Por Victoriano Martínez
Empeñados en demostrar que ya superaron a todas las Legislaturas anteriores como la peor de la historia, el Congreso del Estado confirma que no está para legislar a favor de los derechos de la población, sino para atender los caprichos y urgencias –incluso para intentar reparar pifias– del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Tanto es su afán por atender las órdenes de Gallardo Cardona, que este miércoles 22 de julio estrenaron, en los hechos, una nueva modalidad de turno de una iniciativa a comisiones: la iniciativa para la derogación de la Ley Serrano se turnó a la Comisión Primera de Justicia con fecha límite para ser dictaminada y enviada al Pleno.
Este miércoles, en la sesión de la Diputación Permanente, el documento que atípicamente recibió la diputada Sara Rocha Medina como presidenta del Congreso del Estado en un acto caracterizado por su inaudita parafernalia, fue turnado a la Comisión y en esta misma reunión se acordó una sesión extraordinaria para aprobar su dictamen.
Al citar a la sesión extraordinaria para el jueves 30 de julio a las diez de la mañana, la Diputación Permanente le estableció a la Comisión la obligación de dictaminar antes de las diez de la mañana del martes 28 de julio, si cumplen la obligación de que el dictamen se publique 48 horas antes de la sesión en la Gaceta Parlamentaria… o podrían incorporarlo de último momento como han innovado como práctica de desaseo legislativo.
El caso es cumplirle al gobernador antes que respetar el proceso legislativo, que es uno de los tantos indicios de que los caprichos y urgencias del mandatario que los manda están por encima de la legalidad y de los derechos ciudadanos cuya protección dejan de lado cuando acaban de cerrar la posibilidad de cumplir con un plazo auto impuesto para hacerlo.
Se trata de la aprobación de las leyes secundarias correspondientes a la reforma constitucional local que extingue a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) que, para aprobarlas, en el Decreto 0506 ellos mismos se fijaron un plazo en el artículo segundo transitorio:
“El Congreso del Estado tendrá un plazo de ciento veinte días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para armonizar las leyes secundarias en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados”.
El plazo vence el próximo viernes 31 de mayo. La Diputación Permanente acordó como único punto para la sesión extraordinaria la derogación de la Ley Serrano y citó para su siguiente sesión para el 7 de agosto. Es decir, ya no contemplaron las leyes secundarias que están obligados a aprobar a más tardar el próximo viernes.
Para cumplir con el plazo que se auto impusieron tendrían que sacarse de la manga las iniciativas para ambas leyes porque ni en las sesiones ordinarias ni en las de la Diputación Permanente se han presentado, y a partir de ahí los dictámenes de las comisiones involucradas y una convocatoria distinta a sesión extraordinaria.
Todo apunta a que para el próximo viernes los diputados de la LXIV Legislatura acumularán una violación más a la Constitución Política del Estado en perjuicio de la garantía de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales… y de paso mantendrán con vida artificial a una CEGAIP más efectiva para vacacionar que para cumplir con sus obligaciones.
Todo sea por atender las necesidades y urgencias de Gallardo Cardona. Para trabajar en garantizar los derechos de la población, que es su función principal, ya llegará el momento en que obedecer al mandatario que los manda les deje tiempo para eso.
