Estela Ambriz Delgado
La Representación estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que, en la tercera sesión de la Mesa Ambiental 2026, se abordaron temas como la contaminación del río Santa Catarina, los daños ambientales por el proyecto carretero de cuota Entronque 75-D Matehuala en diversas localidades y las denuncias del ejido Cerro Gordo en el municipio de Zaragoza.
La dependencia llevó a cabo la mesa de trabajo el miércoles 26 de agosto en sus oficinas. La reunión estuvo encabezada por su titular, Angélica Montañez Rivera, con la asistencia del representante de la Procuraduría Agraria (PA), Enrique Rivera Sierra, así como funcionarios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).
A la sesión también asistieron directores de áreas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el presidente del Consejo Hídrico Estatal, Jonathan Quintero García, personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), de Ecología del Ayuntamiento de San Luis Potosí, de la Secretaría de Bienestar, además de integrantes del colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito y representantes del ejido Bledos.
Durante el desarrollo de los trabajos, se cubrieron temas ambientales e hídricos, como proyectos de saneamiento y potabilización de agua, denuncias de la Presidencia de San Nicolás Tolentino por la contaminación del río Santa Catarina, así como la falta de suministro de agua potable al ejido Puerto la Descubridora, pese a la resolución judicial que obliga a la Comisión Estatal del Agua (CEA) a dotarles del servicio.
De igual forma, en la reunión se abordó la denuncia del ejido San José de los Guajes y Anexos, municipio de Matehuala, sobre posibles daños ambientales del proyecto denominado “Autopista Entronque 75D- Matehuala”. En el documento entregado a la mesa, se refiere que el 13 de agosto esta fue presentada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por la remoción y afectación a la vida vegetal, así como posibles daños a la fauna y al equilibrio ecológico.
Por ello piden conocer el seguimiento que las autoridades competentes han dado a su denuncia, y que se les informe el estado actual que guarda el trámite. Además de que se detalle si con motivo de esta fue iniciado un procedimiento administrativo, expediente de investigación, visita de inspección, o cualquier otra actuación de Profepa u otra autoridad ambiental.
Al respecto, el representante de la PA se sumó a la denuncia y expresó haber constatado los daños en un recorrido de verificación el 17 de agosto en San José de Los Guajes, y en el ejido Guadalupito del municipio de Villa de Guadalupe. En alrededor de 9 kilómetros, observó el derribo y destrucción de decenas de ejemplares de flora nativa del desierto potosino.
En el tema de Cerro Gordo, también fue presentado a la mesa un escrito en el que se exponen los antecedentes de denuncia ante Profepa, el permiso de uso de explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la autorización de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la Segam, que son irregulares dado que ante el Registro Agrario Nacional (RAN) no se ha inscrito el cambio de destino de las tierras.
Asimismo, Guardianes de la Sierra advierte que los grupos de fraccionadores han infiltrado el tejido social de este núcleo agrario para apoderarse de la totalidad de las tierras ejidales, de tal forma que actualmente entregan cantidades económicas por ejidatario, las cuales firman y comprometen su patrimonio, para que al momento de que sea validado el cambio de destino se adquiera dominio pleno y se instalen empresas depredadoras.
Puntualizan que en esas 1858-64-13.130 hectáreas se encuentra el Cerro Gordo, motivo por el cual la Segam autorizó un manifiesto de modalidad particular (MIA-P) sobre una superficie de más de 300 hectáreas que envuelve la totalidad del cerro y las pretensiones inmobiliarias en las lomas ejidales.
Señalan también que no obstante esta maniobra, la autoridad ambiental federal ha determinado que, de las 107 parcelas propuestas, en sólo 2 no se identificaron superficies de bosques ni selvas, en 61 parcelas hay vegetación forestal de matorral crasicaule y en las 46 restantes no obstante la disminución, se siguen considerando forestales.
Por ello solicitan que la representación estatal de Semarnat tenga a la vista la autorización de MIA expedida por la Segam, y determine si se ajusta a la ley. Además de que informe si el polígono sobre el cual se emitió la misma, cuenta con las autorizaciones de cambio de uso de suelo de carácter federal; y tenga a la vista lo actuado por Profepa respecto a la denuncia presentada por los habitantes de Cerro Gordo, para no admitir en su caso un trámite de MIA federal.
Por su parte el Consejo Hídrico Estatal, respaldó las denuncias en ambos casos, dadas las múltiples afectaciones medioambientales y sociales, a causa de proyectos privados. Además, presentó la propuesta del Programa de recuperación y rehabilitación de parques y jardines hídricamente sostenibles, así como el Museo del Agua y el Catálogo de soluciones basadas en la naturaleza.
En la mesa también fue abordado el tema de la comunidad de Bledos en Villa de Reyes, que ha pedido la intervención de la PA, ante diversas acciones que el comisariado ha llevado a cabo para emprender acciones legales contra el decreto de Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Sierra de San Miguelito, financiadas con recursos federales de programas de la Conafor.
