Fernanda Durán
Mientras el Congreso del Estado continúa a la espera de una ampliación presupuestal para realizar la consulta a personas con discapacidad ordenada desde 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a requerir información para aclarar una confusión en los informes del Legislativo, que mezcló actuaciones de una consulta relacionada con la Ley de Educación con el cumplimiento de la sentencia que invalidó parte de la Ley Electoral de San Luis Potosí.
El nuevo acuerdo dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada 152/2022, da 10 días hábiles a las presidencias de la Directiva y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para aclarar el estado de las consultas a personas con discapacidad y a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La Corte además apercibió a las autoridades legislativas de que, si no atienden el requerimiento, podrá imponerles una multa que se aplicará sobre su patrimonio personal.
El pronunciamiento deriva de información que el propio Congreso remitió para acreditar avances en el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, la SCJN encontró que parte de lo informado corresponde a una consulta relacionada con la Ley de Educación del Estado y no con la Ley Electoral, que fue la norma analizada e invalidada parcialmente en las acciones 141/2022 y 152/2022. Por ello, la Corte señaló que “no existe certeza” de que las actuaciones reportadas por el Poder Legislativo correspondan efectivamente a las consultas ordenadas en materia electoral, por lo que deberán diferenciar entre una consulta y otra.
La sentencia original fue dictada en julio de 2023. En ella, el Pleno invalidó diversas disposiciones de la Ley Electoral porque fueron expedidas sin consultas adecuadas a personas con discapacidad y a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y ordenó al Congreso realizar ambos procedimientos.
El nuevo requerimiento no se limita a preguntar si las consultas se realizarán. La SCJN solicita información y documentación específica para determinar si existen avances reales.
Primero, el Congreso deberá aclarar si el “Protocolo para el Desarrollo de la Consulta a Personas con Discapacidad”, aprobado el 26 de agosto de 2026, corresponde efectivamente al cumplimiento de la sentencia sobre la Ley Electoral o solo a la ley de educación que corresponde a una impugnación distinta. En caso afirmativo, tendrá que enviar una copia certificada, pues la Corte señala que el documento no fue anexado a la información anterior.
También deberá acreditar si la ampliación presupuestal solicitada a la Secretaría de Finanzas contempla recursos para la consulta a personas con discapacidad y si incluye también la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Si el dinero solicitado no comprende ambos procesos, tendrá que informar si existe otro presupuesto disponible o en qué etapa se encuentra su programación.
La Corte pidió además identificar qué comisiones legislativas tienen a su cargo las consultas y, si las actuaciones reportadas anteriormente corresponden a otros procedimientos, explicar qué avances concretos existen para cumplir la sentencia electoral.
Entre la información requerida deberá entregarse un programa o cronograma que establezca etapas, plazos y actividades durante 2026, además de precisar si será posible concluir el procedimiento legislativo antes del inicio del proceso electoral local ordinario de 2027.
No es la primera ocasión en que la SCJN requiere al Congreso por el cumplimiento de esta sentencia. Desde 2024 ya había solicitado informes sobre las actuaciones realizadas para efectuar ambas consultas y había advertido de posibles multas ante un incumplimiento de sus requerimientos.
El nuevo requerimiento coincide con la espera del Congreso antes del mes de noviembre por los recursos necesarios para comenzar la consulta a personas con discapacidad.
El secretario de la Jucopo, Héctor Serrano Cortés, informó que ya fue solicitada una ampliación presupuestal a la Secretaría de Finanzas y calculó que se necesitan alrededor de 1.5 millones de pesos para realizar este primer proceso.
“Yo confío en que haya mucha sensibilidad para ya atender ese tema con los mínimos necesarios para poder cumplir con esta obligación”.
Serrano aseguró que Finanzas ha atendido oportunamente las necesidades presupuestales ordinarias del Congreso y confió en que ocurra lo mismo con la ampliación.
“Por primera vez en la historia del Congreso, según lo que refieren algunos compañeros que tienen ya muchos años aquí, como el diputado Rubén Guajardo… efectivamente ha sido muy oportuno lo que corresponde a la entrega de los recursos que corresponden al Congreso por parte de la Secretaría de Finanzas. No hay ningún reclamo en ese sentido”.
El legislador espera contar con el dinero antes de noviembre para disponer del tiempo necesario para efectuar la consulta conforme a los requisitos establecidos por la Suprema Corte.
“Es un tema que no tiene que ver todavía con el asunto de la encuesta indígena que tendría que realizarse y que esa implicaría evidentemente un recurso adicional. Vamos a sacar primero esta, que me parece puede sacarse con ese recurso”, explicó.
Serrano adelantó que para 2027 buscarán incorporar desde el presupuesto inicial los recursos necesarios para este tipo de obligaciones y evitar nuevas solicitudes de ampliación durante el ejercicio fiscal.
El Congreso deberá ahora responder dentro del plazo fijado por la SCJN, acreditar documentalmente qué acciones corresponden específicamente a la sentencia electoral y explicar cómo financiará y calendarizará las dos consultas pendientes.
