Jonathan Quintero García
Cuando abrimos la llave y no sale agua, el problema no termina ahí. Para muchas familias apenas comienza. Hay que almacenar lo poco disponible, buscar otra fuente, esperar una pipa pública o pagar por una particular. La necesidad de agua no desaparece cuando falla la red. Simplemente hay que buscar otra manera de conseguirla. Y es precisamente ahí donde puede surgir un mercado alrededor de la escasez.
Hablar de un mercado informal o irregular del agua no significa que toda venta privada sea ilegal ni que todas las pipas operen fuera de la ley. En la Zona Metropolitana de San Luis Potosí (ZMSLP) conviven pipas públicas para atender emergencias, proveedores particulares legalmente establecidos y otras formas de distribución con distintos niveles de autorización, vigilancia y control. El problema aparece cuando no es posible saber con claridad de dónde viene el agua, cuál es su calidad, qué controles sanitarios tiene, cuánto se extrae, con qué autorización, a dónde se dirige o cómo se determina su precio.
Las pipas han funcionado durante años como una alternativa ante las fallas o limitaciones del sistema de abastecimiento. El problema comienza cuando lo que debería ser una solución extraordinaria se convierte en una forma cotidiana de conseguir agua.
Una investigación sobre este mercado en la ZMSLP, basada en revisión de documentos y normas, 31 entrevistas, 2,000 encuestas en línea y 50 encuestas presenciales, permite dimensionar el problema. Entre las personas encuestadas, 86.6% experimentó alguna falta de agua durante los 30 días anteriores, 76.3% necesitó una pipa pública, particular o ambas y 82.7% tuvo que comprar agua adicional ante la insuficiencia de la red. Estos datos describen la experiencia de quienes participaron en el estudio y no representan porcentajes de toda la población metropolitana.
Al comparar las encuestas y entrevistas, aparece un patrón de desigualdad entre los distintos sectores de la ciudad. En asentamientos con mayores condiciones de vulnerabilidad —principalmente en las periferias norte y sur—, la falta o intermitencia de la red y las limitaciones del reparto público de pipas pueden llevar a las familias a contratar proveedores privados. Algunos testimonios incluso señalan condicionamientos mediante padrones de adscripción partidista, además de insuficiencia e ineficiencia en el reparto. Esto significa un gasto adicional para hogares que ya cuentan con recursos económicos limitados.
En contraste, sectores históricamente con mejores condiciones socioeconómicas —mayormente en el poniente y sur poniente— presentan mayor continuidad del servicio y mayor capacidad para almacenar agua, incluso en viviendas con jardines de vegetación no endémica, albercas u otros equipamientos que requieren cantidades importantes de agua. La paradoja es evidente. Quienes enfrentan mayores carencias pueden terminar pagando más para conseguir agua, mientras quienes tienen mayores recursos cuentan también con mejores condiciones para asegurar su abastecimiento.
Este patrón expresa un problema de injusticia hídrica. Mientras una familia puede recibir agua regularmente y pagar sólo la tarifa del servicio, otra enfrenta interrupciones y debe gastar además en tinacos, cisternas, bombas, agua embotellada o pipas. La desigualdad no consiste solamente en tener o no tener agua. También importa con qué frecuencia llega, su calidad, qué tan fácil es obtenerla, cuánto cuesta y qué tan segura es su fuente (Boelens, 2015; Boelens, Perreault y Vos, 2018).
Todo esto ocurre, además, en un territorio con fuertes presiones sobre sus fuentes subterráneas. Para el acuífero San Luis Potosí 2411, CONAGUA (2024) reporta una recarga media anual de 78.1 millones de metros cúbicos y una disponibilidad media anual negativa cercana a 59.6 millones. Es decir, extraemos cada vez más agua de la que el acuífero puede recuperar de manera natural, mientras que la expansión urbana y la pérdida de zonas de infiltración ejercen una presión creciente sobre las áreas que permiten su recarga.
Esta sobreexplotación es un problema estructural y no puede atribuirse exclusivamente al mercado irregular. También intervienen la dependencia histórica del agua subterránea y el crecimiento urbano e industrial.
Por eso, la escasez de agua no puede explicarse solamente por la sequía o por la falta de lluvia. También depende de cómo extraemos, distribuimos, administramos y utilizamos el agua disponible. La pregunta no es únicamente cuánta agua tenemos, sino quién puede acceder a ella, quién la extrae, para qué la utiliza y bajo qué condiciones. La escasez tiene una dimensión natural, pero también social, económica y política.
La investigación encontró problemas relacionados con concesiones, medición, cambios en el uso autorizado del agua y distribución mediante pipas cuya procedencia u operación no siempre pueden comprobarse. Esto no significa que exista una sola red clandestina ni que todas las pipas operen ilegalmente. Lo que sí muestra son zonas poco claras dentro del sistema que dificultan seguir el recorrido del agua desde su extracción hasta quien finalmente la consume.
