Fernanda Durán
La intención de garantizar recursos públicos a los cuerpos de bomberos en el estado enfrenta un posible obstáculo jurídico: los ayuntamientos podrían acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si el Congreso del Estado aprueba una ley que los obligue a financiar a estas corporaciones, advirtió el diputado Rubén Guajardo Barrera.
El presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales explicó que la iniciativa presentada en abril por Luis Emilio Rosas Montiel será revisada durante el quinto periodo legislativo, pero antes deberá analizarse su compatibilidad con la autonomía financiera que el artículo 115 de la Constitución federal reconoce a los municipios.
La propuesta pretende que los 59 ayuntamientos destinen parte de sus presupuestos a los bomberos, aunque deja a cada administración la definición del monto. Para Guajardo, esa flexibilidad no elimina el riesgo de una impugnación.
“Al final estás obligando al ayuntamiento a una parte de su presupuesto, dotarla en los bomberos”.
El legislador señaló que las corporaciones de bomberos no forman parte de las administraciones municipales, pese a que atienden emergencias y colaboran con las autoridades locales. Esta condición, sostuvo, debe considerarse antes de establecer por ley una obligación de financiamiento.
Advirtió que aprobar la reforma sin resolver ese aspecto podría provocar que algún municipio presente una controversia constitucional y termine frenando su aplicación.
Por ello, propuso consultar a los ayuntamientos y dialogar con Rosas Montiel para encontrar una alternativa que permita incrementar las aportaciones públicas sin generar un conflicto jurídico.
“Hay que analizarla, ver profundamente de qué forma buscar el sí para que el objetivo se cumpla para el 2027, que los bomberos tengan más recurso público”.
La discusión ocurre mientras las corporaciones continúan enfrentando dificultades para cubrir sus gastos. Esta semana, el Patronato de Bomberos Metropolitanos informó que mantiene un déficit mensual de entre 800 mil y 900 mil pesos, pese a recibir aportaciones de los gobiernos estatal, de Soledad de Graciano Sánchez y de la capital.
Su presidente, Eduardo Moreno, explicó que los recursos gubernamentales resultan insuficientes para sostener la operación, por lo que deben recurrir a actividades de recaudación. Una carrera con causa realizada recientemente permitió reunir 150 mil pesos, destinados a atender necesidades de la corporación.
El problema también se extiende al interior del estado. Durante la presentación de la iniciativa, el comandante de Bomberos de Matehuala, Manuel Mauricio Flores Morales, expuso que únicamente existen ocho cuerpos de bomberos voluntarios para atender los 59 municipios potosinos.
Esto significa que algunas corporaciones deben responder a emergencias en hasta nueve municipios, con vehículos de hasta cuatro décadas de antigüedad, equipo de protección de segunda mano y personal que en ocasiones carece de prestaciones básicas.
La reforma de Rosas Montiel busca modificar la Ley Orgánica del Municipio Libre para reconocer el financiamiento a bomberos como una prioridad presupuestal. También contempla que las autoridades municipales visiten estaciones y comandancias para conocer sus necesidades antes de elaborar sus presupuestos anuales.
La propuesta, respaldada inicialmente por otros 12 legisladores, retoma una exigencia que los cuerpos de bomberos han presentado en distintas legislaturas sin conseguir que se establezca una obligación permanente de apoyo económico.
Guajardo descartó que las dudas jurídicas signifiquen abandonar la iniciativa. Aseguró que la intención es encontrar una vía para que los bomberos reciban mayores recursos públicos en 2027, sin que la reforma termine detenida por una impugnación municipal.
