Fernanda Durán
El diputado presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez Macías, dijo desconocer la reserva de información por cinco años que impuso el Gobierno del Estado sobre la adquisición de cuatro perros robot, por lo que evitó pronunciarse sobre si los costos y contratos de estos equipos representan un riesgo para la seguridad pública.
Cuestionado sobre la decisión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de mantener ocultos hasta 2031 los montos, proveedores y procedimientos de contratación, el legislador señaló:
“La verdad es que tendría que estudiarlo para poderte dar un planteamiento. Lo voy a checar con mi compañero de la Comisión de transparencia, que es el licenciado Luis Felipe”.
La reserva fue aprobada el pasado 9 de octubre por el Comité de Transparencia de la SSPC, bajo el argumento de que divulgar información relacionada con los equipos podría comprometer las labores de prevención del delito y facilitar que grupos criminales identifiquen vulnerabilidades tecnológicas.
Sin embargo, la clasificación también abarca información financiera y administrativa, como contratos, facturas, montos pagados y empresas proveedoras, sin limitarse a las características técnicas u operativas de los robots.
Ante la posibilidad de que estos gastos sean revisados mediante auditorías, el diputado sostuvo que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) es la instancia competente para detectar irregularidades en las adquisiciones gubernamentales.
“Sí, claro, la verdad es que lo que persigue el IFSE es las discrepancias. Si hubiera alguna discrepancia entre la compra, la licitación o en sus procedimientos, el IFSE es la autoridad competente. Y pues a través de ellos lo podremos saber”.
Incluso, planteó consultar directamente al auditor superior sobre las posibilidades de revisar esta adquisición: “Ahora que venga el auditor, lo dejo de tarea y le consultamos si te parece”.
Finalmente, al preguntarle si existe alguna posibilidad de conocer los costos y contratos antes de que concluya el plazo de reserva de cinco años, reiteró que no podía ofrecer una respuesta sin conocer el contenido del acuerdo.
De esta manera, el legislador no fijó una postura sobre la justificación de la reserva ni anunció alguna solicitud formal de auditoría específica sobre la compra de los cuatro equipos.