Entonces, ¿quién gana con la escasez? La respuesta tampoco consiste en estigmatizar a quienes participan en el mercado del agua. Existen pequeños prestadores independientes que encuentran en esta actividad una fuente de ingreso y operan dentro del marco legal.
Entonces, ¿quién gana con la escasez? La respuesta tampoco consiste en estigmatizar a quienes participan en el mercado del agua. Existen pequeños prestadores independientes que encuentran en esta actividad una fuente de ingreso y operan dentro del marco legal. El problema aparece cuando las deficiencias en la regulación, supervisión y transparencia generan condiciones que pueden favorecer la concentración del mercado y otorgar ventajas a actores con mayor poder económico o político frente a los pequeños proveedores, además de permitir prácticas cuya legalidad, procedencia del agua o volúmenes comercializados resultan difíciles de verificar. Cuando, además, el sistema público no garantiza un suministro suficiente y continuo, se genera una población obligada a comprar agua. Así, quienes padecen las mayores deficiencias del servicio pueden terminar pagando más para obtener un recurso indispensable.
Así, quienes padecen las mayores deficiencias del servicio pueden terminar pagando más para obtener un recurso indispensable y la dependencia hacia este medio de abastecimiento se va incrementando cada vez más, manifestando la desatención de las instituciones para proveer un derecho humano universal de manera equitativa y segura.
La solución no consiste en prohibir las pipas. Mientras existan emergencias y zonas sin abastecimiento suficiente, seguirán siendo necesarias. Sin embargo, San Luis Potosí cuenta desde 2019 con disposiciones para regular el transporte y la venta de agua mediante pipas particulares y todavía existen diferencias entre lo que establece la regulación y lo que ocurre en la práctica. En abril de 2026, el Congreso del Estado exhortó a la Comisión Estatal del Agua a elaborar y publicar los costos máximos aplicables a estos servicios.
Regular este mercado significa establecer reglas claras, contar con un registro de prestadores, identificar de dónde obtienen el agua, verificar cuánto extraen y transportan, fortalecer los controles sanitarios, transparentar los precios y poder seguir el recorrido del agua desde su fuente hasta el consumidor. Pero hay una diferencia fundamental. Regular el mercado no debe significar convertirlo en una forma permanente de abastecimiento.
El agua tiene costos de extracción, potabilización, conducción, saneamiento y distribución. Reconocer esos costos no significa convertirla simplemente en una mercancía. El agua es indispensable para la vida y su acceso es un derecho humano. Por ello, la capacidad económica de una persona no debería determinar si puede contar con el agua necesaria para cubrir sus necesidades básicas.
Necesitamos avanzar hacia un modelo sostenible de gestión del agua, con enfoque de cuenca y de derechos humanos, que coloque en el centro la justicia hídrica, la reducción de las desigualdades entre territorios, la participación ciudadana y la transparencia. Los acuíferos, las zonas de recarga, los ríos y escurrimientos, los cuerpos de agua, los ecosistemas y las ciudades forman parte de un mismo sistema. También debemos fortalecer las capacidades de las instituciones, atender primero a las zonas con mayores carencias y garantizar información pública sobre de dónde viene el agua, cuánto se extrae, quién tiene autorización para utilizarla y cómo se toman las decisiones.
La alternativa a un mercado irregular del agua no puede ser simplemente tener un mercado mejor regulado. El objetivo debe ser construir una gestión pública, participativa y ambientalmente sostenible que reduzca la necesidad de comprar agua para ejercer un derecho humano. Regular los mecanismos que existen actualmente es necesario, pero garantizar ese derecho exige transformar las condiciones que han hecho que esos mecanismos se vuelvan indispensables.
Porque cuando el agua deja de llegar por la red, la necesidad no desaparece. Aparece otra manera de conseguirla. Y cuando acceder a ella depende de cuánto puede pagar una persona, la escasez deja de ser solamente un problema de disponibilidad y se convierte también en un problema de desigualdad y justicia hídrica.
La pregunta no es solamente quién vende el agua cuando falta. También debemos preguntarnos por qué tantas personas tienen que comprarla para ejercer un derecho que debería estar garantizado y qué debemos transformar para evitar que el acceso al agua dependa cada vez más del mercado.
Referencias
Boelens, R. (2015). Water, Power and Identity: The Cultural Politics of Water and Development. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315867557
Boelens, R., Perreault, T., & Vos, J. (Eds.). (2018). Water justice. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316831847
CONAGUA. (2024). Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero San Luis Potosí (2411). Recuperado de https://sigagis.conagua.gob.mx/gas1/Edos_Acuiferos_18/sanluispotosi/DR_2411.pdf
Interapas (2018). Informe anual 2018. https://interapas.mx/wp-content/uploads/2024/08/in_anual_2018.pdf
Interapas (2015). Informe anual 2015: Un esfuerzo compartido. https://interapas.mx/files/informes_anuales/informe2015.pdf
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es investigador adscrito a El Colegio de San Luis y Presidente del Consejo Hídrico Estatal. Su trabajo se centra en la gestión sostenible del agua, la justicia hídrica y la sostenibilidad metropolitana en México.
