Fernanda Durán
A días de que concluya el periodo ordinario de sesiones y de que el Congreso del Estado presente su segundo informe anual de actividades, el diputado Héctor Serrano Cortés adelantó que la mayoría legislativa será cautelosa con iniciativas que puedan convertirse en materia de confrontación rumbo al proceso electoral de 2027, entre ellas la propuesta para establecer la castración química como sanción.
El coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sostuvo que algunas reformas impulsadas desde el Congreso han terminado trasladándose al terreno político, por lo que consideró necesario revisar no sólo su contenido, sino el momento en que podrían ser discutidas.
“Hemos tratado de evitar que las leyes propuestas que tengan una gran polémica, como la castración, hoy sean instrumento político electoral de los opositores, vamos a ser en ese sentido cautos, porque hemos observado eso, no respetan las propuestas que tienen que ver con un sentido de mejorar las condiciones sociales, y le dan un sentido siempre de connotación política”.
La postura ocurre después de una etapa en la que el Código Penal de San Luis Potosí ha sido objeto de reformas constantes entre ellos pederastia, aborto, violencia vicaria, extorsión, halconeo, inteligencia artificial, violencia digital y maltrato animal.
Varias de esas reformas han provocado cuestionamientos jurídicos y políticos. Especialistas han advertido sobre problemas de técnica legislativa, duplicidad de conductas, conceptos abiertos y el uso del derecho penal como primera respuesta frente a problemáticas sociales que podrían requerir otro tipo de políticas públicas.
En el caso de la castración química, Serrano afirmó que la iniciativa continúa vigente y reiteró que no considera negativa la propuesta, aunque dejó abierta la posibilidad de que su discusión se postergue.
“Me parece que es una propuesta que continúa, lo he dicho de manera repetida, no me parece una mala propuesta, pero creo que lo que no debemos en este momento es darles instrumentos para distorsionar la realidad, descalificarla y tener un instrumento legal con el que se pueda golpear, un proyecto de carácter político, creo que eso es lo que tenemos que revisar”.
En el caso de la regulación penal vinculada con el uso de inteligencia artificial, posteriormente derogada después de críticas de periodistas, especialistas, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Serrano insistió en que nunca existió la intención de restringir la libertad de expresión y atribuyó parte de las críticas a interpretaciones de carácter político.
“Nos hemos pronunciado en repetidas ocasiones y lo sigo haciendo como un defensor de la libertad de expresión, yo me formé así, y lamento, insisto, que algunas mentes malintencionadas quieran darle un contexto distinto, pero nunca fue la intención el atentar contra la libertad de expresión”.
El diputado destacó las reuniones realizadas recientemente con especialistas Manuel Granados Covarrubias y Ernesto Villanueva Villanueva, así como con Artículo 19, como parte de la discusión posterior a la derogación de las disposiciones sobre inteligencia artificial.
En su momento, la organización advirtió que cualquier nueva regulación deberá evitar tipos penales abiertos, sanciones desproporcionadas y disposiciones que puedan inhibir el debate público.
Serrano resumió el planteamiento de Artículo 19 asegurando que “lo único que dicen es no ser excesivos en las penalizaciones, es decir, que no haya penalización corporal en el caso de algunas acciones de esa naturaleza”.
Además de las iniciativas polémicas, Serrano reconoció que existen asuntos pendientes que podrían continuar sin dictaminar antes del cierre del periodo. Entre ellos se encuentra la propuesta ciudadana promovida desde marzo de 2024 por José Mario de la Garza Marroquí y la entonces diputada Ema Idalia Saldaña Guerra para garantizar al Poder Judicial del Estado un presupuesto mínimo equivalente al 3 por ciento del gasto estatal.
De la Garza acudió nuevamente al Congreso el viernes pasado para solicitar que la iniciativa sea dictaminada después de más de dos años sin resolución. “Han pasado más de dos años. El silencio legislativo también es una decisión: mantener a la justicia dependiente, cada año, de la voluntad política de la mayoría en turno”.
Serrano explicó que las iniciativas ciudadanas deben pasar por una revisión técnica de los asesores legislativos y sostuvo que algunas presentan imprecisiones.
“En el caso, por ejemplo, de las iniciativas presentadas por Ciudadanos, saben ustedes que pasa por un proceso con los propios asesores, hemos notado que en muchos de los casos hay una gran cantidad de imprecisiones, no es lo mismo ser abogado que tener una especialidad en derecho parlamentario”.
No precisó, sin embargo, qué observaciones técnicas existen específicamente sobre la propuesta de autonomía presupuestal del Poder Judicial.
