Fernanda durán
Después de varios meses en los que el Congreso del Estado sostuvo que las consultas ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) requerirían presupuestos de hasta 14, 15 o incluso 18 millones de pesos, ahora el Poder Legislativo calcula que la primera de ellas (dirigida a personas con discapacidad) podría realizarse con alrededor de 1.6 millones de pesos, la nueva estimación fue dada a conocer por el diputado Héctor Serrano Cortés.
El diputado informó que el Poder Legislativo ya presentó ante la Secretaría de Finanzas la solicitud correspondiente para comenzar con la consulta dirigida a personas con discapacidad, vinculada con el cumplimiento de la Acción de Inconstitucionalidad 67/2023.
“Hemos hecho una solicitud, les informo a ustedes que después de tener un presupuesto, recordarán que rebasaba los 14 millones de pesos, lo que estamos requiriendo es un presupuesto que no rebasa, me parece que es un millón 600”.
El nuevo cálculo representa una modificación respecto a las cifras manejadas previamente por el propio Congreso. En julio, la entonces presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, había referido estimaciones de entre 15 y 18 millones de pesos, sujetas todavía a la definición del protocolo que sería utilizado para las consultas.
Serrano explicó que la reducción ocurrió mientras el Congreso ajustaba el procedimiento con el que pretende dar cumplimiento a las sentencias.
“Hay una reducción importantísima con el afán de solventar esta condición legal que nos obliga a hacerlo, ni siquiera es un asunto de voluntad, sino es obligación hacerlo”.
La SCJN mantiene bajo seguimiento el cumplimiento de la Acción de Inconstitucionalidad 67/2023, mediante la cual invalidó disposiciones de la Ley de Educación del Estado relacionadas con educación inclusiva debido a deficiencias en la consulta previa realizada a personas con discapacidad.
En su notificación más reciente, del 28 de agosto, la Corte tuvo por recibido un informe del Congreso en el que se reportó que se encuentra en proceso la aprobación de una ampliación presupuestal para efectuar la consulta, además de reuniones con distintas instituciones estatales y organizaciones vinculadas con la atención y representación de personas con discapacidad.
Entre las instancias mencionadas se encuentran el Poder Ejecutivo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Sistema Estatal de Derechos Humanos, el DIF estatal, la Secretaría de Educación y otras autoridades involucradas en el proceso.
El máximo tribunal reconoció que el Poder Legislativo “ha realizado acciones relacionadas con coordinación institucional, mecanismos de participación y accesibilidad, ampliación de cobertura territorial y elaboración de una propuesta de protocolo y cronograma”.
No obstante, volvió a requerir a la Presidencia de la Directiva y a la Junta de Coordinación Política para que, dentro de un plazo de 20 días hábiles, informen y documenten los avances encaminados al desarrollo efectivo de la consulta.
Serrano indicó que, una vez obtenidos los recursos, la consulta a personas con discapacidad será la primera en realizarse debido a los tiempos establecidos por la Corte.
“Estamos ya, hicimos el trámite ante Finanzas, en espera de que tengamos una respuesta favorable y podamos realizar la consulta que estamos obligados a implementar”.
El Congreso también pretende avanzar con la consulta indígena relacionada con las disposiciones electorales invalidadas por la SCJN, aunque para ese ejercicio requerirá una cantidad adicional.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de realizar ambas con el mismo recurso, Serrano aseguró que los 1.6 millones previstos no serían suficientes.
“Necesitamos un poco más para sacar también la indígena, pero si no, estamos partiendo precisamente de esta que sí es inmediata”.
El legislador explicó que el costo de la consulta indígena será mayor debido a los requisitos establecidos para su realización, entre ellos los mecanismos de participación comunitaria y los lineamientos previstos en la legislación especializada.
La disminución del cálculo presupuestal ocurre después de varios meses en los que el Congreso analizó diferentes alternativas para financiar y organizar estos ejercicios. Inicialmente se contemplaron montos que llegaron a ubicarse entre 15 y 20 millones de pesos para atender las distintas consultas pendientes; posteriormente se trabajó en protocolos y esquemas para reducir sus costos.
Por ahora, la solicitud por aproximadamente 1.6 millones de pesos corresponde a la consulta inmediata a personas con discapacidad. El monto definitivo para la consulta indígena aún no ha sido informado.
