Estela Ambriz Delgado
Al concluir su conferencia magistral y dar respuesta a las preguntas que se formularon, el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Víctor Suárez Carrera, atendió a diversos grupos de ejidatarios y comuneros en una reunión de trabajo junto al representante estatal y personal de la dependencia; el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jesús Guille Martínez Martínez, y el diputado local Carlos Arreola Mayol.
Ante la gran necesidad de atención a las problemáticas que aquejan a ejidos y comunidades potosinas, el funcionario escuchó e hizo acuerdos con representantes de los ejidos Cerro Gordo, del municipio de Zaragoza; San José de los Guajes y sus anexos, en Matehuala; Guadalupito, en Villa de Guadalupe, y Peyote, en Guadalcázar, así como de la comunidad Guadalupe Victoria y La Cruz, en Mexquitic de Carmona, y de habitantes de colonias en este último municipio y la capital del estado.
En el caso de la colonia Angostura y otras, se ven amenazadas por la escritura de más de mil 900 hectáreas de María Félix. Los afectados externaron que han sido víctimas de despojos violentos en sus terrenos, una situación que han constatado que se repite en comunidades de Mexquitic de Carmona y que amenaza a otras colonias populares del área, pues en dicha escritura se ostenta que afecta a 931 hectáreas con asentamientos en ambos municipios.
“Aquí creemos que hay mano del municipio y del gobierno del estado… porque el municipio de San Luis nos bloqueó nuestras claves catastrales, pero a ellos sí los deja avanzar. Entonces, ¿cómo puede ser posible que nosotros estemos pagando impuestos predial? Estuvimos pagando el impuesto por allá y de la noche a la mañana ya está bloqueada la clave catastral, ya no podemos pagar impuestos, pero ellos sí lo reconocen”.
Al respecto, el procurador consideró que es necesario encauzar una solución inmediata al despojo y a la violencia armada que se está ejerciendo contra algunos parcelarios, e instruyó al representante estatal de la PA a designar abogados para el o los casos, así como a buscar una reunión con la Fiscalía General del Estado (FGE).
Respecto a las acciones que ya se han emprendido, Enrique Rivera Sierra refirió que ya se tuvo una reunión en la Ciudad de México con el director en jefe del Registro Agrario Nacional (RAN), donde se hizo la solicitud para que se informe el estatus del polígono.
Además, derivado de las gestiones ante el Instituto Registral y Catastral y el Archivo Histórico, ya se pusieron a su disposición dos legajos para el análisis y la búsqueda de información, lo cual se realizará en los próximos días. Con los datos que se obtengan, se busca una ruta de solución como la defensa jurídica bajo la figura de comunidad equiparada, dados los antecedentes congregacionales de Angostura y Maravillas, entre otras localidades.
Para dar seguimiento, se citó a los afectados a una reunión de trabajo en las oficinas de la representación estatal el próximo lunes 19 de octubre a las 9:00 horas. Además, Suárez Carrera se comprometió a revisar los avances de las gestiones en el plazo de un mes.
En el caso del municipio de Guadalcázar, se planteó una solicitud en relación con el trabajo de declaratorias de territorios libres de minería y megaproyectos extractivos, impulsado por el Comité en Defensa del Territorio de Guadalcázar en conjunto con la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (Rema).
Se explicó que, a pesar de que varios ejidos concesionados buscan blindarse tras recibir información sobre los daños que causa la minería a la salud, al medio ambiente y al agua, el registro ante el RAN no se ha logrado por la falta de credenciales de los comisariados. Por ello, pidieron que se visite a los núcleos agrarios para brindar pláticas sobre derecho agrario.
El procurador pidió al representante de la Sedatu que atienda la solicitud a fin de entregar las credenciales a los ejidos del área de influencia de Guadalcázar. Además, sugirió al diputado Arreola que el Congreso del Estado organice un encuentro sobre minería y propiedad social de la tierra en dicho municipio.
La venta de Cerro Gordo facilitada por exfuncionarios
Respecto al ejido Cerro Gordo, los afectados describieron la problemática a partir de las detonaciones en el cerro iniciadas el 22 de junio por la empresa Hoganza S.A. de C.V., para explotarlo como banco de materiales destinados a la construcción de la séptima etapa del Libramiento Oriente. Detallaron que la empresa opera únicamente con un permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y dos hojas del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).
