Fernanda Durán
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, abrió su comparecencia ante el Congreso del Estado con un mensaje político de continuidad y unidad alrededor de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, al asegurar que los avances alcanzados son irreversibles, advertir que “retroceder” significaría perder seguridad, obras y apoyos sociales, y llamar a las y los diputados a “seguir haciendo equipo para seguir siendo fuertes”.
Durante su exposición inicial por la glosa del Quinto Informe de Gobierno, Torres sostuvo que la actual administración ha construido resultados que trascienden diferencias partidistas y pidió mantener coordinación entre poderes. Presentó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona como “el líder de un movimiento social que nos incluye a todas y a todos los que amamos a San Luis Potosí”, independientemente de “nuestra convicción ideológica o postura política”, y sostuvo que “aquí todo mundo puede ganar. Si caminamos unidos”.
Después del mensaje político, la comparecencia pasó a los cuestionamientos de las y los diputados sobre la Fenapo, atención a víctimas, Matlapa, Xolol, gobernabilidad y el proceso electoral de 2027. Torres reportó una derrama económica de 8 mil millones de pesos por la feria, más de 40 millones ejercidos en atención a víctimas y aseguró que 49 de los 59 municipios ya cumplen con el salario mínimo de 14 mil pesos para policías.
Sin embargo, varios temas quedaron sin precisar, entre ellos el monto de recursos públicos destinado a la Fenapo, el acompañamiento a la familia del médico fallecido en la carretera 57 y aspectos específicos sobre la atención de niñas, niños y adolescentes.
El ejercicio se desarrolló bajo el formato aprobado por la Junta de Coordinación Política: exposición inicial, preguntas de las y los legisladores y respuesta del funcionario, pero sin réplica ni contrarréplica, por lo que no hubo una segunda oportunidad para profundizar en los puntos que quedaron abiertos.
Entre las cifras generales expuestas por Torres, señaló que 339 mil personas superaron la condición de pobreza, que se han destinado 67 mil millones de pesos a programas sociales y que la economía estatal creció 12.3 por ciento. También sostuvo que San Luis Potosí se encuentra entre las tres entidades más seguras del país y que más de mil 100 elementos se han incorporado a las corporaciones estatales.
Fenapo: informó derrama, pero no cuánto costó
La diputada de Morena Gabriela López Torres preguntó de manera directa cuánto recurso público se destinó a la edición más reciente de la Fenapo y cuál había sido la derrama económica generada.
Torres Sánchez respondió únicamente la primera parte. Aseguró que la feria registró aproximadamente 10 millones de visitantes y una derrama de 8 mil millones de pesos.
“En el tema de la Fenapo este año se convirtió o se ha mantenido como una de las ferias más importantes en el país”.
También destacó la gratuidad del acceso, estacionamiento, juegos mecánicos y espectáculos, pero durante su respuesta no precisó cuánto dinero público fue destinado a financiar la feria, que era uno de los cuestionamientos expresos de la legisladora.
López Torres también planteó problemas en la atención a niñas, niños y adolescentes. Relató que semanas antes solicitó la intervención institucional por el caso de un menor localizado en condiciones complejas en un bar, pero afirmó que ni el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), ni la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ni el Ayuntamiento pudieron brindar una atención inmediata debido, según explicó, a una indefinición sobre quién debía intervenir.
Además, mencionó falta de personal especializado, particularmente psicólogos, y preguntó qué políticas se han diseñado para atender las violencias contra menores fuera del entorno escolar.
Torres respondió que se han mantenido acercamientos con padres de familia y procesos de acompañamiento para atender las violencias en las infancias, pero no respondió específicamente sobre la falta de personal que ésta señaló.
Matlapa: confirma acompañamiento tras muerte durante detención
Uno de los cuestionamientos más concretos fue realizado por el diputado panista Marcelino Rivera Hernández, quien preguntó por la intervención de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) después de la muerte de una persona originaria de Axtla de Terrazas tras una detención atribuida a policías municipales de Matlapa.
