Fernanda Durán
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) volvió a requerir al Congreso del Estado información relacionada con la no aceptación de la Recomendación 04/2024, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a favor de María de Jesús Almendárez Prieto, “Marichuy”, un asunto que la propia víctima ha denunciado desde principios de este año por la falta de fundamentación de la negativa y porque las medidas de reparación permanecen pendientes.
La reiteración de la Primera Visitaduría General de la CNDH fue reportada este lunes dentro de la correspondencia de la Diputación Permanente del Congreso del Estado. El oficio había sido turnado desde el 13 de agosto a la Comisión de Derechos Humanos y al Instituto de Investigación y Evaluación Legislativas “Diputada Matilde Cabrera Ipiña”, con copia a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos.
La intervención de la CNDH incorpora ahora al organismo nacional al seguimiento de un conflicto que se mantiene abierto desde la Recomendación 04/2024, la primera que la CEDH dirigió al Congreso de San Luis Potosí.
La Recomendación 04/2024 derivó de la queja presentada por Almendárez Prieto por la actuación del entonces diputado Eloy Franklin Sarabia. Los hechos se remontan al 4 de junio de 2021, cuando Marichuy acudió a la oficina del legislador, quien entonces formaba parte de comisiones relacionadas con derechos humanos e igualdad de género, para solicitar apoyo institucional.
De acuerdo con la investigación realizada por la CEDH, durante aquel encuentro Franklin Sarabia interrumpió reiteradamente a la víctima, le impidió expresarse, realizó comentarios despectivos y grabó la conversación sin su consentimiento.
Tras analizar los hechos, el organismo acreditó violaciones relacionadas con los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica y el principio de legalidad, por lo que emitió la Recomendación 04/2024 al Congreso del Estado.
Entre las medidas planteadas se encontraba la reparación integral del daño conforme a la legislación de atención a víctimas; la elaboración de un protocolo para atender a personas víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos; la capacitación de las y los integrantes del Congreso; así como la investigación de los hechos para determinar posibles responsabilidades administrativas.
El Congreso no aceptó la recomendación y, aunque posteriormente el asunto fue remitido a las comisiones de Derechos Humanos, Gobernación y Primera de Justicia, la determinación no se modificó ni se concretaron las medidas de reparación planteadas por la CEDH.
La solicitud que ahora reitera la CNDH ocurre después de que, desde principios de este año, Marichuy hiciera públicas diversas irregularidades que atribuye al procedimiento mediante el cual el Congreso rechazó la recomendación.
Entre ellas señaló que no recibió una fundamentación y motivación suficiente sobre las razones de la negativa y cuestionó el tratamiento legislativo que se dio al expediente. También denunció un desfase en las notificaciones: fue informada formalmente por la CEDH hasta el 15 de enero de 2026, aunque los documentos que recibió mostraban actuaciones del Congreso fechadas desde octubre de 2025.
La víctima también ha sostenido que, pese a que la propia CEDH acreditó las violaciones a sus derechos y emitió medidas para repararlas, posteriormente no recibió del organismo el acompañamiento que esperaba frente al rechazo del Poder Legislativo.
Con el nuevo oficio, el Congreso deberá atender otra vez el requerimiento de la Primera Visitaduría General y proporcionar información sobre la no aceptación de la Recomendación 04/2024.
A casi dos años de la emisión de la Recomendación 04/2024, el caso que comenzó como un señalamiento por violaciones a derechos humanos cometidas contra Marichuy por un integrante del propio Congreso suma ahora un requerimiento reiterado de la CNDH para conocer las razones y actuaciones relacionadas con la negativa del Poder Legislativo.
