Fernanda Durán
La presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, Nancy Jeanine García Martínez, consideró que antes de recurrir a la extracción de agua del río Pánuco para abastecer a la zona metropolitana de Monterrey deben revisarse las alternativas de infraestructura y administración hídrica disponibles en Nuevo León.
Sin embargo, evitó fijar una postura definitiva sobre el proyecto “Acueducto Pánuco-Cerro Prieto”, antes Monterrey VI, al reconocer que no conoce la Manifestación de Impacto Ambiental ingresada ante la Semarnat y considerar que cualquier definición deberá analizarse también desde las decisiones y negociaciones del ámbito federal.
“Creo que hay mucha infraestructura que se pueda aprovechar para Monterrey en el abastecimiento que se tiene”, expresó.
El proyecto contempla una obra de toma en el río Pánuco, en el municipio de Ébano, y un acueducto de aproximadamente 390 kilómetros para conducir inicialmente 5 mil litros por segundo hacia Nuevo León, con capacidad de hasta 6 mil.
García Martínez sostuvo que la problemática del agua no depende únicamente de la disponibilidad del recurso, sino también de su administración y de la sobreexplotación.
Al ser cuestionada sobre si el agua de San Luis Potosí podría convertirse en una moneda de cambio entre gobiernos, señaló que no quería emitir una opinión personal antes de conocer con mayor precisión las decisiones que pudieran tomarse dentro de los consensos o negociaciones federales.
“Para no caer en el error de una opinión, quizás personal, y que eso le competa un poco más a las decisiones que se están estableciendo justamente en los consensos o negociaciones, porque entiendo la problemática que tiene Monterrey como en muchos estados de la República, pero que efectivamente el agua se tiene que garantizar como un derecho y no como un negocio”.
Pese a que la solicitud de evaluación ambiental ya fue ingresada formalmente ante la Semarnat, la legisladora reconoció que no ha revisado el documento:
“No tengo el tema del impacto ambiental de quienes lo hayan realizado. No tengo información. Claro que todo proyecto conlleva un impacto”.
La MIA reconoce entre los posibles efectos del proyecto la disminución del caudal del río Pánuco, remoción de vegetación, erosión, modificación de patrones de drenaje, perturbación de fauna y generación de residuos, además de otras afectaciones asociadas a la construcción y operación del acueducto.
Sobre la intervención que podría tener el Congreso del Estado, García Martínez reconoció que sus facultades son limitadas debido a que las decisiones corresponden al ámbito federal.
“Desde el Congreso no podríamos hacer mucho más que quizás exhortos, quizás el acompañamiento, pero pues estar ahí atentos”.
La legisladora también rechazó, por ahora, relacionar directamente el proyecto de trasvase con los señalamientos de colectivos de la Huasteca sobre una posible expansión del fracking, ya que debe esperarse información más precisa antes de establecer una relación entre ambos asuntos y recordó que desde el Gobierno Federal se ha señalado que no se pretende realizar fracking en la Huasteca Potosina.
“Creo que no tendría que ver el tema del abastecimiento de agua o de esto que se menciona en el tema del proyecto Monterrey. Son cosas muy distintas”.
La discusión sobre el proyecto reapareció después de que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey ingresó una nueva MIA ante la Semarnat para retomar el acueducto, cuya infraestructura tendría presencia en los municipios potosinos de Ébano y Tamuín.
