Fernanda Durán
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) iniciaron este viernes la apertura de auditorías a los 59 municipios de San Luis Potosí bajo un esquema de coordinación que pretende alcanzar una cobertura superior al 90 por ciento de los recursos ejercidos y, de manera gradual, extender las revisiones al resto de los entes públicos del estado.
El ejercicio deriva del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado, firmado el pasado 29 de junio. Aureliano Hernández Palacios Paredes, titular de la ASF, explicó que forma parte de una reestructuración nacional mediante la cual se busca sustituir las revisiones limitadas a determinadas muestras o fondos por auditorías integrales.
Anteriormente, señaló, la cobertura de la ASF podía ubicarse entre 20 y 30 por ciento, mientras que la meta para este año es alcanzar entre 90 y 95 por ciento a nivel nacional, con revisiones a entes federales y estatales y la intención de llegar también a todos los municipios del país.
En San Luis Potosí, la colaboración con el IFSE permitirá aumentar el alcance de las muestras. Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del organismo estatal, aseguró que este cuenta con capacidad para revisar muestras superiores al 95 por ciento, por lo que la combinación de ambos esquemas permitirá una cobertura conjunta mayor al 90 por ciento.
Hernández Palacios Paredes detalló que el nuevo modelo contempla revisar el gasto ejercido, el desempeño de las instituciones y su gestión financiera, en lugar de concentrarse únicamente en fondos previamente seleccionados.
Para ello, la ASF solicitará información sobre compras gubernamentales, contratos con proveedores y empresas de obra pública, así como nóminas, que posteriormente será cruzada con bases de datos federales. A partir de esos datos se elaborarán modelos de riesgo para determinar qué operaciones requieren una revisión más detallada.
El auditor federal agregó que también pueden fiscalizar aportaciones estatales cuyo origen sea federal, entre ellas participaciones, además de revisar posibles faltas graves relacionadas con la actuación de servidores públicos.
Una vez formuladas las observaciones, los entes tendrán oportunidad de presentar documentación para solventarlas. Aquellas que permanezcan sin aclarar serán incorporadas a los informes correspondientes y, dependiendo de los hallazgos, podrán derivar en acciones ante tribunales o denuncias penales.
Los resultados de las revisiones municipales formarán parte del tercer informe que la ASF deberá entregar a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero del próximo año.
Los municipios constituyen la primera etapa de aplicación del convenio. Lecourtois López explicó:
“En un transcurso de dos o tres años máximo, estemos auditando ya, no nada más municipios, sino la totalidad del estado de San Luis Potosí, incluyendo entes autónomos y gobierno del estado”.
El titular del IFSE dijo esperar que los ayuntamientos entreguen la documentación requerida y consideró que la ampliación de las auditorías también representa una oportunidad para demostrar el manejo de los recursos públicos. No obstante, reconoció que será durante el desarrollo de las revisiones cuando pueda conocerse el grado de colaboración de cada administración.
Hernández Palacios Paredes también fue cuestionado sobre el conflicto entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el IFSE por la fiscalización de sus ingresos propios. El auditor federal no respondió específicamente si el organismo estatal tiene competencia para revisarlos y se limitó a explicar que el nuevo modelo de la ASF busca realizar auditorías integrales y que puede revisar recursos de origen federal, incluidas participaciones canalizadas a través de los estados.
La universidad reconoce la fiscalización de la ASF sobre los recursos federales que recibe, pero cuestiona las facultades del organismo estatal para revisar sus ingresos autogenerados, como cuotas estudiantiles, rentas y otros conceptos, al considerar que corresponden a sus mecanismos internos de control.
El IFSE sostiene, por el contrario, que al tratarse de ingresos de una institución pública también deben someterse a fiscalización externa. La diferencia ha derivado en diversos procedimientos judiciales, entre ellos una controversia constitucional cuyo desechamiento fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que ésta analizara el fondo de la disputa sobre la competencia para auditar los recursos propios.
