Maria Ruiz
A más de dos años de la tragedia ocurrida en el antro Rich, donde dos jóvenes perdieron la vida y varios más resultaron lesionados tras la caída de un barandal durante un evento realizado sin los permisos correspondientes, padres de las víctimas acusaron que el Ayuntamiento de San Luis Potosí sigue sin aplicar el reglamento aprobado a raíz de esos hechos y reprocharon que el alcalde Enrique Galindo Ceballos no acudiera a una reunión que él mismo convocó.
El viernes 31 de julio, Ramón Infante Guerrero, padre de Manuel Alejandro, informó:
“El día de ayer teníamos una reunión con el alcalde de la capital, Enrique Galindo, en punto de las seis de la tarde y la verdad nos sorprendió el hecho de que no haya asistido cuando él fue quien nos convocó a las víctimas… coloquialmente ahí nos dejó plantados”.
Infante señaló que a la reunión acudió junto con otros dos padres de víctimas del caso Rich, según dijo, posteriormente supieron que el alcalde había asistido a un evento de carácter político en la Huasteca.
De acuerdo con Infante, el objetivo del encuentro era revisar la aplicación del Reglamento para el Ejercicio de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, aprobado por el Cabildo en junio de 2025 tras la tragedia del Rich, el cual contempla, entre otras medidas, una plataforma digital para que la ciudadanía pueda verificar si bares, antros y centros nocturnos cumplen con los permisos y requisitos para operar.
“Una vez que lo votaron en junio del 2025 simplemente se pusieron de pie, nombraron a Manuel y a Roy y guardaron dicho reglamento en algún archivo porque no lo han aplicado”, sostuvo.
El padre de la víctima afirmó que esta situación evidencia que las áreas municipales responsables de supervisar los establecimientos no están cumpliendo con sus funciones.
“No está funcionando el departamento de Comercio a cargo de Ángel de la Vega ni el departamento de Protección Civil donde está Alejandro Polanco”, expresó.
Asimismo, cuestionó la actuación del alcalde.
“¿Dónde está el profesionalismo del señor Galindo?… cosas importantes las deja de un lado para asistir a eventos sociales y políticos. No es congruente; aquí es donde se maneja el famoso doble discurso”.
Infante también criticó la estrategia jurídica que, afirmó, ha seguido el Ayuntamiento en las demandas promovidas por los familiares.
“Hay cinco demandas en contra del Ayuntamiento y tres contra el Gobierno del Estado. A algunos padres les contestan que ellos son los responsables por haber dejado ir a sus hijos a ese lugar y, en el caso de los jóvenes mayores de edad, que actuaron bajo su propia responsabilidad. Eso nos revictimiza”, señaló.
Añadió que, desde su perspectiva, la responsabilidad también alcanza a quienes tenían la obligación de supervisar el funcionamiento del establecimiento.
Incluso sostuvo que la falta de aplicación del reglamento responde a que una gran cantidad de establecimientos opera de manera irregular.
“Tenemos más de un 60 por ciento de antros irregulares. Muy pocos cumplen con el cien por ciento de los requisitos para funcionar. Si realmente existiera la plataforma lo podríamos comprobar”, aseguró.
Como parte de esta inconformidad, los familiares recordaron que el 24 de julio entregaron un escrito dirigido al presidente municipal, mismo que fue recibido por la Presidencia Municipal, según consta en el sello oficial del Ayuntamiento.
En la carta, fechada ese mismo día, Ramón Infante expresa su “decepción” porque, a poco más de un año de la aprobación del Reglamento de Comercio, Industria y Servicios Comerciales, “sigue sin funcionar ni ser aplicado” para las víctimas colaterales de la tragedia del Rich.
Además, lamenta que durante la sesión de Cabildo en la que fue aprobado el reglamento únicamente se mencionara el nombre de Manuel y de las demás víctimas para posteriormente, afirma, dejar archivado el instrumento sin ponerlo en marcha.
El documento también hace referencia a una reunión celebrada el 19 de junio de 2026 en la Unidad Administrativa Municipal, donde, según el padre de familia, funcionarios municipales les informaron que “no funciona la plataforma digital”, que “no es transparente” y que era necesario proteger los datos de los propietarios de los establecimientos, argumentos que, sostiene, han impedido el acceso público a la información prevista en el reglamento.
“No aplicar este reglamento es una respuesta por los motivos del Gobierno Municipal de la capital, basados en diversos argumentos de privacidad de información y secrecía. También se agradece el manifestar ‘no se aplicará’”, se lee en la parte final del documento.
Ramón Infante reiteró que las familias continuarán exigiendo que el reglamento sea implementado y que las autoridades municipales asuman las responsabilidades derivadas de la tragedia ocurrida en junio de 2024, mientras los procesos judiciales relacionados con el caso continúan su curso.