Torres Sánchez reconoció que el caso involucró señalamientos por un posible exceso en el uso de la fuerza.
“El primer evento que mencionas se trató del señalamiento que se hizo hacia policías municipales del municipio de Matlapa, donde en una detención parece que realizan un exceso de fuerza pública y la persona detenida, originaria de Axtla de Terrazas… termina muerta”.
Explicó que después del hecho familiares, vecinos y conocidos retuvieron a los policías involucrados y que personal de la Secretaría General de Gobierno acudió al lugar para evitar que fueran linchados y conseguir su entrega a la autoridad investigadora.
Afirmó que la CEEAV intervino desde ese momento para facilitar la entrega del cuerpo, proporcionar servicios jurídicos y psicológicos y representar legalmente a las víctimas.
“Al día de hoy, inclusive, seguimos asumiendo en vía de representación legal la asesoría técnica de las víctimas”.
Rivera Hernández también preguntó por otro caso reciente: la muerte de un médico en un accidente ocurrido en la carretera 57 y el cumplimiento de los acuerdos establecidos con su familia. No obstante, en la respuesta dada durante este bloque, Torres Sánchez se concentró en el caso de Matlapa y en explicar el funcionamiento general del fondo de atención a víctimas, sin detallar el acompañamiento relacionado con el médico.
El secretario señaló que los fondos de la CEEAV son revolventes y cubren gastos funerarios, hospitalarios, médicos y, posteriormente, reparaciones integrales. Indicó que hasta ahora se han erogado más de 40 millones de pesos.
Morena cuestiona burocracia para reconocer a víctimas
Gabriela López también retomó las críticas de colectivos sobre las dificultades administrativas para obtener el reconocimiento oficial como víctima.
Torres rechazó que la Comisión busque imponer trabas y sostuvo que, cuando existe una problemática acreditada, el reconocimiento puede otorgarse prácticamente de inmediato.
En cambio, durante su explicación agregó que existen personas que, desde la perspectiva del Gobierno, intentan obtener esa condición con otros propósitos.
“Luego sucede y nos ha pasado que algunas personas quieren colocarse en una condición de víctima con un propósito diverso. Han hecho de esa oficina o han visto en esa oficina un negocio lucrativo”.
El Xolol y la defensa de mujeres privadas de la libertad
Otra intervención llevó el encuentro hacia el Centro Penitenciario Femenil de Xolol y las condiciones de defensa jurídica de las mujeres recluidas. La diputada Frinné Azuara Yarzabal preguntó sobre qué mecanismos existen para evitar que las internas permanezcan en incertidumbre jurídica, así como el seguimiento a las 498 personas que, según las cifras expuestas durante el ejercicio, obtuvieron su libertad bajo diferentes supuestos procesales.
Torres Sánchez afirmó que ocho de cada diez mujeres recluidas en Xolol son representadas por la Defensoría Pública y que durante el periodo se realizaron más de 30 visitas extraordinarias al centro.
Indicó además que se proporciona acompañamiento en asuntos familiares y psicológico, y que existen defensores con conocimientos de lenguas náhuatl y tének para atender a mujeres indígenas.
Respecto del seguimiento a personas sujetas a medidas cautelares, explicó de manera general el funcionamiento de la Unidad de Medidas Cautelares.
Caso Rich: tres personas procesadas y más de cinco millones para víctimas
Durante la comparecencia también se abordó el caso Rich. Torres informó que la CEEAV ha destinado más de cinco millones de pesos para atender consecuencias del hecho y que tres personas permanecen vinculadas a proceso y en prisión preventiva. Explicó que el procedimiento penal se encuentra suspendido mientras se resuelven juicios de amparo contra las vinculaciones a proceso.
