Estela Ambriz Delgado
El descontento de diversas comunidades indígenas se expresó de manera contundente en la que estaba programada como la última jornada de consulta sobre la iniciativa de Ley General de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (LGDHPIA), el pasado sábado 12 de septiembre en Ciudad Valles, debido a la falta de información y la premura con que se ha realizado el proceso.
Durante el acto inaugural, el representante tének ante el Consejo Nacional Indígena (CNI), Rafael Reyes Martínez, tomó la palabra para señalar la vital importancia de este proceso de consulta, que como ya se ha evidenciado, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) lleva a cabo de manera superficial.
“El borrador de trabajo de la Ley General de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos presenta serios problemas de fondo y de forma. Es un texto de 453 artículos, que mezcla más de 30 materias heterogéneas, en algunos de sus contenidos se condiciona nuestra existencia a padrones administrativos del gobierno y se reduce nuestro derecho al territorio, al agua, y a los recursos naturales frente a proyectos extractivos o de utilidad pública, a pesar de que antecedemos al establecimiento de la nación”.
Exigió que se respete y garantice su reconocimiento como sujetos de derecho público consagrado en la Constitución y en los tratados internacionales que tutelan sus derechos como pueblos indígenas.
Asimismo, reiteró a las autoridades en el presídium que no se permitirá el fracking y se dirigió al director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para afirmar que tampoco se permitirá el trasvase del agua del río Pánuco, a través del proyecto Acueducto Pánuco-Cerro Prieto, pues como siempre lo han hecho los pueblos indígenas, defenderán el agua y el territorio.
“Viva el pueblo tének, viva el pueblo nahua… No al trasvase del río Pánuco… ni hoy, ni nunca, no al fracking. No a la simulación, si queremos una consulta verdadera, como lo dicta el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta Indígena vigente en el estado”.
De igual manera Reyes Martínez informó sobre los acuerdos tomados el pasado 9 de septiembre en reunión con funcionarios federales del INPI y personal de la representación estatal, de la realización de un Evento Técnico Consultivo Extraordinario el próximo 3 de octubre de 2026 a las 8:00 horas, en las instalaciones del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas (CCPI) de Tancanhuitz, a fin de garantizar mayor proximidad a las comunidades Nahua y Tének, pues aunque así lo solicitaron con antelación, fueron ignorados.
El consejero indicó que esta consulta será abierta a las autoridades y representantes de los municipios de Tancanhuitz, Aquismón, Huehuetlán, San Antonio, Tanlajás, Tampamolón Corona, Coxcatlán y Tanquián de Escobedo.
Por su parte, la juez suplente de Tanute, perteneciente a la comunidad Tampate Eureka, Dionisia Hernández González, dio lectura a un posicionamiento de la misma para explicar la imposibilidad en que se encuentran para participar en la consulta, dado que no cuentan con la información necesaria para emitir su voto.
“Las asambleas fueron muy apresuradas, sin informarnos, tuvimos dos mesas de trabajo donde solamente fueron, nos leyeron a grandes rasgos de que se trataba la consulta, con dos veces que alguien nos oriente no vamos a comprender los 453 artículos”.
Mientras que las diversas voces indígenas denunciaban la situación, el representante estatal del INPI, Mario Godoy Ramos, dormitaba en el presídium, el cual compartió con Bernarda Reyes, del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Indepi), representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el director local de Conagua, el delegado de la Secretaría de Bienestar, Guillermo Morales, y la diputada local Nancy Jeanine García.
