Desiree Madrid
Transportistas de la zona Huasteca plantearon la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para atender los problemas de seguridad que enfrentan en carretera, durante una reunión realizada este jueves en Ciudad Valles con funcionarios de los tres niveles de gobierno. El encuentro fue convocado por integrantes de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) y tuvo como uno de sus temas la presentación de la Estrategia Nacional contra el Delito de Extorsión.
Durante la reunión, la subinspectora Perla Flores, del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, explicó que la estrategia contempla “31 modalidades de extorsión en diferentes niveles, en diferentes circunstancias”. Señaló que uno de los principales problemas para combatir este delito es que “las personas no denuncian”, por lo que se promueven mecanismos como el número 089 y un portal electrónico para recibir información relacionada con posibles casos de extorsión, incluidas capturas de pantalla y mensajes enviados por presuntos extorsionadores.
Flores afirmó que desde la implementación de la estrategia se han registrado dos mil detenciones. Explicó que entre las modalidades identificadas se encuentran llamadas y mensajes mediante los cuales delincuentes buscan engañar a las víctimas para obtener dinero, como supuestos premios o situaciones falsas relacionadas con familiares. En estos casos, dijo, las personas pueden utilizar el 089 para realizar denuncias anónimas o recurrir al portal habilitado por la autoridad federal.
Sin embargo, durante la sesión de preguntas los transportistas plantearon que los problemas de seguridad que enfrentan en carretera no se limitan a las modalidades de extorsión contempladas por ese mecanismo. Carlos Omar Caldera, representante de una cooperativa transportista, preguntó si el 089 también recibe denuncias cuando un servidor público utiliza su cargo o uniforme para extorsionar a los operadores. Flores respondió que este tipo de situaciones pueden ser denunciadas, aunque explicó que cuando se trata de servidores públicos el procedimiento debe canalizarse por otra vía dentro del sistema de seguridad pública estatal.
La funcionaria añadió que, en caso de acreditarse una extorsión cometida por un servidor público, las sanciones pueden alcanzar quince a veinticinco años de prisión, con un máximo a cuarenta y dos años. La intervención permitió distinguir entre las denuncias por extorsión cometida por particulares que atiende directamente el centro federal y aquellas relacionadas con funcionarios que, de acuerdo con lo planteado en la reunión, requieren una canalización distinta.
Por su parte, José Luis López, vicepresidente de Conatram en la zona, cuestionó la ausencia de la Guardia Nacional en el encuentro y sostuvo que la comunicación directa con los transportistas es necesaria para atender los problemas que enfrentan.
“La cercanía con el transporte es el éxito para ellos mismos”, expresó.
También señaló que existen reportes de robo de unidades, particularmente en los tramos carreteros entre San Luis Potosí y Matehuala, y consideró necesario reforzar la presencia operativa en las carreteras.
López reconoció que otras dependencias federales han mantenido atención a las gestiones del sector, pero señaló que los trámites administrativos no resuelven por sí mismos los problemas de seguridad que enfrentan los operadores. La discusión se concentró así en la necesidad de mantener comunicación entre transportistas y autoridades encargadas de la vigilancia, además de atender las denuncias que puedan presentarse por extorsión o robo.
En la reunión también participó Eli César Cervantes, director general de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, quien informó sobre obras previstas para la región. Entre ellas mencionó un contrato por 234 millones de pesos para trabajos en el libramiento Ciudad Valles-Marte y señaló que también se realizan acciones en la carretera Valles-Tamazunchale, relacionadas con la modernización de sus características de seguridad. Cervantes afirmó además que la dependencia se encuentra en un proceso de fortalecimiento de su personal mediante capacitación.
Al cierre de la asamblea, Elías Díaz, líder nacional de Conatram, cuestionó la percepción oficial sobre la situación de seguridad en las carreteras. Afirmó que la inseguridad no está “a la baja” y describió como “inseguridad tremenda” las condiciones que, desde su perspectiva, enfrentan los transportistas. También sostuvo que existen lugares donde hacen falta operadores porque algunos prefieren no asumir los riesgos relacionados con trabajar en carretera y reclamó mayor inversión en infraestructura y presencia de autoridades federales, estatales y municipales.
