Fernanda Durán
Trabajadores del Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) en San Luis Potosí se manifestaron este viernes para denunciar nuevamente presuntos actos de acoso y hostigamiento laboral, malos tratos, gritos, cargas desproporcionadas de trabajo y jornadas que, aseguran, llegan a superar las 15 horas diarias bajo la titularidad de la jueza Ana Ley Flores Sánchez.
La protesta se realizó de manera pacífica afuera del propio Juzgado Primero de Distrito y reunió tanto a personal actualmente adscrito al órgano jurisdiccional como a extrabajadores y compañeros de otras áreas del circuito judicial.
Jorge Luis Ramírez Osuna, actuario judicial del Juzgado Primero, señaló que las inconformidades no son recientes y que se han acumulado durante los más de tres años y medio que Flores Sánchez lleva adscrita al juzgado.
“Ya van más de tres años y medio desde que ella está adscrita aquí que los compañeros hemos aguantado, hemos soportado muchas cosas. Y creo que hoy fue el día que ya decidimos alzarnos, alzar la voz. Y nos apoyó todo el personal, toda la mayoría del circuito”.
Ramírez Osuna estimó que, durante ese periodo, más de 100 servidores públicos habrían enfrentado alguna situación relacionada con estas condiciones laborales. Actualmente, dijo, entre 15 y 20 trabajadores participan directamente en las inconformidades, aunque sostuvo que el número de afectados es mayor “realmente más bien somos todos, pero sin embargo muchos nos salen por temor a la represalia” debido a que la mayoría no cuenta con un contrato de base.
De acuerdo con el actuario, actualmente existen dos quejas en investigación y durante esta semana la jueza fue notificada y emplazada dentro de una demanda laboral promovida por integrantes del cuerpo actuarial.
Los trabajadores pidieron que las denuncias no sean revisadas como hechos independientes, sino en conjunto, por considerar que existe una problemática acumulada durante varios años.
“Realmente el órgano competente tiene aproximadamente seis meses para resolver, investigar y resolver el tema de las quejas. Y lo único que pedimos es que el Tribunal de Disciplina Judicial, del Poder Judicial de la Federación, nos voltee a ver y analice todo esto de manera conjunta, no como un hecho aislado”.
Uno de los principales reclamos se refiere a la duración de las jornadas. Los trabajadores aseguraron que existen empleados que permanecen más de 15 horas diarias en funciones y que las guardias, horas extraordinarias y distribución de expedientes han generado una sobrecarga constante.
Otra de las trabajadoras afectadas sostuvo que la inconformidad deriva de lo que consideran un abuso de las facultades de organización que posee la titular del juzgado: “siente que le da el derecho de ejercer sobre nosotros los derechos laborales por encima de la ley”.
Afirmó que existen trabajadores que realizan guardias cada tercer día y que las horas adicionales no siempre son reconocidas ni pagadas. También denunciaron que la distribución de cargas entre las diferentes áreas no es uniforme y que la constante salida de empleados ha provocado que quienes permanecen deban absorber funciones adicionales.
Aseguraron que el juzgado ha registrado una elevada rotación de personal y existen plazas ocupadas temporalmente por trabajadores que buscan posteriormente obtener una base, aunque no logran completar el proceso debido a la presión de trabajo.
Agregó que en algunas áreas un solo trabajador termina asumiendo el volumen de asuntos que anteriormente se distribuía entre tres personas aproximadamente por el mismo sueldo.
De igual forma, los manifestantes indicaron que la problemática no se ha limitado a renuncias:
“Hay gente que ama su trabajo y que ha preferido jubilarse porque ya tiene el tiempo a seguir sufriéndolo allá adentro. Son jubilaciones forzadas, no porque ellos hayan querido”.
Asimismo, mencionaron casos de trabajadores que han recurrido a licencias médicas o permisos sin goce de sueldo por problemas que relacionan con estrés y presión laboral de los cuales se estima que durante los más de tres años de gestión de Flores Sánchez podrían haberse acumulado alrededor de 50 licencias de distintos trabajadores.
“Hemos llegado al extremo de que ya no sabemos ni cómo se llaman nuestros compañeros de tanta rotación laboral que hay”, expresó la trabajadora.
Entre las personas que acudieron a la protesta también se encontraban extrabajadores del Juzgado Primero, quienes, según los organizadores, decidieron respaldar la movilización porque anteriormente estuvieron adscritos al mismo órgano.
La manifestación de este viernes no implicó la suspensión de labores. Los propios trabajadores explicaron que eligieron realizarla fuera de su jornada para evitar afectar la atención del juzgado.
“Nosotros vamos a seguir en nuestro puesto de trabajo porque amamos nuestro trabajo, amamos el servicio público, pero solo queríamos dar a conocer en qué circunstancias estamos trabajando”.
La exigencia central es que el Tribunal de Disciplina Judicial revise las quejas pendientes, tome en cuenta los antecedentes existentes y determine si las condiciones denunciadas durante los últimos años constituyen faltas administrativas o responsabilidades atribuibles a la titular.
Sindicato asegura que las quejas llevan tiempo sin resolverse
María Estrella Ortiz Flores, secretaria general de la sección 7 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en San Luis Potosí, respaldó públicamente las denuncias y afirmó que las inconformidades ya han sido presentadas ante instancias internas.
“Tenemos mucho tiempo presentando quejas, hay denuncias, hay quejas en el órgano de administración judicial, como bien dicen los compañeros, no se han resuelto, les ponen trabas y muchas pruebas que presentar”.
La dirigente sindical acusó directamente a Flores Sánchez de hostigar, presionar y humillar al personal, además de imponer jornadas que calificó como insostenibles. Incluso señaló que algunos empleados han reportado problemas neurológicos.
“La jueza tiene un antecedente, viene de otros circuitos con la misma forma de trabajo, entre comillas trabajo, porque no trabaja la señora, hostiga, presiona, humilla, denosta y emite jornadas laborales insostenibles, inhumanas”.
Pidió que intervengan tanto el órgano encargado de la administración judicial como el Tribunal de Disciplina Judicial para revisar las quejas y determinar responsabilidades.
Las acusaciones de este viernes se suman a antecedentes documentados contra Ana Ley Flores Sánchez antes y durante su llegada a San Luis Potosí.
En 2022, cuando estaba adscrita a un juzgado federal en Nayarit, trabajadores presentaron la Queja 2445/2022-XI por presuntas irregularidades, hostilidad, jornadas excesivas, restricciones al descanso y presiones laborales.
Ya en San Luis Potosí, las denuncias se hicieron públicas desde 2024, cuando personal del Juzgado Primero acusó gritos, humillaciones, intimidaciones y sobrecarga de trabajo. En noviembre de ese año, el entonces Consejo de la Judicatura Federal realizó una visita extraordinaria de inspección para recabar testimonios y documentación sobre las quejas.
