Desiree Madrid
El gobernador potosino Ricardo Gallardo Cardona calificó de una “tontería”, el hecho de que el Ayuntamiento de San Luis Potosí haya acudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el conflicto relacionado con la autorización de 14 proyectos de infraestructura municipal.
Al referirse a la controversia constitucional 396/2026 que se hizo pública este mes, el gobernador declaró:
“Temas que son 100 por ciento administrativos, llevarlos a la Corte es una tontería […] La verdad que el municipio ya anda divagando mucho”.
El conflicto entre ambas administraciones está relacionado con las solicitudes de “no objeción” que el Ayuntamiento presentó ante la Contraloría General del Estado para continuar con 14 proyectos de infraestructura. El gobierno municipal recurrió a la SCJN ante la falta de respuesta sobre dichas solicitudes.
El gobernador sostuvo además que anteriormente se permitió al municipio continuar con algunos procedimientos pese a que tenía observaciones pendientes.
“Sin haber cumplido, a petición del alcalde se le hizo”, declaró Gallardo, en referencia a esas autorizaciones y a una solicitud realizada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
De acuerdo con los argumentos presentados por el Ayuntamiento ante la Corte, la falta de respuesta ponía en riesgo 45 millones 913 mil pesos de recursos federales correspondientes al Fortamun y FISM, debido a los plazos establecidos para ejercer esos fondos.
La SCJN concedió una suspensión parcial al Ayuntamiento y ordenó a la Contraloría pronunciarse sobre cada una de las solicitudes en un plazo máximo de cinco días hábiles.
La resolución no implica la autorización de los 14 proyectos ni resuelve el fondo de la controversia constitucional, por lo que el conflicto sobre las facultades de las autoridades estatales y municipales para revisar estos procedimientos continúa ante la Corte.
Gallardo, al ser cuestionado sobre la decisión del Ayuntamiento de recurrir a la vía judicial, respondió:
“Pues ellos traen su ruta, hombre, hay que dejarlo”.
El conflicto por estas obras ha persistido desde julio, cuando Galindo Ceballos acusó que los proyectos permanecían detenidos en la Contraloría por razones políticas, mientras que el titular de la dependencia, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, sostuvo que existían observaciones técnicas y administrativas pendientes de solventar.
En su última actualización respecto a estos proyectos el Contralor declaró que ya no existía ninguna licitación pendiente con el gobierno de la capital.
