Estela Ambriz Delgado
La estrategia de las empresas Mexicana de Técnicos en Autopistas (Meta) e Infraestructura Potosina de Carreteras (IPC), y la red de corrupción de la que se han valido para llevar a cabo la carretera de cuota Entronque 75-D Matehuala, que involucra a exfuncionarios de instancias agrarias y al Gobierno del Estado, quedaron al descubierto durante la reciente visita del procurador agrario Víctor Suárez Carrera a San Luis Potosí.
La construcción de la nueva carretera de cuota a Matehuala ha destacado por acciones que ya son una constante en los ejidos por donde pasa, como la manipulación de comisariados para entrar al núcleo, irrupción ilegal para hacer mediciones y brechas, actas apócrifas, ausencia de proyecto, pagos mínimos de entre 40 y 50 pesos por metro cuadrado, discriminación, un trato indigno para las y los dueños del territorio, hostigamiento y amenazas para los opositores, además del apoyo del gobierno estatal.
De acuerdo con lo que han manifestado habitantes de núcleos agrarios como Peotillos, Peyote, La Tapona, San Francisco, así como San José de los Guajes y Guadalupito, por donde pretende pasar el trazo carretero de cuota, con la misma estrategia las empresas de Grupo Valoran han ocupado irregularmente sus tierras, con ayuda de una red de corrupción.
Durante la reunión con el procurador agrario en su visita al estado, integrantes de los comisariados de San José de los Guajes y Guadalupito, así como asesores legales de otros núcleos agrarios afectados, expusieron diversos detalles de la estrategia aplicada y la convalidación de exfuncionarios de la representación estatal de la Procuraduría Agraria (PA).
Como se pudo constatar con la narración del ejidatario Raúl Guerrero Gallegos, la historia se repite en todas las localidades. Las empresas irrumpen, compran aliados que les permiten entrar a abrir brechas, medir y destruir para ello especies vegetales, e inician una estrategia de división, manipulación y ataque a los opositores.
La abogada Ana Carlota Enriques Olvera confirmó que esta situación se repite en al menos 10 localidades más, por lo que buscan combatir las asambleas manipuladas por nulidad, debido a la falta de formalidades y requisitos legales, pues es evidente que hicieron lo que quisieron con los ejidatarios.
Detalló que todas las asambleas constan de 17 puntos del orden del día, donde tocan el procedimiento de desincorporación de las tierras ejidales, los cambios de destino de tierras sociales para pasar a tierras de infraestructura, entre otros; además, autorizan al comisariado ejidal para la celebración de futuros convenios de ocupación previa por superficies adicionales indeterminadas, sin tomar en cuenta a la asamblea, y en adelante poder ocupar cualquier tipo de superficie.
Asimismo, indicó que todos los convenios de ocupación previa que ha realizado la empresa son prácticamente iguales, así como las actas de asamblea, en los que solo cambian los datos de cada ejido.
Guerrero Gallegos resaltó también la corrupción por parte de diversas autoridades, que ha permitido que se perpetre un ecocidio. A pesar de que el comisariado de San José de los Guajes trató de buscar información al respecto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en ese primer acercamiento dijeron desconocer el proyecto.
Además, la Semarnat nunca les respondió ante su denuncia por los daños al medio ambiente, y la Profepa apenas hace unos días acudió a hacer una inspección y clausurar; sin embargo, esto solo fue por dos o tres días y ya volvieron a abrir.
“Semarnat resulta que sí entregó ya un recurso donde ellos pueden entrar a devastar la zona, pero lo entregó en junio y nosotros desde hace un año estuvimos encargándole, encargándole y no nos hacían caso para nada. La Procuraduría Agraria antes del licenciado Enrique, y el RAN, era una bola de corrupción. En el RAN tenemos detectados unos 13 o 14 certificados dobles, ahí había contubernio de corrupción de la Procuraduría y del RAN, y a esas personas con un certificado les pagaron a dos”.
El ejidatario indicó también que nunca se les ha dejado clara la extensión total de kilómetros que se ocuparán, y lo han ido modificando conforme avanzan, pues en ciertas áreas toman más metros de los que habían planteado.
Asimismo, en cuanto al pago no ha habido un trato justo, y los acuerdos discrecionales con comisariados han llevado a una malversación del poco recurso que les dieron; en algunos casos como Guadalupito, ante la exigencia de un pago justo, se lo repartieron solo entre quienes estuvieron de acuerdo con el proyecto.
Denostación y hostigamiento contra opositores
Guerrero Gallegos dijo que les molesta la prepotencia e impunidad que hay para este proyecto, pues no hay un mínimo interés de acercarse a platicar con ellos para llegar a un acuerdo, ya que lo único por lo que luchan es por un trato justo y porque no se cometa más ecocidio.
