Fernanda Durán
El Partido Acción Nacional (PAN) analiza la posibilidad de promover una acción de inconstitucionalidad contra la reforma electoral aprobada este miércoles por el Congreso del Estado para reducir a 20 días las precampañas, mientras que al interior del partido surgieron diferencias respecto a la modificación de los requisitos para ocupar la titularidad de las fiscalías de San Luis Potosí.
La senadora y dirigente estatal con licencia del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, informó que solicitó al área jurídica del partido revisar las vías legales disponibles contra la reforma electoral, al considerar que la reducción de los periodos de precampaña genera condiciones desiguales entre quienes ya ocupan cargos públicos y quienes buscan posicionarse por primera vez.
La reforma aprobada con 13 votos a favor y 10 en contra establece un periodo de 20 días para las precampañas de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. Con ello, el periodo para la gubernatura pasa de 40 a 20 días y el correspondiente a diputaciones y ayuntamientos se reduce de 25 a 20.
Rodríguez calificó la modificación como un retroceso y consideró que puede favorecer a quienes actualmente ocupan cargos públicos y cuentan con una mayor exposición frente a posibles aspirantes que no se encuentran en esas condiciones.
“Lo de ayer fue un atentado a la democracia porque limita para algunos que pudieran participar libremente y querer y pretender representar a ciudades, a municipios o espacios distritos, por ejemplo, creo que con tan poco tiempo de campaña estarían en ventaja quienes se encuentran gobernando, quienes tienen recursos públicos a la mano, quienes pueden hacer giras indiscriminadas a cualquier cargo gubernamental, pero con aspiraciones futuras”.
El diputado local panista Rubén Guajardo Barrera coincidió en el rechazo a la reducción de las precampañas. El legislador votó en contra de la reforma y señaló:
“Reducir los espacios de precampaña quita competitividad, en este caso para el PAN, que somos oposición, y que en las precampañas se busque conocer a los precandidatos en las diferentes propuestas, ya sea para diputados locales, alcaldías y gobernadores”.
Guajardo también confirmó que se encuentra sobre la mesa una posible acción de inconstitucionalidad, aunque explicó que tendría que ser promovida con la participación de la dirigencia nacional del PAN.
Rodríguez y Guajardo mostraron posturas distintas respecto a la otra reforma aprobada este miércoles, mediante la cual se modificó el artículo 122 Bis de la Constitución local para establecer requisitos específicos para ocupar la Fiscalía General del Estado, así como las fiscalías especializadas.
La modificación fue aprobada con 17 votos a favor y seis en contra. Entre quienes la respaldaron estuvieron los diputados panistas Rubén Guajardo Barrera y Marcelino Rivera Hernández.
Rodríguez cuestionó la rapidez con la que se procesó la reforma y señaló que, antes de la votación, no hubo una discusión del tema entre la dirigencia estatal y los diputados locales del PAN.
La senadora señaló que la forma en que se presentó la modificación le generó dudas sobre la necesidad de procesarla con rapidez.
“Considero que en San Luis Potosí ya están tomando esa costumbre de hacer trajes a la medida. No me gustaría malpensar que lo que ocurrió es un traje a la medida para alguien. Ojalá que no sea así”.
Rodríguez explicó que actualmente se encuentra de licencia como presidenta estatal del PAN y, por ello, no intervino en la decisión de la bancada. Sin embargo, señaló que después de la votación preguntó a los legisladores las razones de su respaldo.
“Como fue de un día para otro, en Acción Nacional no tuvimos el debate con los diputados locales. Posterior a la votación sí hubo una plática de por qué votaron así”.
De acuerdo con Rodríguez, los diputados panistas argumentaron que se trató de una armonización legislativa, explicación que dijo no compartir completamente.
“Yo no puedo decirles nada porque no soy presidenta. Pero yo creo que pues bueno no me satisface esa armonización”.
Guajardo, por su parte, mantuvo precisamente esa explicación y sostuvo que la modificación era necesaria debido a que la Constitución local vinculaba los requisitos para ocupar las fiscalías con aquellos establecidos para las magistraturas, los cuales cambiaron a partir de la elección popular de integrantes del Poder Judicial.
“Eso se nos había pasado, armonizar los requisitos para poder ser fiscal general del Estado, fiscal anticorrupción y fiscal electoral, porque había quedado en la cuestión que sean los mismos requisitos que para ser magistrado. Pero hoy los magistrados ya son de elección popular, entonces lo único que se hizo fue armonizar todo, como está a nivel federal, se hizo a nivel local”.
Ante los cuestionamientos que ha generado la reforma, Guajardo insistió en que el alcance de la modificación se limita a los requisitos para acceder a las fiscalías.
“Invito a todos los juristas que han estado, digo, polemizando este tema, a que lo analicen. La verdad es que solamente se armonizó”.
La reforma a la Fiscalía había generado cuestionamientos desde antes de llegar al Pleno debido a los cambios que tuvo el dictamen después de su aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales. La versión aprobada el 6 de agosto incluía un artículo transitorio relacionado con la continuidad del nombramiento y periodo de la actual fiscal, María Manuela García Cázares; posteriormente circuló otra versión en la que dicho transitorio ya no aparecía.
