Por Victoriano Martínez
Si la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Isabel Leticia Vargas Tinajero, puede ocultar ante la prensa el costo del paso a desnivel de la Arena Potosí, es porque durante todo el sexenio lo ha hecho y no sólo como evasivas a las preguntas de los reporteros, sino como reincidente violadora de la Ley de Transparencia.
Cualquier persona, no sólo los periodistas, tiene reconocido en la Constitución y en las leyes de transparencia el derecho a conocer el costo preciso de todas las obras como la que este miércoles se inauguró en el Boulevard Antonio Rocha Cordero a la altura de la Feria Nacional Potosina.
Todas las entidades gubernamentales tienen la obligación de publicar la información completa relacionada no sólo con las obras sino también con todo tipo de adquisiciones. Así se los ordena la Ley de Transparencia estatal en la fracción XXXIV del artículo 84, y la Ley General de Transparencia en la fracción XXVI del artículo 65.
Cada mes, la SEDUVOP y la mayoría de las dependencias estatales violan esa determinación de la ley local, en tanto que cada tres meses lo hacen contra la disposición de la Ley General, de acuerdo con los plazos de actualización de la información que cada una de esas normas establece.
Si la SEDUVOP, como la mayoría de las dependencias estatales, no fuera una reincidente violadora de las dos leyes de transparencia, ni siquiera existiría la necesidad de que los reporteros le preguntaran sobre el costo de la obra cuando ésta se inaugura. El dato estaría disponible para todo el público y los periodistas podrían informarlo sin problema.
Visto así, ahora que se encuentra en proceso de renovación la Ley de Transparencia estatal se puede considerar como un área de oportunidad para favorecer el derecho de acceso a la información pública establecer medidas que garanticen el cumplimiento de ese tipo de obligaciones de transparencia.
Lamentablemente lo que se observa en la iniciativa presentada este martes ante el Congreso del Estado para la nueva Ley de Transparencia es que la gallardía vio en la renovación de la norma un área de oportunidad… ¡pero para reforzar su opacidad!
El procedimiento de verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, cuya razón de ser es que el organismo garante cuente con medidas de apremio que le permitan hacer que los entes públicos cumplan con la publicación de la información, se mantiene prácticamente en los mismos términos: oficiosa y periódica sin establecer la periodicidad.
También mantiene el derecho de la población a denunciar los incumplimientos, pero sin ninguna medida que refuerce la capacidad del garante de hacer cumplir la obligación, con la agravante de lo poco confiable que puede resultar el procedimiento, dado que está a cargo del propio ente denunciado a través de su órgano interno de control.
Si con una Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) autónoma, la SEDUVOP, y la mayoría de las dependencias estatales, podían incumplir esas obligaciones con total impunidad, poco se puede esperar del esquema actual del procedimiento de denuncias por incumplimientos.
La SEDUVOP, y la mayoría de las dependencias estatales, podrán continuar con su incumplimiento de la Ley y aparentar que obedecen la disposición legal con simplemente incorporar un archivo en el que reporten que “no se generó” la información.
Así, en lugar de poder localizar toda la documentación del proceso de licitación de obras como el paso a desnivel de la Arena Potosí, quien consulte la Plataforma Estatal de Transparencia (PET) lo que encontrará en los reportes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio será un archivo Excel que señalará que “no se generó” la información. El archivo de julio está por publicarse.
Se trata de la respuesta oficial que le da la SEDUVOP a una obligación legal, no a periodistas que la cuestionan. En tal virtud, tiene el carácter de un informe oficial sobre sus actividades y es un acto de rendición de cuentas, por lo que, en consecuencia, se trata de que formalmente la SEDUVOP reporta que no ha hecho licitaciones para sus obras.
De acuerdo con los montos para obra pública y servicios relacionados para el año 2026, en el Estado toda obra con un costo mayor a 4 millones 260 mil pesos debe ser adjudicada por licitación pública. La construcción del paso a desnivel de la Arena Potosí debió licitarse.
La afirmación de la SEDUVOP en la PET en el sentido de que no ha generado información sobre licitaciones muestra sólo su actitud de opacidad impune, sino que la impunidad le alcanza para también incumplir la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con los riesgos que ese opaco proceder representan para el desvío de recursos.
