Estela Ambriz Delgado
Ejidatarios y representantes de diversas comunidades del estado, así como integrantes del colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito, se reunieron con el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Víctor Suárez Carrera, para exponer sus problemáticas y buscar estrategias para su solución.
La oficina de representación estatal informó sobre este encuentro, realizado el miércoles 30 de septiembre en las Oficinas Centrales de la dependencia en Ciudad de México, en el que también estuvo presente su encargado, Ricardo Enrique Rivera Sierra, así como el director de Servicios Periciales de la PA, Jonathan Cristian Noyola Ledezma.
Las y los representantes de núcleos agrarios que plantearon sus demandas, fueron de las comunidades Guadalupe Victoria y La Cruz, así como Suspiro Picacho, del municipio Mexquitic de Carmona, ejido Cerro Gordo en Zaragoza, ejido Peyote en Guadalcázar, La Manzanilla, Villa Guerrero, así como de las colonias Angostura y Maravillas en la capital del estado.
La representación estatal indicó que se exploraron alternativas de acompañamiento en sus trámites ante diferentes instancias, y se acordó darles seguimiento a las demandas planteadas, para lograr una pronta solución a cada una de ellas.
El colectivo Guardianes de la Sierra detalló que, en el caso de Guadalupe Victoria y La Cruz, se solicitó reforzar las determinaciones de respeto del territorio (al polígono comunal), para que se generen una serie de inscripciones registrales que ya prácticamente son un hecho.
De igual forma, Suspiro Picacho pide ratificar el derecho de la posesión de más de 3 mil hectáreas comunales, y todo lo que se tiene que generar para lograr un dictamen técnico a su favor.
Por parte de Cerro Gordo se expusieron las actividades de explotación de material pétreo que la empresa Hoganza SA de CV realizó de manera ilegal, para utilizar en la construcción del Libramiento Oriente. Así como lo relativo al tema arqueológico y ambiental, las gestiones y denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y se entregó un expediente de cada tema.
Se solicitó al procurador una investigación sobre la privatización de tierras ejidales, así como del actuar por parte de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), que autorizó un MIA a una empresa que no es propietaria del polígono y que pretende explotar el cerro histórico como banco de materiales.
En el caso de Peyote, se informó a los ejidatarios que la PA no ha dado alguna autorización para la ocupación del inmueble, por lo que se va a poner en conocimiento a las autoridades competentes que se está actuando al margen de la ley.
Por parte Villa Guerrero, se informó que defienden un polígono propiedad del ejido, que pretende negociar a través del gobierno estatal, despojando de casi 40 hectáreas de los ejidatarios, que provienen de sus resoluciones presidenciales. Aunque son terrenos que están invadidos, tienen la posesión de una cantidad importante de personas, el ejido quiere que se les arregle a todos los posesionarios, pero no al margen de la voluntad de los ejidatarios, es decir, que no se haga negocio con la regularización.
En el caso de las colonias de la capital del estado, Guardianes de la Sierra destacó que Suárez Carrera fue muy enfático en que es inadmisible que se pretenda reconocer una superficie de 1900 hectáreas, por lo que recomendó a los colonos que se organicen y difundan esa problemática que viven cientos de personas.
Se informó también que ya se hace un trabajo en el Archivo Histórico, el Instituto Registral y Catastral, y que también se va a pedir la intervención de la PA, pues se trata de predios de origen comunitario que encuadran en los requisitos que establece el artículo 2° Constitucional.
Asimismo, asistieron a la edición 16 de la conferencia “Rescate, defensa, y revalorización de los ejidos y comunidades agrarias”, para reafirmar la defensa del maíz nativo frente a los organismos genéticamente modificados, y reconocer a los ejidos y comunidades como guardianes de las semillas, la identidad, y la soberanía alimentaria del país.
