Fernanda Durán
La regulación de la inteligencia artificial en San Luis Potosí deberá distinguir entre las facultades federales sobre tecnología y las atribuciones locales para sancionar conductas delictivas, evitar tipos penales abiertos y partir de que la libertad de expresión es la regla y cualquier restricción debe ser excepcional, señalaron los juristas Manuel Granados Covarrubias y Ernesto Villanueva Villanueva durante una conferencia magistral organizada por el Congreso del Estado.
El encuentro se realizó este miércoles en el hotel Hyatt Regency, después de las dudas generadas en días previos sobre si formaría parte de los foros anunciados tras la derogación de la denominada “Ley Serrano”. Finalmente, el propio Congreso aclaró que no se trataba de una consulta para construir una nueva legislación, sino de una conferencia dirigida principalmente a las y los diputados para abordar el marco constitucional de la libertad de expresión y los alcances jurídicos de una eventual regulación de la inteligencia artificial.
Antes de comenzar, el diputado Héctor Serrano Cortés, impulsor de la reforma penal recientemente derogada, sostuvo que hubo una confusión respecto de la naturaleza del evento.
“Como ustedes saben es totalmente distinta al foro. En el foro se permite el debate, incluso presentar las ideas y demás. Aquí lo que vamos a hacer es disfrutar de una cátedra de dos experimentados abogados reconocidos que van a hablar de este marco legal al que todos estamos obligados a cumplir”.
Serrano deslindó además que los foros anunciados para discutir una nueva regulación no serán organizados por el Poder Legislativo, sino por el Ejecutivo estatal:
“Eso lo dijimos incluso el día que estuvimos en el Palacio de Gobierno. Y quien va a realizarlos, o el encargado, me parece que es el área de gobierno, y ahí estarán los foros”.
La presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, atribuyó públicamente a Serrano la iniciativa para realizar la conferencia y le agradeció su organización. El propio Granados, al comenzar su exposición, señaló que había sido invitado por el legislador.
La primera exposición estuvo a cargo de Manuel Granados Covarrubias, quien centró buena parte de su intervención en los criterios constitucionales y jurisprudenciales que protegen la libertad de expresión, particularmente cuando se trata de asuntos de interés público y de críticas dirigidas a quienes ejercen funciones públicas.
“La regla debe ser la libertad. La restricción debe ser la excepción y toda excepción debe poder justificarse constitucionalmente”.
Granados explicó que la protección no comprende únicamente a quien emite una opinión o información, sino también el derecho colectivo de la sociedad a recibirla:
“No solamente protege al periodista que investiga, protege a la sociedad que necesita conocer esa investigación”.
También planteó que las expresiones equivocadas, incómodas, provocadoras o perturbadoras se encuentran dentro del ámbito de protección constitucional y diferenció entre opiniones y afirmaciones sobre hechos susceptibles de comprobación.
En cuanto al escrutinio sobre quienes desempeñan funciones públicas, explicó que el estándar de tolerancia a la crítica es mayor cuando existe un asunto de relevancia pública, aunque ello no implica que servidores públicos o figuras públicas pierdan sus derechos al honor, intimidad o vida privada.
“A mayor relevancia pública del asunto, mayor intensidad del escrutinio democrático”.
Estados no pueden regular la tecnología como tal: Villanueva
Ernesto Villanueva enfocó su exposición en uno de los problemas que deberá enfrentar cualquier nueva propuesta en San Luis Potosí u otros estados: determinar hasta dónde puede legislar un Congreso local en materia de inteligencia artificial.
El investigador sostuvo que las telecomunicaciones e internet son materias de competencia federal, por lo que consideró inviable construir 32 regulaciones distintas sobre la tecnología misma.
Esto, aclaró, no significa que las entidades federativas carezcan completamente de atribuciones. Los congresos locales pueden intervenir cuando una tecnología sea utilizada como instrumento para cometer una conducta que corresponda al ámbito penal local.
“La inteligencia artificial y las redes sociales como tecnología son en este momento (…) atribución federal, pero ¿en qué sí participan o pueden participar los estados? Pueden participar los estados cuando las tecnologías, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial se utilizan como medio comisivo para un delito, para un tipo penal”.
La distinción surge luego de que a nivel local la legislación derogada incorporó al Código Penal tres disposiciones relacionadas directamente con el uso de inteligencia artificial y generó una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Villanueva sostuvo que ha revisado propuestas de alrededor de 17 entidades y encontró problemas de técnica legislativa pese a que, dijo, parten de “buenas intenciones”.
“¿Cómo lograr el objetivo de legislar para el interés público la inteligencia artificial sin que se restrinja la libertad de expresión? Sin que se restrinja la libertad de información. Entonces, ¿cómo lo ponderamos? Ese debería ser el tema”.
