Estela Ambriz Delgado
La empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas (Meta) amenaza con demandar al Comisariado Ejidal de San José de los Guajes y sus anexos, del municipio de Matehuala, por denunciar las afectaciones que han causado a la flora para la construcción del Entronque 75-D, lo que derivó en una clausura de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El presidente del Comisariado Ejidal de San José de los Guajes y anexos, municipio de Matehuala, José Guadalupe Quiroz Tovar, al acompañar al personal de Profepa en la inspección y clausura de los trabajos el pasado 7 de octubre, informó que pudo percatarse de que se hicieron muchos más destrozos, pues abrieron brecha e hicieron desmonte en aproximadamente 7 kilómetros de un total de 12 que supuestamente abarca el tramo.
Además, indicó que mientras colocaban los sellos un ingeniero encargado le dijo que podían demandar a los ejidatarios por la denuncia que presentaron, la cual derivó en la determinación de la autoridad de clausurar, y que en pocos días los quitarían, ya que argumentan que el terreno es de su propiedad y que tienen las autorizaciones en regla.
En este sentido, indicó que las empresas afirman tener permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal; sin embargo, a Quiroz Tovar nunca se los han mostrado. Además, por parte de la representación estatal de la Procuraduría Agraria le dijeron que no son válidos.
Asimismo, hizo mención de que Profepa respondió a los encargados de la obra que ellos atendían la denuncia que presentó el comisariado en las oficinas de la delegación estatal, y se les envió a clausurar hasta que presentaran la documentación, debido a la remoción de especies de flora y el cambio de uso de suelo.
En respuesta, dijeron que presentarán los documentos y que posiblemente la semana que entra ya van a trabajar, y les reiteraron la amenaza de la demanda. Sin embargo, el presidente del comisariado afirma que las empresas de Grupo Valoran (Meta e Infraestructura Potosina de Carreteras) entraron ilegalmente al ejido desde mayo de 2025.
Aunque estas argumentan haber llegado a un acuerdo con los ejidatarios para la ocupación de las tierras, la negociación se dio con los anteriores integrantes del comisariado y se concretó en una asamblea manipulada para aceptar 50 pesos por metro cuadrado, por lo que la actual representación encabezada por Quiroz Tovar interpuso el amparo 598/2026 ante el Juzgado Primero de Distrito y obtuvo una suspensión provisional desde el 7 de abril.
Por ello, el presidente del comisariado apunta a que también se ha violentado dicha suspensión, ya que desde el 1 de julio ingresaron con máquinas a hacer remoción vegetal; además, a pesar de que la suspensión provisional impide su ingreso al ejido, personal de las empresas inclusive ya rentan viviendas en la comunidad de Santa Cruz.
“Traen mucha maquinaria, pues en un día hacen más de un kilómetro de desmonte, casi la mayor parte, les faltarán unos 5 kilómetros para hacer la brecha total, lo que es la anchura que llevan… marca que son 12 km que según les vendimos, pero es más, necesitamos medir con un dron para que saquen las medidas exactas”.
El ejidatario agregó que nunca se les presentó el proyecto carretero para tomar una decisión informada, ni cuando tomaron posesión de sus cargos se les entregó ningún expediente al respecto. Desconoce si a los anteriores representantes se les entregó documentación, pues a él sólo le dieron una copia simple del contrato pese a que exigieron el original, e incluso refirió que los cheques que les dieron tampoco van firmados.
En la denuncia que presentaron el 13 de agosto en Profepa, que dio origen a la reciente clausura, se destacó la afectación al medio ambiente y al equilibrio ecológico, al arrasar con palmeras, mezquites, biznagas y otras especies, e impactar con ello a fauna como venados, coyotes, gatos montés, conejos, liebres, vacas, lagartijas, zorros, ardillas, ratas, gavilanes, águilas, zopilotes, tejones, tlacuaches, puma, tigrillo y otros.