En este sentido, denunció que existe una campaña negra para destituir a los integrantes del comisariado ejidal, encabezado por el presidente José Guadalupe Quiroz Tovar, porque se oponen al despojo. Además, él mismo ha sido objeto de hostigamiento, e inclusive se le ha pretendido privar de la libertad.
“Hay un grupo de ejidatarios que no les conviene que nosotros estemos. La licenciada que anda al frente de la de la empresa, se llama Aidé, esa persona ya trae a su grupo para ponerlos, para quitarnos y poner su planilla, incluso todavía anda una persona que representa a un ejidatario, que anda en todas las dependencias diciéndole que nosotros no somos nada, que valemos, que somos nada más una persona física”, confirmó Quiroz Tovar.
Al respecto, el representante estatal de la PA, Enrique Rivera Sierra, señaló que la abogada de las empresas lo ha dicho en corto y en público: que a ellos los apoya el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y punto, por lo que la carretera se va a hacer. Indicó que por eso esta persona inclusive amenaza de muerte a los opositores y la policía los hostiga, y de igual forma por ello es que realizan esta devastación, que consideró de niveles nunca antes vistos en un proyecto de este tipo en el estado.
La abogada Enriques Olvera puntualizó que el nombre de la apoderada legal de las empresas es Aidé Guadalupe Esparza Ortiz, quien ha intimidado a los ejidatarios que se atreven a levantar la voz para defender sus tierras, y tiene controlados a presidentes de comisariados ejidales.
“La licenciada llegaba marcándoles la pauta de que era un apoyo porque esas eran tierras que jamás iban a tener una inversión de ese nivel, que aprovecharan la oportunidad, como si no valieran sus tierras, y eso fue lo único que pudieron aprovechar… siempre les ha insistido a los ejidatarios que no necesitan asesoría, que eso lo pueden arreglar ellos, que porque no quiere que los abogados les quiten el dinero que ellos les llevan, porque es una ayuda que les están dando”.
Precisó que, no obstante, sí se ha necesitado la intervención de abogados particulares, porque lamentablemente en ese periodo donde se celebraban las actas de asamblea se tuvo una nula participación por parte de la PA para asesorar a los ejidos, pues siempre actuaron de la mano de la empresa concesionaria.
Además, en ningún momento cumplieron con su obligación de asesorar debidamente a los ejidatarios y explicarles de qué se trataba el procedimiento que se estaba realizando en sus tierras; por el contrario, la representante de la empresa sí tenía mucha intromisión con los abogados y los visitadores agrarios que fungieron durante el proceso de la liberación del derecho de vía.
De igual forma, denunció que actualmente tanto algunos ejidatarios que están levantando la voz como su equipo de abogados han sufrido persecución por parte de Esparza Ortiz en contubernio con la Fiscalía General del Estado, porque dentro del equipo legal de Meta se encuentra el exfiscal José Luis Ruiz Contreras.
“Entonces, la denuncia que se encuentra radicada en la Fiscalía de Matehuala actualmente, primero fue recibida aquí en San Luis Potosí por supuestos ataques a las vías de comunicación, cuando en ningún momento ha habido una obstrucción por parte de nosotros o de los ejidatarios, por amenazas a la empresa y por extorsión, cuando únicamente estamos vigilando el cumplimiento de los derechos de los ejidatarios”.
Un panorama complejo
Carlos Covarrubias, del colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito, advirtió que el punto es que en todos los ejidos se hicieron asambleas, se tomaron acuerdos y se firmaron convenios de ocupación, con excepción de Peyote.
La idea era que antes de firmar los convenios de ocupación se mandaran a la Ciudad de México para revisión, pero lo cierto es que eso no sucedió. Rivera Sierra confirmó que ni siquiera en los archivos de la PA hay copia y nadie sabe en dónde están.
El activista agregó que es necesario evaluar que el manifiesto de impacto ambiental que emitió la DGIRA de la Semarnat lo establece sobre 730 hectáreas, diciendo que se debe hacer otra gestión para las otras 400, y ese aspecto abarca esas zonas de acotamiento que rebasan la liberación que se hizo.
Puntualizó que la empresa está presentando el estudio técnico justificativo, que se genera después de la MIA para entrar a trabajar y remover la vegetación, y evidentemente si tumbaron la clausura de la Profepa en San José de los Guajes es porque presentaron este estudio, dejándola sin efecto. Finalmente, señaló el hecho de que la empresa está ocupando superficies adicionales sobre las que no hay MIA.