Advirtió además que regular una tecnología y establecer consecuencias jurídicas cuando ésta se utiliza para cometer un delito son cuestiones distintas que no deberían confundirse.
Tipos penales deben ser cerrados y precisos
Durante la ronda de preguntas, la discusión aterrizó directamente en uno de los principales cuestionamientos que enfrentó la legislación derogada: la utilización del derecho penal para regular conductas relacionadas con contenidos difundidos mediante herramientas digitales.
Villanueva señaló que cualquier disposición penal debe describir de manera precisa la conducta sancionada.
“Una normativa, una reforma en materia penal debe ser taxativa, es decir, debe ser exacta, debe ser cerrada y no puede ser por analogía o mayoría de razón”.
Más adelante, al ser cuestionado sobre qué elementos deberían cuidarse en una futura legislación para evitar afectaciones al ejercicio periodístico, reiteró:
“Lo más importante es que primero no haya frases abiertas, y menos en materia penal, que deben ser (…) taxativas, es decir, precisas, muy concretas, y que no admita varias interpretaciones”.
El especialista también recordó que la tendencia desarrollada durante años en materia de libertad de expresión ha sido retirar del ámbito penal figuras relacionadas con afectaciones al honor y trasladar estos conflictos hacia mecanismos de responsabilidad civil, aunque reconoció que las sanciones económicas también pueden convertirse en un problema cuando resultan desproporcionadas.
Gobierno tampoco debería decidir qué es de interés público
Otro de los cuestionamientos planteados durante la conferencia fue quién tendría facultades para determinar qué información reviste interés público, particularmente ante una eventual regulación estatal; Villanueva descartó que esa definición deba quedar en manos del gobierno.
“El interés público no lo puede definir desde el punto de vista del gobierno. Lo define, en todo caso, el juez, la causa, cuando hay un elemento, hay precedentes ya interamericanos, internacionales, que lo han definido ya la Suprema Corte de Justicia”.
También rechazó que el Estado deba establecer quién puede ser considerado periodista ante la pregunta expresa de los periodistas, activistas y comunicadores presentes, recordó los criterios interamericanos contrarios a una colegiación obligatoria para ejercer el periodismo y señaló que la transformación de los medios y las plataformas digitales ha hecho todavía menos viable establecer esa delimitación.
Consulta antes de legislar
Los especialistas coincidieron en que la rapidez de los cambios tecnológicos no debería traducirse en modificaciones legislativas sucesivas cada vez que aparece una nueva herramienta. Villanueva propuso diseñar disposiciones capaces de atender conductas independientemente de la tecnología específica utilizada.
En particular, consideró necesario someter las propuestas a especialistas y procesos de consulta antes de aprobarlas, especialmente cuando pueden incidir en la libertad de expresión.
“Siempre buscar que haya foros de consulta para, por ejemplo, dirimir, ayudar, exactamente, legitimar y escuchar expertos en la materia que analicen la pieza objeto de (…) regulación para hacerle las adecuaciones a las propuestas, para minimizar ahí las afectaciones que pudiera tener a la libertad de expresión”.
Aunque la conferencia se produjo después de la derogación de la “Ley Serrano” y abordó precisamente varios de los problemas jurídicos relacionados con una regulación de inteligencia artificial, Serrano insistió en separar este encuentro del proceso formal de consulta que ha anunciado el Ejecutivo.
La distinción fue destacada por el legislador, ya que previamente se habían generado dudas sobre el carácter del encuentro y sobre quiénes participarían. Serrano sostuvo que la conferencia tenía principalmente una función de “orientación y actualización” para las y los diputados y aseguró que no existía intención de mantenerla cerrada.
“Abierto, por supuesto, si no hay nada oculto, es una exposición magistral que se va a dar, y por supuesto puede escucharla quien guste hacerlo”.
La discusión formal sobre una nueva legislación, sin embargo, todavía está pendiente. Será en los foros anunciados donde deberán conocerse las propuestas concretas.
Cabe mencionar que Granados Covarrubias y Serrano Cortés cuentan con antecedentes de colaboración política desde la administración de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Durante ese sexenio, iniciado en 2012, Serrano se desempeñó como secretario de Gobierno y posteriormente como secretario de Movilidad, mientras que Granados fue designado consejero Jurídico y de Servicios Legales en julio de 2015. Ambos también formaron parte de la corriente Vanguardia Progresista dentro del PRD, encabezada por Serrano. En diciembre de 2017, esa expresión interna participó en el impulso de Granados para asumir la presidencia nacional del partido, cargo que finalmente ocupó.
