Dr. Rodolfo Cisneros Almazán
En un artículo anterior señalé que la Zona Metropolitana de San Luis Potosí (ZMSLP) no solo enfrenta un problema de escasez: también pierde una proporción muy elevada del agua que introduce a su red. Esa agua se extrae, bombea, desinfecta y distribuye, pero una parte importante no llega a los usuarios o no genera ingresos para el organismo operador.
Frente a esta realidad, resulta sencillo afirmar que deben reducirse las Aguas No Contabilizadas, conocidas técnicamente como ANC. Lo difícil comienza cuando se pregunta cuánto cuesta hacerlo, quién debe pagarlo y qué decisiones políticas se requieren para sostener el esfuerzo durante varios periodos de gobierno.
Reducir las ANC no consiste únicamente en reparar las fugas visibles que aparecen en las calles. Requiere actualizar el catastro de la red, dividirla en sectores hidráulicos, medir caudales y presiones, localizar fugas ocultas, sustituir tuberías y tomas domiciliarias deterioradas, renovar medidores, detectar conexiones clandestinas e instalar sistemas de telemetría. También exige personal especializado, mantenimiento continuo y actualización permanente de la información (CONAGUA, 2015; Banco Mundial, 2018; UASLP-GUA, 2025).
En otras palabras: recuperar el agua perdida requiere inversión. Y no una inversión menor. Sin embargo, ese costo no debe compararse contra cero, sino con el costo de continuar extrayendo agua que se pierde; con la energía eléctrica necesaria para bombearla desde pozos cada vez más profundos; con los ingresos que no recibe el organismo; con el deterioro del acuífero y, finalmente, con el costo de perforar más pozos, construir presas o traer agua desde otras cuencas.
La pregunta correcta no es cuánto cuesta reducir las ANC, sino qué resulta más costoso para la sociedad: recuperar el agua que ya tenemos o buscar nuevas fuentes mientras perdemos una parte considerable en el camino.
Primero hay que invertir para saber
Uno de los principales obstáculos en la ZMSLP es que no conocemos con suficiente precisión qué proporción de las ANC corresponde a fugas físicas, submedición, errores administrativos, consumos no autorizados o tomas clandestinas.
En 2013, INTERAPAS reportaba 42% de agua no contabilizada: 29 puntos porcentuales atribuidos a fugas y 13 a pérdidas comerciales (INTERAPAS, 2013). Más de una década después, ese balance necesita actualizarse mediante macromedición, micromedición, sectorización y auditorías hídricas confiables, ya que no existe información pública reciente que permita conocer con precisión la magnitud actual de las pérdidas.
Esto significa que la primera decisión no debería ser sustituir indiscriminadamente kilómetros de tuberías. Antes se necesita invertir en información: conocer por dónde pasan las redes, cuánto entra a cada zona, qué presión existe, cuánto se consume y cuánto se pierde.
La solución que se da a nivel internacional a esta falta de información es la sectorización, la cual permite dejar de administrar la red como una gran caja negra. Al dividirla en áreas hidráulicamente controlables y medir cuánto entra y cuánto se consume en cada una, pueden localizarse las zonas críticas y decidir qué intervención ofrece más agua recuperada por cada peso invertido.
¿Cuánto puede costar?
No existe todavía un presupuesto público, actualizado e integral que indique cuánto costaría reducir las ANC de la ZMSLP, por ejemplo, de aproximadamente 50% a 30%. Existen diagnósticos, presupuestos generales y programas de inversión, pero no se identifica públicamente un programa metropolitano que relacione con claridad el dinero invertido, los sectores intervenidos y los metros cúbicos efectivamente recuperados.
El Presupuesto de Egresos de INTERAPAS para 2025 ascendió a 1,911 millones de pesos. De ese total, 294.2 millones se clasifican como inversión pública, equivalentes a poco más de 15% del presupuesto. En contraste, se destinan 335.6 millones de pesos a electricidad, 283.9 millones a deuda pública y adeudos de ejercicios anteriores, y 103.3 millones al reparto de agua mediante fletes y maniobras, fundamentalmente pipas (INTERAPAS, 2025). No obstante, la documentación disponible no se identifica que esa inversión corresponda a un programa integral de reducción de ANC ni se da a conocer cuántos litros por segundo se pretende recuperar con ella. Esta ausencia de información constituye por sí misma un problema público. La sociedad debería saber cuánto se invertirá, qué resultados se esperan y cómo serán verificados.
