María Ruiz
La revisión de la prisión preventiva de las personas imputadas por los hechos ocurridos en el antro Rich volvió a generar diferencias durante una audiencia celebrada el pasado lunes 26 de octubre. La diligencia fue diferida al próximo 3 de noviembre, luego de que la defensa y el juez de control discreparan sobre la posibilidad de reabrir el debate para resolver si deben continuar privadas de la libertad.
Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes que perdió la vida y víctima indirecta del homicidio de su hijo, informó que la discusión derivó en la suspensión de la audiencia, mientras se solicita al Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí que precise cómo debe cumplirse la resolución emitida dentro del juicio de amparo 1696/2026-VI.
De acuerdo con la explicación proporcionada por Infante, la defensa consideró que el juez de control ya no podía volver a abrir el debate sobre la medida cautelar, mientras que el juzgador sostuvo que sí tenía facultades para hacerlo. Ante esa diferencia, decidió suspender la diligencia y consultar a la autoridad federal para determinar cómo proceder.
En un documento judicial, fechado el 22 de octubre de 2026, que corresponde a un citatorio del Juzgado Sexto de Distrito para notificar y emplazar a las partes respecto de una determinación dictada el 19 de octubre dentro del amparo promovido por los tres implicados en el caso, se identifica como acto reclamado la resolución emitida durante la audiencia de revisión de medida cautelar del 14 de agosto de 2026, correspondiente a la causa penal 1411/2024.
La controversia se relaciona con la revisión de las condiciones bajo las cuales las personas imputadas deben permanecer en prisión preventiva.
Infante explicó que el amparo establece la necesidad de revisar nuevamente y con mayor exhaustividad si los imputados deben continuar privados de la libertad, pero aclaró que esto no representa, por sí mismo, una orden de liberación ni un cambio automático de la medida cautelar.
Por su parte, los abogados que representan a las víctimas consideran improcedente modificar la medida, debido a los delitos por los que se acusa a los imputados. De acuerdo con la información que Infante compartió, las víctimas reprobaron las acciones de la defensa y expresaron su inconformidad ante los intentos de reabrir la discusión sobre su permanencia en prisión.
La familia de una de las víctimas mortales manifestó que se mantiene a la espera del inicio del juicio oral y expresó su confianza en la determinación que emita el juez, así como en el trabajo de la Fiscalía General del Estado para que el proceso avance y se determinen las responsabilidades correspondientes.
El caso se remonta al 7 de junio de 2024, cuando colapsó el barandal de la zona de acceso del antro Rich, ubicado en la plaza Alttus, al poniente de la capital potosina. En ese momento, decenas de jóvenes se encontraban en el establecimiento para asistir a un evento musical. El desplome provocó que varias personas cayeran desde una altura superior a los 10 metros; dos jóvenes murieron y otras personas resultaron lesionadas.
Por estos hechos, Ulises N., Francisco N. y Nancy N. fueron vinculados a proceso en junio de 2024 por los delitos de homicidio culposo por omisión y lesiones culposas por omisión.
A más de dos años de los hechos, el señor Infante enfatizó que las familias de las víctimas continúan a la espera de que el procedimiento penal llegue a juicio oral y se esclarezcan las responsabilidades por las muertes y lesiones ocurridas en el establecimiento.
