Morena, por lo que aún deberá discutirse si los cambios propuestos representan ajustes administrativos al nuevo modelo judicial o si implican una modificación de reglas que apenas comenzaron a aplicarse tras la histórica elección judicial celebrada en 2025.