Una referencia nacional útil es el Programa de Mejoramiento Integral de la Gestión de Los Cabos, Baja California Sur. El proyecto contempló 36 sectores hidráulicos, sustitución de 49 kilómetros de tuberías, rehabilitación de 14,421 tomas domiciliarias, telemetría, macromedición y estudios de agua no contabilizada. A precios de enero de 2020 y sin IVA, se estimaron 134.9 millones de pesos para los sectores hidráulicos; 86.8 millones para sustituir tuberías; 61.1 millones para rehabilitar tomas domiciliarias, y alrededor de 30 millones para diagnósticos, proyectos, macromedición, telemetría y evaluación energética. En conjunto, el componente de eficiencia física representaba alrededor de 285 millones de pesos de inversión y cerca de 341 millones al incorporar operación y mantenimiento durante el horizonte de evaluación (OOMSAPAS Los Cabos, 2020).
Estos datos no pueden trasladarse directamente a San Luis Potosí, pero muestran que un programa serio no se resuelve mediante campañas ocasionales ni con inversiones menores. El estudio de Los Cabos estimó una reducción de pérdidas físicas cercana a 3.96 millones de metros cúbicos anuales. Este valor es un cálculo basado en la información del proyecto y no una tarifa oficial.
Una meta realista para la ZMSLP sería elevar la eficiencia de aproximadamente 50 a 70% en diez años, con la posibilidad de alcanzar 75% si los resultados técnicos y financieros lo permiten. Con base en la experiencia de Los Cabos, el programa requeriría una inversión del orden de 2,100 a 2,600 millones de pesos a precios de 2020, equivalente a invertir entre 207 y 258 millones anuales. Durante la etapa de ejecución, cada metro cúbico recuperado costaría alrededor de 13 pesos; sin embargo, una parte de ese costo regresaría al organismo mediante mayores ingresos, ahorro de energía, menores derechos de extracción y reducción del reparto en pipas.
La voluntad política también cuesta
Reducir las ANC exige decisiones políticamente difíciles. La primera es invertir en obras que casi nadie ve. Una presa o un acueducto pueden inaugurarse; una válvula, un macromedidor o una tubería enterrada tienen menor visibilidad electoral, aunque puedan recuperar más agua por cada peso invertido.
La segunda es sostener el programa durante varios gobiernos. La rehabilitación de una red metropolitana no cabe en un presupuesto anual ni puede comenzar nuevamente cada tres años.
La tercera es aceptar la medición y la transparencia. El éxito no debe evaluarse por el número de fugas reparadas o medidores instalados, sino por los litros por segundo recuperados y sostenidos, el costo por metro cúbico, la energía ahorrada y la mejora en la continuidad del servicio.
La cuarta es enfrentar las pérdidas comerciales. Regularizar tomas clandestinas, sustituir medidores y cobrar consumos reales puede provocar resistencia. Por eso deben establecerse tarifas sociales y mecanismos que protejan el derecho humano al agua sin tolerar la submedición, el desorden o los privilegios.
Un programa serio debería publicar, al menos, el porcentaje de ANC, las pérdidas reales por toma, el número de sectores hidráulicos operativos, la cobertura de macro y micromedición, el caudal mínimo nocturno, los litros por segundo recuperados, la energía ahorrada y el costo total por metro cúbico recuperado.
Reducir las ANC será costoso. Exigirá recursos durante varios años, capacidad técnica, disciplina administrativa y continuidad institucional.
Pero continuar perdiendo agua también cuesta: energía, infraestructura, ingresos públicos, deterioro del acuífero y desabasto para la población.
La voluntad política no se demuestra declarando que el agua es prioritaria para el Consumo Humano. Se demuestra presupuestando las soluciones, respetando la planeación técnica, publicando los resultados y manteniendo el esfuerzo más allá de un periodo de gobierno.
Reducir las pérdidas cuesta. Seguir perdiendo el agua, energía, el dinero y el tiempo cuesta mucho más.
Referencias
Banco Mundial. (2018). The use of performance-based contracts for nonrevenue water reduction: Operational manual. World Bank Group.
CONAGUA. (2015). Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento: Mejora de eficiencia física. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
INTERAPAS. (2013). Gestión del agua en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez. Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos.
INTERAPAS. (2025). Programas presupuestarios para el ejercicio 2025. Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos.
OOMSAPAS Los Cabos. (2020). Análisis costo-beneficio del Proyecto de Mejora Integral de la Gestión del OOMSAPAS Los Cabos, Baja California Sur.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Grupo Universitario del Agua. (2025). Agenda hídrica de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, Región Centro. UASLP.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