Explicaron que, en un principio, se tenía la idea de que solo pretendían detonar 2.5 hectáreas, porque en una asamblea de cambio de destino para hacer solares quedaba ahí una parcela. Sin embargo, la realidad fue que en diciembre de 2023, con Álvaro Pineda Maldonado como representante estatal de la PA, se apoyó, avaló e impulsó una asamblea de cambio de destino para parcelar mil 900 hectáreas.
Al respecto, Carlos Covarrubias, de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, puntualizó que a la gente se le dijo que eran mil 200 hectáreas, pero en el documento oficial aparecen mil 900 para asignarlas a 106 personas cuando en el ejido hay 98, por lo que incluyeron a 8 personas más.
Asimismo, subrayó la gravedad de que, pese a la Opinión Técnica sobre el cambio de destino de tierras de uso común a parceladas, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en octubre de 2023, la cual determinó que el área corresponde a terrenos forestales con vegetación de matorral crasicaule, y a la solicitud de la PA federal de que esto se informara al núcleo agrario en asamblea, dicha reunión nunca se realizó.
El activista destacó que la empresa y los funcionarios esperaron a que concluyera el convenio de colaboración entre las dependencias, el 30 de septiembre de 2024, para empezar a impulsar la inscripción en el registro. Dos días después de iniciadas las detonaciones, aceleraron la inscripción del acta ante el RAN mediante influencias en sus oficinas centrales.
Respecto a los títulos que fueron entregados el 2 de octubre y devueltos al mismo RAN para darlos de baja y dar paso a la operación empresarial a través de poderes, indicó que existe presión social sobre los ejidatarios para que acudan a firmar la compraventa ante notario. Además, ratificó que, de acuerdo con el MIA del proyecto, la superficie que pretenden detonar no es de 2.5 hectáreas, sino de 34, lo que abarca todo el cerro.
Los funcionarios determinaron que es necesario solicitar al RAN a nivel federal un informe detallado que contenga las fechas de registro, las personas a quienes se entregaron los títulos y la explicación de cómo se generó el dominio pleno sobre el área.
El representante de la Sedatu afirmó que ninguno de los títulos ha sido cancelado ni se ha solicitado su dominio pleno, por lo que debe revisarse con antelación el acta de asamblea que tiene que presentarse ante la PA. Agregó que le preocupa la situación, ya que el proceso debe llevarse paso a paso y se está omitiendo a la procuraduría.
Adicionalmente, se le comentó al procurador sobre las clausuras realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Para continuar con el análisis del tema, se acordó una reunión por la tarde con el delegado del RAN, Ramiro Ramírez Montoya.
Guadalupe Victoria y la defensa de la Sierra de San Miguelito
En relación con el ejido y comunidad de Guadalupe Victoria y La Cruz, los integrantes del comisariado pidieron que se dé continuidad a los trámites de registro del plano de la localidad otorgado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el cual delimita sus 2 mil 28 hectáreas, de las que mil 500 se encuentran dentro del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Sierra de San Miguelito y las demás en la zona de influencia.
Por parte de Guardianes de la Sierra se puntualizó que es fundamental que dicho plano elaborado por la Conanp y la Semarnat, y avalado por la Procuraduría Agraria, conste en los archivos del Registro Agrario Nacional, de acuerdo con el artículo segundo del decreto del APFF, el cual establece que la cartografía y la información técnica del área natural deben estar debidamente inscritas.
“Es un asunto que lo hemos debatido durante años con Semarnat a nivel nacional de manera muy puntual, lo discutimos con su área jurídica ya para salir María Luisa Albores, y reconocieron que era fundamental apoyarse del APFF como un escudo, que también sirviese para la parte que puede estar fuera de la ANP, pero dentro del polígono comunal”.
Suárez Carrera indicó que este tema se tratará en una próxima reunión con el titular del RAN a nivel nacional, pues existía el compromiso previo de realizar la inscripción de manera inmediata. Adicionalmente, Rivera Sierra señaló que se continuará con las gestiones en la delegación estatal del registro, dado que la parte del ejido Guadalupe Victoria que queda dentro del APFF está siendo invadida por intereses inmobiliarios que pretenden adjudicársela.
Por parte de la Sedatu se informó que, en el Plan Metropolitano de Desarrollo promovido junto con el gobierno estatal, el polígono quedó intacto a fin de evitar cualquier tipo de desarrollo urbano en el distrito.