En el ámbito administrativo, aseguró que la Contraloría inició procedimientos contra funcionarios estatales y que algunos ya fueron sancionados, aunque durante su respuesta no detalló quiénes fueron, qué conductas se acreditaron ni cuáles fueron las sanciones.
Conflictos sociales
La diputada priista Frinné Azuara Yarzábal centró su intervención en la estrategia de gobernabilidad y atención de conflictos sociales, a partir de las más de mil atenciones reportadas por la Subsecretaría de Gobernación durante el último año, por lo que preguntó acerca de cuál ha sido la estrategia para prevenir y resolver conflictos sociales y cómo esas intervenciones se traducen en resultados.
Torres sostuvo que el eje de la dependencia ha sido privilegiar el diálogo y la presencia institucional:
“Yo diría que nuestra política consiste en un diálogo antes que confrontarnos, en el entendimiento, en el acuerdo, en una presencia antes de la indiferencia”.
Volvió a utilizar el caso de Matlapa como ejemplo y sostuvo que la coordinación entre Gobierno estatal, Fiscalía, Guardia Civil y municipios permitió contener el conflicto. Afirmó incluso que han logrado “desactivar prácticamente el 100 por ciento de los conflictos sociales”.
Piden garantías electorales rumbo a 2027
Marco Antonio Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano, llevó la discusión hacia las elecciones de 2027 y propuso que el Ejecutivo establezca compromisos públicos de neutralidad.
Entre ellos planteó fijar una fecha para suspender la promoción pública de obras y programas, mantener sin modificaciones las reglas electorales una vez iniciado el proceso y hacer gratuito el transporte público durante la jornada del 6 de junio.
Torres respondió que la suspensión de propaganda gubernamental no depende de una decisión discrecional del Ejecutivo, sino de los plazos establecidos en la legislación electoral.
“Más allá del templete y la fotografía, lo que no se debe hacer es generar una condición de inequidad en la contienda a partir de la prohibición de difundir todo tipo de propaganda gubernamental”.
Precisó que los programas sociales y los servicios públicos no se suspenden durante el proceso electoral; lo que debe detenerse, una vez iniciadas las campañas, es su difusión mediante propaganda gubernamental y los actos masivos de entrega.
Este punto también había sido abordado previamente por la diputada María Dolores Robles Chairez, quien preguntó qué medidas adoptará el Gobierno estatal para garantizar que funcionarios y dependencias respeten la legislación electoral, particularmente en el uso de recursos públicos y programas sociales.
Torres indicó que el Ejecutivo ya prepara un manual de actuación para servidores públicos y mantiene coordinación con el INE, el Ceepac y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
“La entrega de los programas sociales no puede suspenderse, tampoco los servicios. Lo que debe de suspenderse es la entrega y todo lo que tiene o conlleva el acto público de entrega”.
Sobre la posibilidad de dar gratuidad del transporte el día de la elección, dijo estar dispuesto a analizarla, pero señaló que primero deberán consultar a las autoridades electorales para determinar si podría interpretarse como una forma de coacción del voto.
Primera glosa, sin posibilidad de insistir
La comparecencia dejó además información sobre salarios policiales municipales: Torres informó que inicialmente 27 ayuntamientos incumplieron con la remuneración mínima mensual de 14 mil pesos para sus elementos; posteriormente 17 habrían regularizado la situación y diez continuarían pendientes.
También aseguró que existen condiciones políticas, legales y administrativas para que Villa de Pozos participe por primera vez en una elección municipal en 2027; reportó casi mil 600 certificados únicos policiales expedidos durante el año y más de 900 inspecciones relacionadas con establecimientos que venden alcohol.
Torres Sánchez concluyó la primera comparecencia con un balance favorable sobre la gobernabilidad y la administración estatal. Las preguntas permitieron introducir casos que no formaron parte de su exposición inicial, pero varios quedaron respondidos únicamente de manera general o sin la precisión solicitada por las y los legisladores.
