Desiree Madrid
La Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció haber recibido un par de querellas relacionadas con posibles fraudes inmobiliarios en San Luis Potosí, de acuerdo con la titular de la institución, María Manuela García Cázares, quien señaló que se trata de un delito contemplado en el Código Penal cuando una persona arrienda un inmueble que no le pertenece. La declaración surgió al ser cuestionada sobre el número de investigaciones o reportes abiertos por casos en los que alguien renta una propiedad ajena o incumple un contrato de arrendamiento.
“Yo creo que no tenemos más que alguna o dos querellas”.
El señalamiento de la fiscal se refiere específicamente a las querellas que la institución tiene por este tipo de hechos y no a la totalidad de conflictos relacionados con propiedades, arrendamientos o despojos. La funcionaria tampoco proporcionó, durante esa declaración, mayores detalles sobre los expedientes, como el monto involucrado, el número de inmuebles afectados o el estado que guardan las investigaciones.
El tema de los fraudes inmobiliarios y el despojo ha sido abordado anteriormente por el abogado Jorge Chessal Palau, expresidente del Capítulo San Luis Potosí de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, quien ha señalado que desde 2011 existen antecedentes de prácticas relacionadas con operaciones irregulares sobre inmuebles. Entre los mecanismos que ha referido se encuentran la falsificación de escrituras y el uso de poderes presuntamente irregulares para realizar operaciones sobre propiedades.
En una entrevista publicada anteriormente por Astrolabio Diario Digital, Chessal Palau expuso casos en los que se habrían utilizado documentos cuya autenticidad podía ser cuestionada, además de referir la existencia de poderes atribuidos a personas que ya habían fallecido. Estos señalamientos forman parte del contexto en el que abogados han advertido sobre posibles fraudes y despojos relacionados con la propiedad inmobiliaria en San Luis Potosí.
La declaración de la fiscal, sin embargo, establece que en lo que corresponde a las querellas por el supuesto fraude derivado del arrendamiento de inmuebles ajenos, la Fiscalía tiene identificados únicamente “alguna o dos” casos. La funcionaria explicó que este tipo de conducta puede encuadrar en el delito de fraude conforme a lo establecido en el Código Penal, aunque no precisó qué otros delitos podrían configurarse en situaciones distintas relacionadas con la posesión o disposición irregular de un inmueble.
De esta manera, mientras la Fiscalía reporta un número reducido de querellas específicamente por el arrendamiento de propiedades que no pertenecen a quien las ofrece, abogados como Chessal Palau han documentado desde años atrás otros mecanismos vinculados con fraudes inmobiliarios y despojos.