La imposición del Entronque 75-D Matehuala
Los ejidatarios de San José de los Guajes y Guadalupito hicieron una amplia y detallada narración de la ocupación ilegal por parte de las empresas Mexicana de Técnicos en Autopistas (Meta) e Infraestructura Potosina de Carreteras: la entrada facilitada por el comisariado sin consultar a la asamblea, la irrupción para realizar mediciones y brechas, la presentación de actas apócrifas, la ausencia de proyecto y el pago de 50 pesos por metro cuadrado.
La abogada de diversos ejidos afectados por la construcción de la carretera de cuota, Ana Carlota Enríquez Olvera, confirmó que esta situación se repite en al menos 10 localidades más, por lo que buscan combatir por la vía de la nulidad las asambleas manipuladas debido a la falta de formalidades y requisitos legales.
“Todas las asambleas constan de 17 puntos del orden del día, donde tocan temas sobre la explicación de la corrupción por parte de la Procuraduría Agraria, el procedimiento de desincorporación de las tierras ejidales, los cambios de destino de tierras sociales para ya pasar a tierras de infraestructura. Y además, lo principal y lo más grave de esto es de que autorizan al comisariado ejidal, aparentemente, para la celebración de futuros convenios de ocupación previas por superficies adicionales indeterminadas, sin tomar en cuenta a la asamblea, y en adelante poder ocupar cualquier tipo de superficie”.
Los integrantes del comisariado de San José de los Guajes agregaron que, a pesar de haber denunciado el ecocidio perpetrado en sus tierras, la Semarnat nunca respondió, mientras que la Profepa acudió a realizar una inspección y clausura hace apenas unos días; sin embargo, la medida duró solo dos o tres días antes de que volvieran a abrir.
Los ejidatarios expusieron que se ven imposibilitados para tomar acciones a pesar de contar con la suspensión provisional en el amparo 598/2026, pues la empresa se presenta con personal de seguridad privada armada e incluso con la Guardia Civil Estatal.
Asimismo, denunciaron la corrupción en el RAN (señalando que su extitular ahora asesora a Meta) y el contubernio con exfuncionarios de la representación estatal de la PA. Revelaron también la malversación de los recursos pagados al anterior comisariado ejidal, pues se reportó la entrega de 40 millones de pesos, mientras que en el libro de actas consta un monto de 50 millones.
Aunado a ello, denunciaron el acoso contra los integrantes del actual comisariado presidido por José Guadalupe Quiroz, a quien incluso se ha pretendido privar de la libertad.
Rivera Sierra expuso al procurador la magnitud de los daños causados por el proyecto carretero promovido por el gobierno del estado, los cuales pudo constatar personalmente en una inspección realizada en el ejido.
De igual forma, ejidatarios de Peyote, en el municipio de Guadalcázar, compartieron parte de su experiencia con relación al mismo proyecto, el cual actualmente se encuentra clausurado por la Profepa, sin que esto haya impedido que las empresas continúen con la devastación de flora endémica.
El procurador propuso buscar una reunión con la Secretaría de Gobernación para abordar el tema como un asunto de gobernabilidad, a fin de que las diversas instancias del Gobierno Federal tengan claridad sobre lo que ocurre con la carretera. Posteriormente, se buscará un encuentro con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona o con el secretario general de Gobierno, mediado por el subsecretario César Yáñez.
Agregó que es necesario conocer, a través de la Semarnat, la DGIRA y la Profepa, la legalidad de cada uno de los acuerdos tomados en asamblea sobre ocupación temporal o previa, así como de todos los convenios, para que quede clara la superficie que se afectará u ocupará.
Se comprometió además a concertar una reunión con la titular federal de la Profepa, Mariana Boy, para atender a los representantes de los diversos ejidos afectados por este proyecto. Previamente se realizará un encuentro local con la Sedatu, la Semarnat y la PA para analizar el tema.
“Es importante tener un frente común de actuación, tener una posición unificada, en una lógica de diálogo y de acuerdo, y de no caer en provocaciones ni violencia… en lugar de apostarle a pagar barato con un problema social y después con una interrupción de la obra, pues de una vez mejor hacer las cosas bien desde el principio. De eso se trata, ustedes quieren un buen acuerdo sobre la base del respeto, no que les pongan el pie en cuello”, expresó el funcionario.
