Estela Ambriz Delgado
Comerciantes y familias afectadas por la construcción del Entronque 75-D Matehuala en el tramo de San Elías – Crucero Villa de Arista, enviaron una solicitud a las oficinas centrales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones, y Transportes (SICT) en la Ciudad de México, para que se sustituya el cierre total por un paso controlado de un carril, dadas las pérdidas económicas que enfrentan.
A través de un documento dirigido a la encargada de la Dirección General de Desarrollo Carretero en la Subsecretaría de Infraestructura de la SICT, informan que en respuesta a su escrito de inconformidad por el cierre de la carretera libre, derivado de las obras de mantenimiento a cargo de la concesionaria Mexicana de Técnicos en Autopistas (Meta), Asuntos Jurídicos del Centro SICT San Luis Potosí les indicó que la autorización de estas fue emitida por la Dirección General y corresponde al área central resolver.
Asimismo, el sector del autotransporte, los comerciantes de la vía libre y los vecinos de la zona reconocen la necesidad técnica de ejecutar la conservación mayor del Puente San Elías, sustentada en el dictamen del 02 de mayo de 2026, y no pretenden impedirla ni retrasarla dado que saben es benéfico.
Por ello la inconformidad se dirige exclusivamente a la decisión de ejecutar un cierre total durante aproximadamente tres meses, sin que se haya acreditado que esa es la única alternativa técnicamente viable frente a un paso controlado por un solo carril, práctica que la propia SICT aplica de manera común en otras carreteras del país durante obras de conservación de similar naturaleza.
Las y los afectados puntualizan que, el cierre total como fue autorizado, coloca a los usuarios de la vía (y en particular al transporte pesado) frente a dos alternativas igualmente gravosas: incorporarse a la vía de cuota operada por Meta y pagar un peaje que actualmente puede evitarse mediante el uso legal de la vía libre, o ingresar a la ciudad pese a las restricciones municipales aplicables a vehículos pesados, con el consecuente riesgo de multas, congestión y accidentes.
De igual forma indican que, la afectación que representa el cierre total de una vía federal no es hipotética, y ejemplifican con un cierre programado del pasado 28 de mayo de 2026 en la carretera federal 57, tramo San Luis Potosí–Matehuala (km 135+000 a 136+000, parador La Estancia), por trabajos de montaje de trabes requirió el despliegue de la Guardia Nacional y de pasos laterales para mitigar la congestión generada incluso por una interrupción de apenas 60 minutos.
Advierten que, un cierre total de tres meses en el entronque San Elías multiplicaría ese efecto de manera continua, con consecuencias económicas y de movilidad muy superiores para la zona conurbada de San Luis Potosí.
Las y los comerciantes, sustentan su solicitud en diversas disposiciones plasmadas en la Constitución Política, Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y la Ley de Vías Generales de Comunicación, que obligan a que el cierre sea necesario, temporal, proporcional, técnicamente justificado y acompañado de medidas que preserven la movilidad, evitando trasladar a los usuarios el costo de la obra o el riesgo de sanciones municipales.
Se subraya que, la ausencia de una vía alterna libre durante el cierre total configura una afectación directa al artículo 30 de la LCPAF y al artículo 44 de la LVGC.
En el documento las y los afectados hacen una propuesta de solución técnica, de paso controlado por un carril. Solicitan que se instruya a Meta a ejecutar la conservación mayor del Puente San Elías, manteniendo un carril habilitado para la circulación en ambos sentidos, mediante bandereo, semaforización temporal u obra por etapas.
Indican que dicho esquema es el que se aplica de manera habitual en carreteras federales del país durante trabajos de mantenimiento estructural, en lugar de decretar el cierre total de la gaza de salida.
De acreditarse mediante dictamen técnico que el paso por un carril no es viable por razones de seguridad estructural, solicitan salida temporal hacia la vía libre, construida y habilitada por Meta antes del cierre, con la geometría y señalamiento adecuados para vehículos pesados, sin costo para los usuarios.
Así como libre paso temporal por el tramo indispensable de la vía de cuota, mediante tarifa cero, exención o dispositivo equivalente, durante todo el periodo de la obra; y una ruta urbana oficialmente autorizada, coordinada previamente con el municipio, con excepción expresa a las restricciones de circulación de carga pesada, y garantía de que los vehículos no serán sancionados.
Para finalizar, piden se resuelva en cumplimiento del Oficio No. 6.23.413.732/2026, la modificación solicitada al esquema de cierre autorizado mediante Oficio No. 3.4.-1907, sustituyendo el cierre total por un paso controlado de un carril durante la conservación mayor del Puente San Elías; y que no se ejecute el cierre total de la gaza hasta contar con una alternativa libre, segura, legal y operativamente viable, en cumplimiento del artículo 30 de la LCPAF.
Asimismo, piden que se realice de inmediato el estudio de viabilidad del paso por un solo carril y, de no ser procedente por causas estructurales, se instruya a Meta a ejecutar las medidas subsidiarias; proporcione copia o versión pública del proyecto ejecutivo, el programa de obra, el plan de manejo de tránsito y el análisis de rutas alternas correspondientes al cierre autorizado.
También solicitan que se informe si se evaluó el incremento estimado de ingresos por peaje para META durante el periodo de cierre, y qué medidas se adoptarán para evitar una canalización forzada del tránsito hacia la vía de cuota; y que se identifique a la autoridad, contratista o concesionaria responsable de la obra y se publique una fecha cierta de inicio, conclusión y reapertura total del entronque.
“No nos oponemos a la conservación del Puente San Elías; nos oponemos a que, por la forma de ejecutarla, se elimine la opción libre de circulación. La obra debe realizarse (y la respaldamos) pero con una solución que, como ocurre en la generalidad de las carreteras del país durante trabajos de mantenimiento, permita el paso continuo de los usuarios, proteja la seguridad vial y evite trasladar a los transportistas, comercios y comunidades de la zona el costo económico de una decisión que, dado el momento económico actual, representa una afectación considerable para la región”, concluyen.
