María Ruiz
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, acusó a la mayoría del Congreso del Estado de aprobar reformas que, a su juicio, contravienen la Constitución y vulneran la autonomía de los municipios, particularmente las facultades que el artículo 115 otorga a los ayuntamientos.
“No es todo el Congreso, hay una mayoría y hay quien votó; hay quien también se abstuvo y hay quien votó en contra y quien se reservó ese derecho. Creo que hay que puntualizar en la mayoría, que es la que finalmente logra legislaciones de este tipo que dejan muy mal a San Luis Potosí, incluso legislaciones contra el 115 Constitucional”, declaró.
Galindo sostuvo que, debido a estas reformas, el Ayuntamiento ha promovido cinco controversias constitucionales para defender sus atribuciones legales.
“Constantemente esa mayoría del Congreso se quiere meter al Ayuntamiento para regularlo, controlarlo, controlar sus recursos y su territorio”, afirmó.
Entre las disposiciones que el Ayuntamiento ha impugnado mediante estos recursos legales, el alcalde mencionó la reforma que impide al municipio emitir opiniones sobre el desarrollo urbano en la Zona Industrial, atribución que considera exclusiva.
“Es totalmente anticonstitucional, viola el artículo 115”, sostuvo el edil sobre dicha ley.
Asimismo, señaló que otra de las normas controvertidas pretende que desde la esfera del Gobierno del Estado se administren recursos que corresponden al municipio, lo que, aseguró, también representa una invasión a la autonomía municipal.
“Una ley de este tipo no es de aplicación estrictamente para el municipio de San Luis Potosí; es una ley para todo el Estado. Esta legislación afecta a Valles, a Tamuín, a Salinas de Hidalgo”, expresó.
Galindo aseguró que ha mantenido una postura pública sobre este tema porque considera que las decisiones del Congreso afectan el funcionamiento de los gobiernos municipales y debilitan su autonomía constitucional.
Finalmente, criticó la actuación del Poder Legislativo respecto de las iniciativas ciudadanas que buscaban modificar la denominada Ley Serrano, al considerar que el Congreso desaprovechó la oportunidad de fortalecer la participación ciudadana.
“El Congreso tuvo una gran oportunidad de darle el valor ciudadano al que presentaba este tipo de iniciativas, sobre todo en esta ley, y no lo hizo; ahora tuvo que haberse forzado a través de la iniciativa del propio titular del Ejecutivo”, concluyó.
