Estela Ambriz Delgado
El Comité de Defensa del Ejido Cerro Gordo presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la remoción ilegal de vegetación y otras afectaciones en su territorio, ubicado en el municipio de Villa de Zaragoza. La acción legal señala a la empresa Hoganza S.A. de C.V., a Marco Antonio Jiménez Oviedo, a Aurelio Cadena y a integrantes de la mesa del Comisariado Ejidal, por el uso de explosivos en la zona.
Los habitantes formalizaron la denuncia este jueves 20 de Julio, en la cual exponen el origen del núcleo agrario y sus antecedentes de presión inmobiliaria debido a su ubicación estratégica. Asimismo, señalan que sus tierras se encuentran inmersas en la Octava Modificación del Libramiento Oriente (08/01/2021).
Esta modificación incluye la construcción, operación, mantenimiento y conservación del tramo carretero La Pitahaya – Libramiento Oriente de San Luis Potosí, de 60.9 kilómetros (A4); el Ramal Villa de Reyes, de 5 kilómetros (A2), y obras complementarias, para las cuales la empresa Hoganza pretende explotar un banco de material pétreo.
Los denunciantes mencionan que la empresa obtuvo la autorización de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) mediante el Manifiesto de Impacto Ambiental IA.MIA-042/2026 para el proyecto denominado “Regularización del Banco de Material (Tipo Riolita) en el Ejido Cerro Gordo”.
Al respecto, señalan que autorizar proyectos sin evaluar sus impactos de forma integral pone en riesgo los recursos naturales de los que se sustenta la comunidad, además de ignorar la responsabilidad de la autoridad ambiental de velar por el derecho humano a un medio ambiente sano.
Por otra parte, explican que los órganos de representación ejidal dieron su apoyo y conformidad a esta devastación mediante la firma de un acuerdo en una asamblea controlada, con la cual avalaron la venta de parcelas al pie del Cerro Gordo. Especifican que estas habrían sido vendidas por los ejidatarios Estela López y Ustolio Ruiz a Aurelio Cadena, aunque se desconoce si se concretó la adquisición de dominio pleno y la venta, ya que nunca se emitió el aviso del derecho de tanto correspondiente.
Respecto a las autorizaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), otorgadas mediante el oficio S-4/Explosivos/1377/3439 del 18 de junio, los pobladores argumentan desconocer si la dependencia evaluó los niveles de riesgo y el impacto social que las detonaciones tendrían en su comunidad.
En este sentido, denuncian que las detonaciones iniciaron el pasado miércoles 22 de julio mediante el uso de altos explosivos, agentes explosivos, cordón detonante, conductores e iniciadores. Afirman que las explosiones fueron de tal magnitud que cimbraron el pueblo, generaron cuarteaduras, proyectaron rocas y provocaron la huida de fauna silvestre que habita en el cerro.
Agregan que se observó la remoción de diversas plantas, entre ellas cactáceas, sin que existieran acciones orientadas a conservar el ecosistema. Asimismo, proporcionaron las coordenadas del epicentro de las afectaciones e indicaron que el impacto se extiende de forma abierta en todas direcciones, lo que contradice la superficie establecida en la MIA avalada por la Segam.
“Nuestro ejido por décadas se ha opuesto a la destrucción del Cerro Gordo. Por lo cual deberá ser llamado a procedimiento del órgano de representación ejidal, quienes han manifestado su conformidad y apoyo para la extracción de material producto del uso de explosivos a nuestro cerro emblemático”.
Por otra parte, puntualizan tener conocimiento de acuerdos de asamblea para el cambio de destino de tierras con el fin de convertir el Cerro Gordo en una especie de zona urbana, lo que facilitaría la venta de predios, su posterior fragmentación y su uso como banco de material. Advierten que esto implica una contradicción absoluta con las autorizaciones de la Segam y una ficción jurídica para obtener los permisos de la Sedena.
En entrevista, el colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito destacó que el ejido Cerro Gordo ha frenado en anteriores ocasiones la destrucción de su cerro emblemático, recordando que ya se registraron detonaciones en 1985 y en el año 2000, además de un intento similar en 2017. Sin embargo, explicaron que desde 2018 se intentó dar un aprovechamiento al material que ya había quedado suelto, momento en el que comenzó la manipulación de la asamblea.
“Este ejido está muy controlado por los grupos de poder, controlado y manipulado (…) hicieron una asamblea de cambio de destino y de esa ubicaron 1 parcela , la asignaron y adquirieron el dominio pleno, seguramente fue vendida a los fraccionadores ya como propiedad privada en los últimos meses, el problema es que la zona de extracción abarca un polígono y la parcela otro, pero la zona que están deforestando es mucho más amplia, hay caminos, lechuguilla, cactácea, cambio de uso de suelo en todo el entorno, evidentemente procede una inspección y procederá la clausura en próximos días”.
