Violencia familiar y falta de educación sexual, entre los riesgos que enfrentan las niñas en SLP

María Ruiz

La violencia física y psicológica dentro de las familias, las agresiones sexuales y la falta de información sobre sexualidad son algunas de las problemáticas que enfrentan las niñas en San Luis Potosí, señaló Mariana Juárez Moreno, especialista en estudios de género, en el marco del Día Internacional de la Niña, que se conmemora cada 11 de octubre.

Desde su experiencia en proyectos de atención a las infancias, la especialista advirtió:

“Muchas niñas y niños no saben decir no o identificar el riesgo, porque culturalmente les hemos enseñado que tienen que ver a todos los adultos como figuras de autoridad y obedecerlos”.

Juárez Moreno señaló que la educación sexual es una herramienta de prevención, pues permite que las infancias conozcan las partes de su cuerpo, establezcan límites e identifiquen posibles situaciones de violencia sexual. Por ello, consideró necesario dejar de tratar estos temas como información innecesaria para su edad y reconocer su importancia para la protección de sus derechos.

En el ámbito familiar, indicó que las principales violencias detectadas en los proyectos en los que ha participado son las agresiones físicas y psicológicas ejercidas por personas encargadas de su cuidado, además de la violencia sexual, una problemática que requiere atención tanto de las familias como de las instituciones y la sociedad.

La especialista, quien participa en el proyecto Espacios Seguros y Libres de Violencia, desarrollado desde Apoyare y Shakti, sostuvo que reconocer a las niñas como sujetas de derechos implica escuchar sus opiniones, tomar en cuenta sus experiencias y permitirles participar en las decisiones que afectan su vida.

“Es importante darles voz para conocer desde su propia perspectiva cómo se sienten, cómo viven y por las situaciones que están pasando”, expresó.

A partir del trabajo realizado en escuelas, agregó:

“Nos han mencionado que para que sean felices les gustaría que su familia les escuche y que juegue con ellas”.

Juárez Moreno consideró que atender las violencias contra las infancias requiere también que las personas adultas aprendan a reconocer y validar sus emociones. Esto significa prestarles atención, tomar en serio lo que expresan y creerles cuando comunican una situación que les preocupa o les causa daño.

Además, hizo un llamado a la sociedad a no considerar que la protección de niñas y niños es una responsabilidad exclusiva de sus familias, sino una tarea compartida.

“Es muy importante reconocer que los temas de niñas y niños no son solo responsabilidad de su familia, sino son responsabilidad de toda la sociedad, si nos toca ver, escuchar o conocer alguna situación hay que denunciarlo, probablemente hagamos la diferencia y salvemos una vida”, sostuvo.

En cuanto a las acciones institucionales, la especialista señaló que en las escuelas donde han trabajado han identificado falta de sensibilización entre madres y padres de familia, así como respuestas lentas o falta de seguimiento por parte de algunas instituciones públicas ante reportes de violencia.

Explicó que estas omisiones pueden tener consecuencias en la vida escolar de las niñas, pues algunas familias, al detectar que sus reportes no reciben atención, optan por dejar de llevarlas a la escuela o cambiarlas de plantel.

Ante esta situación, consideró necesario fortalecer los mecanismos de detección temprana, canalizar oportunamente los casos y desarrollar acciones de prevención en toda la comunidad educativa, con la participación de docentes, directivos, supervisores, madres, padres, niñas, niños y adolescentes.

“El problema de las violencias es intergeneracional y cultural, es necesario trabajar mucho para poder generar conciencia y erradicarlo; y no hacer acciones hasta que se presenten los casos y sea demasiado tarde”, advirtió.

Finalmente, Juárez Moreno señaló que otro de los retos es garantizar que la participación de las niñas no se limite a actividades ocasionales, como foros organizados una vez al año, sino que existan mecanismos permanentes para escuchar sus perspectivas e incorporarlas en las decisiones que les afectan.

“El que se les reconozca como personas sujetas de derechos, personas que tienen voz propia y es necesario que se abran espacios donde puedan ser escuchadas”, concluyó.