Por Victoriano Martínez
Han pasado nueve años con cuatro meses y 12 días desde que se publicó la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y hasta ahora en ningún momento de su existencia ha operado con su estructura completa.
Tan poco funcional resultó el diseño estructural del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) que el Comité de Participación Ciudadana (CPC), la representación de la sociedad, ha funcionado la mayor parte del tiempo sin la totalidad de los integrantes que lo deben conformar.
Tan poco efectiva ha sido la selección de sus integrantes que los instrumentos y acciones para el combate a la corrupción tampoco se han desarrollado.
Por ejemplo, de los seis sistemas de información pública que debieran estar disponibles para que la población, a la fecha sólo operan tres, sin que desde agosto de 2023 ningún integrante del SEA haya impulsado la integración de los tres faltantes, entre los que se encuentra uno esencial: el Sistema Estatal de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción.
¿Cómo se combate la corrupción desde el SEA sin que haya abierto la posibilidad de que la población pueda denunciar faltas administrativas y hechos de corrupción de los que haya sido testigo o, peor, víctima?
Aún así, la preocupación manifiesta por parte de los hoy integrantes del CPC no está en buscar la forma en la que se puede avanzar en los mecanismos que ayuden a combatir la corrupción, sino en promover la manera de permanecer más tiempo en el cargo.
La primera iniciativa de reformas a la Ley del SEA originada en el CPC no fue para reforzar los mecanismos de combate a la corrupción, que es su razón de ser, sino para proponer la reelección de sus integrantes y reducir de diez a cinco años la antigüedad mínima del título de licenciatura para formar parte de este órgano y para ocupar la Secretaría Ejecutiva.
Para el caso de los integrantes del CPC, en la iniciativa incluyeron un artículo transitorio, el tercero, para ser beneficiarios directos de la modificación que proponen: “quienes se encuentren ejerciendo el cargo de integrantes del Comité de Participación Ciudadana a la entrada en vigor del presente Decreto podrán participar en el proceso de reelección por una sola ocasión”.
Todo indica que Fabián Espinosa Díaz de León, actual presidente del CPC, cuyo nombramiento concluye el 26 de noviembre, buscará reelegirse, si no antes de que termine su nombramiento dentro de 50 días porque la iniciativa no alcance a ser dictaminada de manera favorable, sí al no quedar impedido para postularse.
En el caso de la reducción de la antigüedad de la licenciatura a cinco años para ocupar el cargo de secretario ejecutivo del SEA, la modificación se ajusta para favorecer a David García Sifuentes, encargado del despacho, quien este año ajusta cinco de haberse titulado y ocupa el puesto desde el 19 de marzo de 2025 sin cumplir el requisito actual de 10 años.
Sea intencional o no, la iniciativa tiene la apariencia de plantearse a modo para beneficio de quienes hoy forman parte del CPC y el SESEA, antes que “optimizar su operatividad y corregir rigideces institucionales que obstaculizan la consolidación de sus metas”, como plantean en su exposición de motivos (página 7).
Una iniciativa que poco abona a que el SEA se integre estructuralmente en su totalidad a pesar de que enfrentan la desconfianza ciudadana que se refleja en la no participación en la integración de los CPC municipales que, por tercera ocasión, modifican su convocatoria para conformarlos por falta de aspirantes, ahora con un proceso de inscripción abierto de manera indefinida.
Una iniciativa que tampoco favorece los sistemas públicos de información como instrumento ciudadano de seguimiento a las acciones del SEA y para que cuente con una vía de presentación de denuncias.
Así las prioridades de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
