Fernanda Durán
Entre acusaciones de discriminación, llamados a defender la soberanía nacional, reproches partidistas y constantes solicitudes de moción de orden, el Congreso del Estado de San Luis Potosí fue el cuarto en aprobar este miércoles la minuta de reforma constitucional que exigirá contar únicamente con la nacionalidad mexicana para aspirar a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La minuta fue avalada con 19 votos a favor y seis en contra, estos últimos provenientes de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Con ello, San Luis Potosí se sumó al proceso de aprobación que comenzó en menos de una semana en distintas legislaturas del país.
La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además de impedir que una persona con una segunda nacionalidad acceda a alguno de esos tres cargos sin renunciar previamente a ella, establece restricciones durante el ejercicio de la función pública.
Quienes ocupen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno tampoco podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad, invocarla ante autoridades extranjeras, utilizar un pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado, ejercer derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera o acogerse a su protección diplomática. Estas disposiciones forman parte del proyecto aprobado previamente por las cámaras federales.
En caso de contar actualmente con una segunda nacionalidad, la persona interesada deberá acreditar que renunció a ella antes de solicitar ante la autoridad electoral el registro de su candidatura.
La minuta llegó a los congresos locales después de que la Cámara de Diputados la aprobó el 22 de septiembre y el Senado hizo lo propio el martes 29. Al tratarse de una reforma constitucional, deberá obtener el respaldo de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para completar el procedimiento previsto en el artículo 135 constitucional.
PAN: “La lealtad a la patria no cabe en un pasaporte”
Desde la oposición, el coordinador parlamentario del PAN, Rubén Guajardo Barrera, cuestionó que la doble nacionalidad sea utilizada como parámetro para determinar la lealtad de quienes aspiren a gobernar.
“La lealtad a la patria no cabe en un pasaporte. Se demuestra con hechos, con honestidad y con resultados. Y eso lo decide la gente en las urnas”.
El legislador recordó la relación de San Luis Potosí con la migración hacia Estados Unidos y sostuvo que la reforma termina imponiendo una condición adicional a mexicanos y descendientes de mexicanos que adquirieron otra nacionalidad.
“En nuestra tierra casi toda familia tiene a alguien al otro lado de la frontera. Un hijo, un hermano, un padre que se fue a trabajar y que cada mes manda lo que puede para que en casa no falte nada”.
Guajardo argumentó que las restricciones al derecho a ser votado deben ser excepcionales y proporcionales, y cuestionó cuál es el problema específico que busca solucionar la modificación constitucional.
También criticó la rapidez de su aprobación y señaló que los congresos locales, como integrantes del Constituyente Permanente, no deben limitarse a ratificar automáticamente las reformas federales.
“Nuestro voto no es un trámite ni un sello de voto. Es la garantía de que una reforma de esta magnitud pasa por el filtro de quienes representamos directamente a los ciudadanos de cada entidad”.
Morena defiende la reforma por soberanía
El diputado de Morena, Carlos Arreola Mallol defendió, en contraste, que la modificación pretende garantizar que quienes encabecen los poderes ejecutivos mantengan una relación jurídica y política exclusiva con México.
“Nuestra postura política frente a lo que se señala como cerrar puertas, nosotros lo vemos como la defensa de nuestra soberanía”.
El morenista argumentó que el contexto internacional y los posibles intentos de injerencia extranjera justifican establecer condiciones adicionales para quienes tengan bajo su responsabilidad la conducción del Poder Ejecutivo.
Su intervención derivó posteriormente en señalamientos contra diputadas del PRI y abrió un intercambio de acusaciones desde las curules.
MC cuestiona distinción entre mexicanos
El diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte también se manifestó en contra y sostuvo que la reforma introduce diferencias entre ciudadanos mexicanos dependiendo de si poseen o no una segunda nacionalidad.
“México no puede construir ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”, señaló.
Como antecedentes, mencionó los casos de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, y Javier Corral, actual senador, ambos militantes de morena para argumentar que previamente existían mecanismos jurídicos para atender las implicaciones de la doble nacionalidad sin establecer una prohibición constitucional de esta naturaleza.
También recordó la modificación realizada años atrás a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para eliminar restricciones relacionadas con la nacionalidad por nacimiento.
“¿Qué cambió? Porque hace unos años se hablaba de ampliar derechos y combatir la discriminación hacia quienes tenían otra condición de nacionalidad y ahora estamos discutiendo una reforma que vuelve a introducir distinciones para quienes tienen doble nacionalidad”.
La discusión comenzó a alejarse del contenido de la minuta conforme avanzaron las intervenciones.
La diputada Jessica Gabriela López Torres respaldó la reforma y rechazó que representar a mexicanos migrantes o con doble nacionalidad implique necesariamente permitirles acceder sin requisitos adicionales a las titularidades de los poderes ejecutivos.
“Tener una sola nacionalidad no te hace patriota”, reconoció, aunque añadió que la disposición representaría por lo menos “un freno” frente a posibles conflictos de intereses.
Su discurso también incluyó críticas directas a los partidos opositores y referencias a situaciones políticas de otros países latinoamericanos, lo que elevó el tono del intercambio entre bancadas.
Del lado del PRI, Frinné Azuara Yarzábal cuestionó la justificación de la reforma y preguntó si existe algún caso que demuestre que la doble nacionalidad de una persona al frente de un Ejecutivo haya comprometido los intereses nacionales.
“¿Dónde está el caso concreto que demuestra que la doble nacionalidad de una persona al frente de alguno de estos cargos haya comprometido los intereses de México? ¿Qué problema identificado resolverá esta reforma?”.
La intervención de la priista se extendió posteriormente hacia críticas a los gobiernos de Morena en materia educativa, seguridad, salud y corrupción.
Esto provocó una nueva participación de Carlos Arreola mediante una rectificación de hechos, principalmente para responder a los señalamientos educativos. Las intervenciones ocasionaron reclamos desde las curules y obligaron a la Presidencia de la Mesa Directiva a pedir en distintas ocasiones que se mantuviera el orden.
Sara Rocha Medina, del PRI, pidió posteriormente otra rectificación de hechos, pero nuevamente fue interrumpida por solicitudes de moción, preguntas y llamados de la Mesa Directiva a respetar el turno de la oradora.
Durante estos intercambios incluso fue necesario leer en voz alta el artículo 89 del Reglamento del Congreso, que regula las mociones de orden y las rectificaciones de hechos, ante las diferencias sobre cuándo podían intervenir quienes no se encontraban inscritos originalmente en la lista de oradores.
Tras finalizar las distintas inconformidades los legisladores pasaron a la votación en la que por accidente la diputada Frinné Azuara votó por error a favor de la minuta, pero finalmente pidió el cambio en el acta ante la imposibilidad de cambiar el voto en el tablero.
La Constitución establece que una reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión debe recibir también el respaldo de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México; una vez alcanzada esa mayoría, corresponde al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente realizar el cómputo y emitir la declaratoria correspondiente.
Durante las últimas horas varias legislaturas comenzaron a procesar la minuta entre ellas, Oaxaca, Chiapas y el Congreso de la Ciudad de México.
Si el procedimiento constitucional se completa, el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, mientras que las nuevas condiciones de elegibilidad comenzarán a aplicarse a partir de los procesos electorales de 2028.
