Fernanda Durán
La activista Catalina Torres Cuevas cuestionó al Congreso del Estado por aprobar modificaciones a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad sin consultar a quienes serán directamente afectados por ellas, y adelantó que buscarán impugnar la reforma o, ante las dificultades para hacerlo por la vía nacional, acudir al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
El señalamiento surgió después de que el Pleno aprobara el pasado 21 de septiembre la reforma al artículo 13 de la legislación estatal, presentada por la diputada Sara Rocha Medina, que amplía las atribuciones de la Secretaría de Educación en materia de inclusión y accesibilidad para estudiantes con discapacidad.
Entre otras disposiciones, la reforma establece que la dependencia deberá procurar que los planteles cuenten con libros en Braille, macrotipos, textos audibles y equipos con tecnología adaptada para personas ciegas o con baja visión; además, prohíbe condicionar la inscripción, admisión, permanencia o integración de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el Sistema Educativo Estatal.
También incorpora la formación y certificación oficial de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, estenógrafos del español y personal especializado; obliga a incorporar herramientas de accesibilidad en contenidos educativos difundidos por televisión pública o plataformas oficiales; contempla lineamientos para desarrollar bienes, servicios, equipos e instalaciones de diseño universal, y propone que estudiantes de educación media superior y superior puedan realizar servicio social mediante acompañamiento o mentoría a personas con discapacidad.
Para Torres Cuevas, sin embargo, el problema comienza desde la forma en que se construyeron estas modificaciones: el Congreso decidió qué medidas incorporar sin consultar previamente a las personas con discapacidad sobre sus necesidades.
En una carta abierta dirigida a las y los diputados, recordó que durante audiencias realizadas el año pasado con integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), personas con discapacidad plantearon precisamente la necesidad de dejar atrás decisiones tomadas desde una visión paternalista.
“En esas reuniones quedó claro que no se trata de actuar con paternalismo ni de asumir que otras personas «saben» qué es bueno o conveniente para quienes vivimos con discapacidad”.
Uno de los principales reclamos de Torres Cuevas se refiere a la educación de las personas sordas. La activista afirmó que el problema no se resuelve únicamente permitiendo el ingreso de estudiantes con discapacidad a las escuelas, sino garantizando metodologías, recursos y personal preparado para atenderlos.
“¿Creen que bastaba con obligar a todas las escuelas a admitir a estudiantes con discapacidad? No, diputadas y diputados: se requieren apoyos, recursos y capacitación”.
Advirtió que obligar a las escuelas a recibir estudiantes sin garantizar previamente esas condiciones puede terminar dificultando su permanencia.
“Obligar al personal docente, que no ha recibido la preparación necesaria, a atender en sus aulas a estudiantes con discapacidad, sin brindarle herramientas ni acompañamiento, solo propicia entornos que terminan empujando a esos estudiantes a abandonar sus estudios”.
La reforma modificó distintas atribuciones que ya tenía la Secretaría de Educación en el artículo 13. En la fracción V amplió la entrega de materiales para incluir ayudas técnicas y tecnológicas; en la VII agregó la educación inicial y preescolar y prohibió condicionar la inscripción o permanencia de estudiantes con discapacidad; y en la XII incorporó la formación y certificación de intérpretes, estenógrafos y personal especializado. Además, creó nuevas obligaciones relacionadas con accesibilidad de contenidos digitales, diseño universal y acompañamiento mediante servicio social.
El cuestionamiento de Torres Cuevas es que esas medidas fueron definidas sin que las propias personas con discapacidad participaran en la decisión sobre qué necesitan y cómo deberían aplicarse.
“Pero no podrán comprenderlo mientras no realicen consultas auténticas”.
Torres Cuevas también cuestionó la manera en que el Poder Legislativo entiende la participación de las personas con discapacidad. A su consideración, las consultas no deberían realizarse como ejercicios aislados cada vez que aparece una reforma que las afecta, sino formar parte permanente del trabajo legislativo.
“Siguen considerando que las consultas son eventos aislados que pueden celebrarse una o, quizá, dos veces al año. No es así; la consulta debe formar parte permanente de la vida institucional del Congreso”.
El propio dictamen sostiene que uno de sus objetivos es armonizar la legislación estatal con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por ello la activista destaca que existe una contradicción entre invocar ese instrumento internacional para justificar los cambios y no involucrar a las personas con discapacidad en su elaboración.
Torres Cuevas adelantó que buscarán impugnar la reforma ante la SCJN, aunque reconoció que necesitan que alguno de los actores legalmente facultados promueva la acción de inconstitucionalidad. Explicó que en otros asuntos han recibido apoyo de Somos, pero en este caso el partido no puede recurrir la reforma al tratarse de materia educativa y no electoral, mientras existe incertidumbre sobre si algún organismo de derechos humanos llevará el caso ante la Corte.
Ante estas limitaciones, informó que ya mantienen comunicación con la vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, quien les recomendó presentar el caso directamente ante ese organismo.
En su carta abierta, Torres Cuevas aseguró que cuentan con los elementos para solicitar que el Comité formule una recomendación, al considerar agotadas las alternativas que hasta ahora han utilizado en México para exigir su participación en las decisiones que les afectan.
“Ya vimos que no le hacen caso a la corte, ya vimos que no le hacen caso a nadie entonces pues vamos a ver si esto da resultado por eso vamos más arriba”.
Torres Cuevas cerró su carta reprochando que, desde su perspectiva, el Congreso tuvo oportunidad de involucrar a las personas con discapacidad antes de modificar la legislación.
“Es lamentable que hayan tenido la oportunidad de hacer las cosas bien y la hayan desaprovechado. Que hayan contado con todo el apoyo de nuestra parte, pero nula intención por permitir que la sociedad civil, las personas con discapacidad, participemos en los asuntos que nos atañen”.
