Fernanda Durán
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) dejó su sede habitual y trasladó sus oficinas a un inmueble rentado por la Contraloría General del Estado, luego de quedarse sin recursos suficientes para sostener el arrendamiento. El cambio ocurre en medio del proceso para extinguir al organismo y de ajustes internos que ya han alcanzado a la plantilla laboral, con 10 personas notificadas sobre la conclusión de su relación laboral.
Pese a los múltiples cambios registrados en la Cegaip, el comisionado presidente, José Gerardo Navarro Alviso, aclaró que la mudanza no forma parte formalmente de la transición al nuevo sistema de transparencia.
Desde el 1 de octubre, la CEGAIP estableció como domicilio oficial Prolongación Coronel Romero número 110, colonia Alamitos, en la ciudad de San Luis Potosí, de acuerdo con el comunicado aprobado por su Pleno. El documento señala que el cambio responde a “necesidades de organización y operatividad” y ordena actualizar oficialmente el domicilio del organismo.
Navarro Alviso explicó este lunes 5 de octubre que el espacio fue facilitado por el Poder Ejecutivo y que forma parte de las instalaciones ocupadas por la Contraloría, pero sostuvo que la CEGAIP no ha quedado subordinada todavía a esa dependencia.
“No es parte meramente de la transición como tal de el tema de la CEGAIP, el nuevo órgano naciente, puesto que las normas todavía no se han emitido”.
La precisión se da porque la reforma constitucional que extinguió a la CEGAIP establece que las funciones de transparencia correspondientes al Poder Ejecutivo y los municipios serán asumidas por un organismo desconcentrado de la administración pública estatal, sectorizado a la Contraloría General. Sin embargo, ese esquema aún requiere de las leyes secundarias que permanecen pendientes en el Congreso.
Mientras eso ocurre, Navarro Alviso sostuvo que la Comisión conserva su autonomía administrativa, presupuestal y de decisión.
“En lo sucesivo pues quizá a lo mejor esto del tránsito que se va a dar al nuevo sistema de transparencia… va a facilitar el hecho de que es muy probable que hay que esperar la normativa, pero de acuerdo a la reforma constitucional pues va a tener una desconcentración por parte de la Contraloría, pero la comisión sigue funcionando en su autonomía de decisiones de funcionamiento y presupuestal, seguimos nosotros teniendo el manejo por ser todavía hasta la fecha un órgano autónomo”.
El comisionado atribuyó directamente la mudanza al deterioro presupuestal de la CEGAIP. Explicó que durante los últimos años el organismo mantuvo prácticamente el mismo presupuesto, pese al incremento de los costos de operación y de los arrendamientos.
Agregó que el organismo pagaba tanto la sede principal como otro inmueble destinado al archivo, pero que los recursos asignados dejaron de ser suficientes.
Navarro Alviso aseguró que desde que asumió la presidencia ya existían adeudos relacionados con rentas y un déficit en las partidas destinadas a ese concepto. No precisó a cuánto ascendía el adeudo heredado, pero señaló que esas observaciones fueron reportadas durante la entrega-recepción y ante el Instituto de Fiscalización Superior (IFSE).
Aclaró que no se trató necesariamente de dinero desaparecido, sino de recursos presupuestados para determinados capítulos que habían sido ejercidos en otros conceptos, entre ellos nómina.
Según Navarro Alviso, el presupuesto de la CEGAIP no habría tenido una ampliación significativa durante cinco o seis años, pese al efecto acumulado de la inflación y el incremento de sus gastos.
La falta de recursos llegó al punto de que el monto disponible para arrendamientos prácticamente alcanzó únicamente para cubrir el primer semestre de 2026.
“Ya era insostenible el tema de los arrendamientos”.
Ante ese escenario, afirmó que la Comisión buscó desde hace más de un año espacios públicos donde pudiera instalarse sin seguir acumulando obligaciones por renta. Dijo que incluso exploraron inmuebles pertenecientes a otras instituciones, incluido el Poder Judicial de la Federación, hasta que el Ejecutivo estatal ofreció el espacio actualmente utilizado por la Contraloría.
