Estela Ambriz Delgado
Los comisariados ejidales de San José de los Guajes y sus anexos, municipio de Matehuala, así como de Guadalupito-La Biznaga, en Villa de Arriaga, solicitan la intervención de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para obtener un pago justo por las tierras que serán afectadas por el Entronque 75-D Matehuala, así como para que Mexicana de Técnicos en Autopistas (Meta) deje de criminalizarlos.
Durante la presentación del segundo informe de gobierno de la mandataria, el pasado 4 de septiembre en la capital del estado, integrantes de los comisariados de ambos ejidos hicieron entrega del documento al personal de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, el cual quedó registrado con el folio 092.
En el documento, los presidentes de los comisariados (José Guadalupe Quiroz Tovar, de San José de los Guajes, y Ascención Torres Martínez, de Guadalupito) exponen que, debido a inconsistencias graves en actas de asamblea y a un pago injusto que pretendía realizar la empresa, promovieron los juicios de amparo 1352/2025 y 598/2025, en los cuales se les otorgó la suspensión de plano.
Sin embargo, a pesar de la resolución judicial dictada el pasado 7 de abril por el Juzgado Primero de Distrito, las empresas de Grupo Valoran (Meta e Infraestructura Potosina de Carreteras) ingresaron desde el 1 de julio para realizar labores de remoción vegetal.
En la solicitud también informan que el pasado 18 de agosto se enteraron de que la empresa los denunció por los supuestos delitos de daño en las cosas, motín, asociación delictuosa y ataques a vías de comunicación, bajo la carpeta de investigación CDI/FGE/D01/39594/25.
Al respecto, negaron categóricamente dichos delitos y aseguraron que nunca han incendiado, dañado, bloqueado con violencia ni amenazado. Únicamente han informado en asambleas, con respeto y en ejercicio a su libertad de expresión.
“No existe asociación delictuosa. Lo que existe es una comunidad defendiendo su tierra. La coincidencia de ejidatarios en una asamblea no es delito”.
De igual forma, señalan que los ejidos no se oponen al proyecto de la autopista Entronque 75-D ni pretenden obstaculizar el desarrollo del país, a pesar de tratarse de una vía de peaje que beneficia a particulares.
Piden que se les pague un precio justo, exacto y digno por cada metro de tierra de uso común, agostadero y parcelas afectadas, y que el monto no sea fijado unilateralmente por la empresa, sino por una institución imparcial del Estado mexicano. Además, exigen que la construcción del trazo carretero se apegue a los lineamientos de la norma NOM-004-SEDATU-2023.
Por ello, solicitan de manera concreta la intervención del gobierno federal para garantizar la justicia agraria, instruyendo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) la instalación de una mesa de diálogo en Matehuala con los ejidos.
Asimismo, piden que se ordene a una institución imparcial realizar con urgencia el avalúo de las tierras afectadas por el derecho de vía y que se les garantice seguridad, alto a la criminalización y se les deje de perseguir penalmente por defender su tierra.
Como parte de sus gestiones, el 17 de agosto realizaron un recorrido junto con el representante estatal de la Procuraduría Agraria, Ricardo Enrique Rivera Sierra, en el que se constató el derribo y destrucción de decenas de ejemplares de flora nativa del desierto potosino.
Entre las afectaciones destaca la destrucción de ejemplares de biznaga burra y la sustracción de peyote, especies bajo protección especial conforme a la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.
A pesar de que el comisariado de San José de los Guajes y sus anexos presentó el pasado 13 de agosto una denuncia por daños ambientales contra las empresas de Grupo Valoran ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), hasta el momento no se ha obtenido respuesta ni notificación de inspección.
