Fernanda Durán
A casi un año de la integración del nuevo Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado, la consejera Mónica Lárraga Sainz asumió este martes 30 de junio la presidencia del cuerpo colegiado, en sustitución de Francisco Ramos Silva, cuya designación como representante del Poder Ejecutivo estuvo marcada por cuestionamientos debido a su antecedente de destitución como juez federal.
La nueva integración inició formalmente funciones tras la toma de protesta de sus integrantes ante el Congreso del Estado y el cumplimiento del protocolo legal correspondiente en la sede del Poder Judicial.
Además de Lárraga Sainz, comenzaron funciones la consejera Berenice de la Rosa Reynoso y el consejero José Alfredo Salazar Hernández, quienes integran el órgano responsable de la administración financiera, material y humana del Poder Judicial del Estado.
Durante la sesión del Pleno se declaró formalmente instalada la nueva integración del órgano colegiado y, posteriormente, la nueva presidenta sostuvo una reunión con las personas titulares de las áreas administrativas que dependen de este organismo.
El Órgano de Administración Judicial fue creado como parte de la reforma judicial local y tiene entre sus atribuciones la administración del presupuesto, los recursos materiales y el personal del Poder Judicial, así como la implementación de procesos de digitalización y prácticas de sostenibilidad para optimizar el funcionamiento institucional.
Mónica Lárraga Sainz cuenta con experiencia en el Poder Judicial de la Federación y, previo a su incorporación al órgano de administración, se desempeñaba como capturista en un juzgado mercantil del Poder Judicial del Estado.
Un nombramiento que generó cuestionamientos
La designación de Ramos Silva, realizada por el Poder Ejecutivo al inicio de la integración del Órgano de Administración Judicial, generó cuestionamientos debido a que el ex juez federal fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en 2016 por conductas de hostigamiento sexual contra una trabajadora del Poder Judicial de la Federación y por irregularidades administrativas relacionadas con el nombramiento de una persona que no acudía regularmente a laborar.
La sanción fue confirmada en 2018 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con lo que quedó firme.
Tras su salida del Poder Judicial de la Federación, Ramos Silva se incorporó al Gobierno del Estado como director de área en la Contraloría General y posteriormente fue nombrado representante del Ejecutivo ante el nuevo órgano administrativo del Poder Judicial.
Ante los cuestionamientos por esa designación, el secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, sostuvo que el exjuez podía desempeñar el cargo al no existir una inhabilitación vigente.
Con la renovación de la presidencia y la incorporación de los nuevos consejeros, el Órgano de Administración Judicial inicia una nueva etapa en la administración interna del Poder Judicial del Estado.