El traslado permitirá eliminar el gasto de arrendamiento de las oficinas. Navarro Alviso informó que la CEGAIP no pagará renta al Gobierno del Estado y únicamente cubrirá los servicios que genere su operación.
La medida busca evitar que la falta de presupuesto termine generando nuevos adeudos antes de que concluya el proceso de extinción del organismo.
Diez personas ya fueron notificadas de su salida
La reducción de gastos no se limitó a la renta. El comisionado confirmó que la CEGAIP también comenzó ajustes en su plantilla laboral ante la expectativa de que el nuevo modelo opere con menos personal.
Hasta hace unos días, explicó, la Comisión contaba con 42 personas, incluidos los comisionados. De ese total, diez ya fueron notificadas sobre la conclusión de su relación laboral, aunque algunos casos continúan en negociación.
“Con algunas todavía se está en pláticas, en su totalidad no se ha tenido, con algunas ya se están trabajando convenios en el Centro de Conciliación y con algunas otras todavía se tiene diálogo precisamente para ello, pero ya son 10 personas a las que se les han notificado al respecto”.
Navarro explicó que se han buscado terminaciones anticipadas de contrato y convenios antes que despidos directos. Los acuerdos contemplarían las prestaciones proporcionales que correspondan conforme al tiempo trabajado y, en algunos casos, condiciones adicionales que puedan negociarse según la disponibilidad presupuestal.
Señaló que quienes no estén de acuerdo con los términos ofrecidos conservarán la posibilidad de acudir a los tribunales laborales.
Prevén que el nuevo organismo tenga menos personal
El comisionado reconoció que todavía no saben cuál será la plantilla definitiva del organismo que sustituirá a la CEGAIP, porque ello dependerá de las leyes secundarias y de la futura titularidad de esa institución. Sin embargo, consideró previsible una reducción debido a que el nuevo modelo repartirá las funciones que actualmente concentra la Comisión.
“Creo que va a ser muy complicado que se pueda transitar con todas las personas, porque justamente una de las justificaciones para esta reforma es la reducción en cuanto administrativa, la simplificación que implica por vía de consecuencia que se trabaje con menos personal”.
La reforma constitucional establece que el Poder Legislativo, el Judicial y los organismos constitucionales autónomos deberán garantizar directamente el derecho de acceso a la información a través de sus propios órganos internos de control, mientras que el Ejecutivo contará con un organismo sectorizado a la Contraloría.
Navarro añadió que partidos políticos y sindicatos también dejarán de formar parte de la carga que actualmente atiende la CEGAIP y pasarán al ámbito federal, por lo que el futuro organismo local tendría un número menor de sujetos obligados.
Aun con la reducción prevista, señaló que buscarán aprovechar la experiencia del personal que actualmente trabaja en transparencia y protección de datos personales y que parte de esa plantilla pueda incorporarse a las nuevas autoridades.
Mientras la CEGAIP ya cambió de sede, dejó de pagar arrendamiento y comenzó a reducir su plantilla, las leyes secundarias que definirán formalmente el funcionamiento del nuevo sistema todavía no han sido aprobadas.
Navarro Alviso reconoció incluso que el Congreso ya rebasó el plazo que había establecido para emitir esa legislación, aunque siguen a la espera de las determinaciones del legislativo y ejecutivo en el estudio del tema.
“Sí queremos estar preparados de acuerdo a estas pláticas que se han venido teniendo… el Estado pues ya está en esa parte, incluso rebasando el tiempo determinado de manera propia el Congreso, ya rebasó el tiempo para la emisión de las leyes secundarias”.
El Congreso ha sostenido que la permanencia de los actuales comisionados responde precisamente a la necesidad de mantener responsables al frente mientras se concreta la transición.
