Por Victoriano Martínez
La defensa del territorio, sea en cuanto a su posesión, o a la protección de sus recursos ambientales y hasta a la preservación de patrimonio arquitectónico, cada día cuenta con mayor apertura a las voces de la población que se podría ver afectada con cada vez más posibilidades de que se le tome en cuenta.
La tercera sesión de la Mesa Ambiental 2026, realizada este jueves en la Representación estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con la participación del colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito y representantes del ejido Bledos, es una muestra de eso.
Y es que no sólo hubo la participación de esas dos representaciones de la población, sino que además se trataron denuncias de otros ejidos sobre afectaciones ambientales en sus territorios que formaron parte de la agenda de la reunión.
Un ejercicio en el que no sólo se le dio voz a la población, sino que se convirtió en un foro para una rendición de cuentas.
Así, se cuestionó la falta de atención a la denuncia por la contaminación del río Santa Catarina presentada por la presidencia de San Nicolás Tolentino y por la falta de suministro de agua al ejido Puerto La Descubridora a pesar de una orden judicial a la Comisión Estatal del Agua (CEA) para dotarles del servicio.
Se denunciaron atentados ecológicos por parte de la concesionaria de la autopista de cuota a Matehuala en los ejidos San José de los Guajes en el municipio de Matehuala y Ejido Guadalupito en Villa de Guadalupe.
Se cuestiono a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), si a partir de la denuncia se inició un procedimiento administrativo, o un expediente de investigación, o una visita de inspección, o cualquier otra actuación. Es decir, a la voz de los posibles afectados se le debe dar seguimiento.
Cuestionamientos que son impulso como en otros casos en los que la dependencia federal ha reaccionado favorablemente hacia la población, como en el caso del Ejido Corcovada, donde la PROFEPA clausuró obras de barrenación minera, remoción de plantas, apertura de caminos y brechas no autorizadas.
En el propio proyecto “Autopista Entronque 75D- Matehuala”, la PROFEPA aplicó otra clausura en el ejido El Peyote, del municipio de Guadalcázar por remoción de cactáceas, especies protegidas, y cambio de uso de suelo no autorizado, que son afectaciones similares a las de los ejidos San José de los Guajes y Guadalupito.
La semana pasada, la PROFEPA clausuró los trabajos de un banco de materiales en el ejido Cerro Gordo, en el municipio de Zaragoza, y este jueves 27 de agosto realizó una clausura más por la apertura de brechas, con una afectación de2 mil 365 metros cuadrados, con lo que se le cierra el paso a la empresa Hoganza para continuar la depredación del cerro.
El caso del Cerro Gordo muestra que los afectados cada vez cuentan con más argumentos para la defensa de sus territorios, al recurrir al apoyo de especialistas que, en este caso, promueven la protección de su montaña con informes realizados por especialistas.
Para la defensa ambiental, el Comité de Defensa del Cerro Gordo presentó un “Reporte y ubicación de daños ambientales en torno a Cerro Gordo”, elaborado por el agro ecólogo Pedro Nájera Quezada, en tanto que presentaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) una propuesta de investigación arqueológica., elaborada por elaborado por Adolfo Rojano Guido, doctorante en Ciencias del Hábitat
“La evidencia disponible permite plantear, como hipótesis de trabajo, un territorio utilizado para diferentes actividades y posiblemente en distintos momentos, entre ellas campamento, manufactura lítica, cacería, circulación, uso del fuego, observación del entorno y posibles prácticas funerarias”, concluyó Rojano guido en su estudio.
La defensa del territorio cada vez cuenta con más argumentos que comienzan a dejar en el pasado el avasallamiento con el que proyectos industriales, carreteros y de urbanización pasaban por encima de ejidos y comunidades, no por oponerse al progreso y la modernización, sino porque están conscientes de lo que representa su patrimonio territorial, ambiental y cultural.
