Fernanda Durán
El Congreso del Estado aprobó este martes una reforma a la Ley de Tránsito del estado que permitirá a las personas infractoras solicitar que una multa sea sustituida por trabajo en favor de la comunidad, con actividades que podrán ir desde la limpieza, pintura o mantenimiento de espacios públicos hasta la impartición de pláticas de cultura cívica.
La modificación fue avalada por el Pleno con 22 votos a favor, y modifica el artículo 84 de la Ley de Tránsito. A diferencia de la propuesta presentada originalmente, el dictamen aprobado no incorpora el trabajo comunitario como una sanción adicional que la autoridad pueda imponer directamente, sino como una alternativa a la multa que deberá ser solicitada por la propia persona infractora.
El texto aprobado establece expresamente que “la persona infractora podrá solicitar a la autoridad competente la sustitución de la multa, por trabajo en favor de la comunidad”, por lo que la medida no elimina las multas ni implica que automáticamente una infracción de tránsito pueda pagarse mediante estas actividades.
La reforma considera como trabajo en favor de la comunidad las labores de limpieza, mantenimiento, pintura y restauración de bienes del dominio público, pero las actividades no necesariamente tendrán que ser físicas.
La autoridad también podrá tomar en cuenta los conocimientos y experiencia de la persona infractora para asignarle otras tareas, entre ellas la impartición de pláticas a la ciudadanía sobre cultura cívica. Asimismo, podrán establecerse actividades similares siempre que sean determinadas por la autoridad y aceptadas por quien cometió la infracción.
El decreto establece que estos trabajos deberán respetar los principios de proporcionalidad, dignidad humana y no discriminación. Además, fija un máximo de 36 horas para cumplir con esta alternativa.
Si la persona acepta sustituir la multa y posteriormente no cumple total o parcialmente con el trabajo autorizado, la sanción económica quedará firme, por lo que tendrá que cubrirla.
La iniciativa fue presentada por la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza originalmente proponía incorporar el “trabajo comunitario” como una tercera sanción dentro de la Ley de Tránsito, junto con la multa y la suspensión o cancelación de licencias o permisos para conducir.
La propuesta inicial señalaba que esta sanción podría aplicarse de manera “sustitutiva o complementaria” y que para determinarla se tomarían en consideración la naturaleza de la infracción y la condición socioeconómica de la persona responsable.
Sin embargo, durante su análisis, la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social modificó ese planteamiento. En lugar de crear una tercera sanción que pudiera imponerse directamente, determinó establecer la posibilidad de que sea el propio infractor quien solicite cambiar la multa por trabajo en favor de la comunidad. También sustituyó la denominación de “trabajo comunitario” por “trabajo en favor de la comunidad”.
En la exposición de motivos del dictamen se señala que actualmente la legislación estatal contempla como sanciones la multa y la suspensión temporal o cancelación de los derechos derivados de licencias o permisos, pero no permite sustituir una sanción económica mediante labores comunitarias.
Como parte de la justificación, la comisión recordó que el artículo 21 de la Constitución federal contempla el trabajo en favor de la comunidad entre las sanciones que pueden aplicar las autoridades administrativas por infracciones a reglamentos gubernativos y de policía.
El dictamen también revisó modelos existentes en otras entidades. Entre ellos menciona a Ciudad de México, donde determinadas infracciones captadas mediante sistemas tecnológicos pueden derivar en cursos, talleres o trabajo comunitario, y a Querétaro, donde existen trabajos en materia de seguridad y educación vial para anular puntos de penalización.
En Jalisco, señala el documento, la legislación permite sustituir total o parcialmente una multa por jornadas de trabajo en favor de la comunidad cuando el infractor acredita que no puede cubrirla o únicamente puede pagar una parte.
Una vez publicado el decreto en el Periódico Oficial del Estado, la reforma entrará en vigor ese mismo día. A partir de entonces, los 58 ayuntamientos tendrán 60 días hábiles para realizar las adecuaciones correspondientes a sus reglamentos de tránsito y demás disposiciones relacionadas.
