Estela Ambriz Delgado
Ejidatarios y ejidatarias de la comunidad de Bledos, en Villa de Reyes, piden la intervención de la Procuraduría Agraria (PA) ante diversas acciones que el comisariado ha llevado a cabo para emprender acciones legales contra el decreto de Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Sierra de San Miguelito, financiadas con recursos federales de programas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
Derivado de una solicitud enviada al representante estatal de la PA, Ricardo Enrique Rivera Sierra, sostuvieron una reunión con él y con personal de la dependencia, así como con el director del APFF Sierra de San Miguelito de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Luis Enrique Rodríguez Sánchez, en la que solicitaron una opinión jurídica a las oficinas centrales sobre la situación del núcleo agrario respecto al decreto.
En el documento, exponen que forman parte del APFF y que, a pesar de que en 2024 colaboraron en un proyecto de Vigilancia y Monitoreo Comunitario apoyado por la Conanp (autorizado por la misma asamblea ejidal), tienen conocimiento de que personas ajenas al ejido promueven un conflicto interno.
Dicho conflicto se habría gestado mediante información falsa que apunta a que el decreto los despoja y altera su territorio ejidal, por lo que la mesa del comisariado plantea realizar una asamblea para parcelar la tierra y privatizarla, además de solicitar cuotas económicas a los ejidatarios y utilizar recursos de programas federales como los manejados por la Conafor, entre otros.
Asimismo, en su escrito solicitan que la opinión técnica defina si la resolución presidencial que dota a este ejido fue modificada o alterada por el decreto referido, y si los derechos de posesión y propiedad de las tierras ejidales se mantienen en los términos establecidos por su Asamblea de Delimitación, Asignación y Destino de Tierras (ADDAT).
También piden esclarecer si es procedente el uso de recursos públicos provenientes de programas federales para financiar juicios y demandas agrarias o de cualquier naturaleza en contra del APFF Sierra de San Miguelito, así como realizar mediante asamblea el cambio de destino de tierras de uso común a parcelas y adquisición de dominio pleno sin cumplir las formalidades de la Ley Agraria y los lineamientos de la PA.
En la audiencia con Rivera Sierra, el director del APFF mencionó que se han emitido comentarios que confunden a la población respecto al decreto. Por su parte, las y los ejidatarios apuntaron que quien ha difundido información falsa es una abogada llamada Candelaria Elizabeth Hernández Moctezuma, quien en su momento laboró para la construcción de la carretera y es aliada del actual comisariado.
En la minuta correspondiente a la reunión, la Procuraduría Agraria informó que otorgará a la brevedad la opinión solicitada y pidió realizar las gestiones para que la representación estatal acuda al núcleo agrario a fin de que, en conjunto con la Conanp, se dé a la asamblea una amplia explicación del documento y otros temas en la materia.
