Fernanda Durán
La empresa VEM S.A. de C.V. mantiene todavía la posesión del terreno de aproximadamente 46 mil metros cuadrados que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) le arrendó en Lomas Cuarta Sección, debido a que el contrato aún no ha sido rescindido judicialmente, informó la abogada general de la institución, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, en entrevista para MG noticias.
Aunque la UASLP promovió desde 2025 la rescisión del contrato y el litigio mercantil ha acumulado distintos incidentes, Navarro reconoció que el juicio continúa en una etapa temprana y que el inmueble sigue en manos del arrendatario.
Añadió que “vamos en una etapa muy inicial”, pues hasta ahora se han resuelto principalmente cuestiones incidentales y todavía no existe una sentencia sobre el fondo del conflicto.
La universidad busca recuperar el predio luego de señalar incumplimientos en el proyecto originalmente planteado como Centro Deportivo Santa Fe. VEM, por su parte, respondió con una reconvención en la que reclama más de 684 millones de pesos por presuntos daños y perjuicios.
Navarro detalló que, además de los dos incidentes promovidos por la parte demandada que ya fueron resueltos sin prosperar a su favor, actualmente existe un tercer incidente planteado por la propia universidad. La finalidad, explicó, es proteger el patrimonio universitario mientras el litigio sigue abierto:
“Estamos en la espera de que se resuelva un tercero que nosotros solicitamos precisamente a razón de esto… queremos que se asegure el patrimonio universitario por si en el futuro pudiera tener algún desgaste, algún perjuicio”.
La Abogacía pidió que se hiciera efectiva una garantía relacionada con el bien inmueble y ahora espera que la jueza determine si esa medida puede aplicarse durante el desarrollo del juicio.
Según Navarro, los dos incidentes promovidos por el fiador de VEM dentro del juicio fueron resueltos a favor de la universidad. Sin embargo, eso todavía no significa que la UASLP haya ganado el caso, pues la jueza aún no decide quién tiene la razón en el conflicto por el contrato.
Señala acercamientos para “vender” los derechos del litigio
La abogada general también dio a conocer una situación que hasta ahora no había sido expuesta públicamente dentro del conflicto:
“Lo que ha hecho nuestra contraparte es acercarse a distintos despachos o distintos actores que a su vez han buscado tener contacto con otros actores de la universidad, incluido personal de mi oficina”.
Según su versión, estas personas habrían señalado que VEM buscaba “venderles los derechos litigiosos” (es decir, los derechos económicos que pudieran derivar del resultado del juicio) y posteriormente habrían intentado acercarse directamente a la universidad para explorar una negociación, bajo la expectativa de que el litigio pudiera generarles una ganancia económica.
Explica origen de documentos cuestionados por VEM
Durante la entrevista, Navarro también amplió la explicación de la universidad sobre los documentos que la defensa de VEM ha cuestionado dentro del procedimiento.
Señaló que, después de que en 2024 Astrolabio hiciera pública la investigación sobre el uso del terreno y las diferencias entre el proyecto originalmente autorizado y el posteriormente promovido, la institución comenzó a revisar la documentación disponible en sus archivos.
De acuerdo con su versión, en una primera revisión se localizó una carpeta principal que contenía una copia del contrato y anexos, pero todavía no se había reunido toda la documentación relacionada con el proyecto.
Posteriormente, dijo, fueron localizadas otras comunicaciones firmadas por el representante legal de VEM, entre ellas un oficio de febrero de 2024 en el que se habría entregado información complementaria y solicitado que determinados anexos fueran considerados definitivos.
Navarro sostuvo que esos documentos incluían compromisos, planos del proyecto y anexos firmados que posteriormente fueron incorporados al expediente judicial.
La defensa de VEM ha cuestionado precisamente parte de esos documentos al sostener que no formarían parte del contrato originalmente firmado. Navarro rechazó que hayan sido alterados y aseguró que la diferencia se originó porque, durante las primeras revisiones, la universidad todavía no había concentrado toda la información existente en sus archivos.
La abogada general confirmó además que durante la revisión inicial del contrato la Comisión de Hacienda de la UASLP solicitó que se recabara una opinión técnica sobre el asunto.
Este elemento había sido mencionado dentro de los señalamientos difundidos por la defensa de VEM. Sin embargo, en la entrevista Navarro no precisó cuál fue la conclusión de esa opinión ni confirmó que hubiera determinado que la rescisión fuera jurídicamente inviable.
Navarro precisó que la solicitud hecha por la UASLP desde diciembre de 2025 permaneció sin movimiento durante varios meses y que fue hasta el 3 de septiembre, después de que la propia universidad preguntó a la FGR por el estado del asunto, cuando la Fiscalía pidió copia certificada del expediente.
Según su relato, el 8 de septiembre la defensa de VEM presentó dos escritos, uno para insistir en el rechazo de determinadas pruebas y otro con señalamientos sobre supuesta documentación falsa; dos días después pidió que se les diera trámite urgente y sostuvo que existía obligación de denunciar a Navarro por tratarse de una servidora pública.
La resolución llegó el 18 de septiembre. La abogada aseguró que, en la versión íntegra del acuerdo, la jueza rechazó presentar directamente una denuncia en su contra y únicamente ordenó remitir los escritos al Ministerio Público para incorporarlos a la investigación ya abierta. Esa parte no aparece completa en la síntesis pública del acuerdo.
El juicio mercantil sigue sin una resolución de fondo, la UASLP busca rescindir el contrato del predio arrendado a VEM, mientras la empresa reclama más de 684 millones de pesos por presuntos daños y perjuicios.
