Estela Ambriz Delgado
El colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito expresó que era irremediable que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) reculara en la autorización del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que otorgó para la explotación de Cerro Gordo como banco de materiales, luego de que quedara al descubierto la estrategia de la empresa Hoganza para ostentarse como dueña de 34 hectáreas del ejido con su aval.
En relación a la cancelación definitiva de la MIA, la cual había sido otorgada por la dependencia a la empresa el 27 de abril del presente año, la organización consideró que fue a consecuencia de que se develó la complicidad de exfuncionarios de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional (RAN) y del gobierno estatal para la venta del ejido ubicado en el municipio de Zaragoza.
“Ellos liberaron una autorización ambiental por 34 hectáreas y Hoganza se hizo pasar como la dueña del terreno cuando no lo es. Tan no lo es que apenas hace 10 días se entregaron los certificados parcelarios del uso común que entregó el RAN de manera irregular como lo hemos señalado, pero bueno, lo cierto es que Hoganza simuló ser dueño de algo de lo que no era y Segam fue cómplice al darles una autorización y luego ir a engañar a la Sedena [Defensa]”.
Guardianes apuntó que la dependencia sabe que la investigación seguirá su curso, y el que hayan dejado ahora sin efectos el documento que emitieron en abril no borra las afectaciones ambientales que se hicieron bajo esa autorización.
Asimismo, indican que de conformidad con lo que establecen los lineamientos que planteó Semarnat y la Procuraduría Agraria para dar su opinión respecto al cambio de destino y la creación de las parcelas en esa área forestal, incluso ahí donde ya no hay vegetación por la depredación que históricamente se hizo para el uso del material, se tiene que generar un expediente por parte de Profepa para conocer quién hizo esos daños.
“No tienen autorización ni la han tenido, ni la pueden tener para extraer ni siquiera el mínimo de roca de la zona que pretendieron seguir detonando. Saben que la Segam incurrió en responsabilidad, nosotros estamos valorando la presentación de un juicio de responsabilidad, ya lo veremos, porque la Segam se pasó de lista, metió en problemas a la Sedena, porque engañó a la Sedena y porque engañó al interés público y al orden público. Esto no es cosa menor”.
En este sentido, el colectivo cuestionó sobre el posible número de autorizaciones que está liberando Segam para extracción de material para la construcción del entronque 75-D Matehuala, sin contar con el soporte ambiental federal.
Finalmente manifestaron que el que la empresa se haya echado para atrás da una demostración de lo que puede hacer un pueblo cuando se organiza, pero no por ello se van a apaciguar, pues seguirán junto con el Comité de Defensa de Cerro Gordo hasta las últimas consecuencias respecto a por qué y cómo se liberó esa autorización, porque ahí ya se incurrió en un delito.
“Acá en el tema de la tenencia de la tierra, hay una insubordinación de ejidatarios que no van a entregarle los títulos a la empresa Hoganza, bajo ningún concepto se va a permitir que la tierra sea privatizada”.
